Denisse
- Complejidad logística, desfase territorial y una participación nacional promedio del 13% marcaron el inédito proceso; autoridades electorales llaman a aplicar «pedagogía ciudadana» y aprovechar la prórroga legislativa para evitar la improvisación
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 02 de Junio de 2026.- A un año de la primera elección judicial celebrada en México, autoridades electorales y jurisdiccionales coincidieron en que el país enfrenta un momento decisivo para consolidar este nuevo modelo democrático, fortalecer la confianza ciudadana y perfeccionar los mecanismos institucionales que permitan garantizar procesos más eficientes, transparentes e incluyentes.
Durante el foro “Reflexiones y retos de la elección judicial en México”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), especialistas y representantes de organismos electorales analizaron los desafíos que dejó la implementación del mecanismo de elección popular de personas juzgadoras y los retos que deberán atenderse rumbo a los próximos comicios judiciales.
Al inaugurar los trabajos, la magistrada presidenta del TEEM, Arlen Siu Jaime Merlos, destacó que el debate sobre la elección judicial trasciende el ámbito electoral, ya que involucra principios fundamentales para cualquier sistema democrático, como la legitimidad institucional, la independencia judicial, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la confianza pública.
“La democracia atraviesa uno de los momentos más significativos de la historia reciente de nuestro país. La implementación del modelo de elección judicial plantea retos jurídicos, democráticos e institucionales que deben analizarse con rigor, responsabilidad y visión de Estado”, afirmó.
La presidenta del órgano jurisdiccional señaló que la transformación de los mecanismos de selección de personas juzgadoras constituye uno de los cambios más trascendentes que ha experimentado el Estado mexicano en los últimos años, por lo que consideró indispensable abrir espacios de análisis plural e informado.
Jaime Merlos subrayó que la independencia judicial, la integridad de las candidaturas y la funcionalidad del sistema electoral son elementos esenciales para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“Estos no son conceptos abstractos; son pilares sobre los cuales se construye la legitimidad democrática y la confianza pública”, expresó.
La magistrada añadió que el papel de los tribunales electorales no se limita a resolver controversias, sino también a contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, informada y comprometida con los valores democráticos.
Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, realizó un balance de la elección judicial extraordinaria de 2025 y destacó que el proceso representó un desafío sin precedentes para las autoridades electorales debido a los tiempos reducidos para su organización y a la complejidad operativa que implicó su puesta en marcha.
“La experiencia debe servir para aprender, debe traducirse en mejoras institucionales, ajustes normativos y mejores condiciones operativas para futuras elecciones judiciales”, sostuvo.
Pulido Gómez identificó dos grandes retos derivados de la experiencia de 2025. El primero está relacionado con la denominada geografía judicial, es decir, las diferencias entre la división territorial electoral y los distritos judiciales, situación que generó importantes desafíos logísticos.
Como ejemplo, mencionó el Distrito Judicial Electoral 15, con sede en Tlalnepantla, que concentra más de 2.2 millones de personas votantes, cifra superior a la población electoral de varios estados del país.
El segundo desafío, explicó, fue la participación ciudadana y el voto informado, y señaló que la gran cantidad de cargos judiciales sometidos a elección popular complicó la difusión de información sobre las candidaturas y dificultó que la ciudadanía comprendiera plenamente el alcance de los puestos en disputa.
“La elección judicial exigió una importante labor pedagógica. Muchas personas no conocían las funciones de los cargos judiciales ni la trascendencia de su voto”, reconoció.
La consejera recordó que la participación ciudadana a nivel nacional rondó el 13 por ciento, aunque entidades como Coahuila registraron niveles cercanos al 24 por ciento, mientras que Durango y Veracruz alcanzaron alrededor del 19 por ciento.
Frente a este panorama, consideró que la reforma que aplaza la próxima elección judicial hasta 2028 abre una oportunidad para revisar procedimientos, fortalecer herramientas tecnológicas, mejorar la comunicación institucional y perfeccionar las reglas del proceso.
Asimismo, destacó la importancia de analizar las experiencias de las 19 entidades que participaron en la elección judicial para identificar buenas prácticas y corregir áreas de oportunidad.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que los próximos años serán fundamentales para consolidar un modelo electoral judicial más sólido, especialmente en el Estado de México, donde en 2028 se elegirá aproximadamente el 83 por ciento de los cargos que integran el Poder Judicial estatal.
El foro reunió a representantes del Instituto Nacional Electoral, autoridades electorales locales, magistraturas, especialistas y académicos, quienes intercambiaron perspectivas sobre uno de los procesos de transformación institucional más relevantes que enfrenta actualmente el sistema democrático mexicano.
