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- Uzu Digital recibió contratos millonarios de gobiernos del partido naranja, mientras extrabajadoras denuncian hostigamiento laboral.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- Mientras Movimiento Ciudadano (MC) se presenta como una fuerza progresista y defensora de los derechos, millones de pesos de recursos públicos han sido destinados por sus gobiernos en Nuevo León y Jalisco a una agencia señalada por el manejo opaco de recursos y por presuntas violaciones a derechos laborales y políticos de extrabajadoras.
Se trata de Nauka Comunicación Estratégica, conocida comercialmente como Uzu Digital, una firma de marketing político y publicidad que ha sido contratada tanto por el partido naranja como por administraciones encabezadas por MC en ambas entidades.
Entre los contratos destacan uno firmado por el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por hasta 20 millones de pesos para publicidad digital; otro de más de 43 millones de pesos suscrito directamente por Movimiento Ciudadano en 2024; y diversos convenios con administraciones de Jalisco y Zapopan. Además, reportes periodísticos señalan que la Fiscalía General de la República investiga presuntas triangulaciones de recursos entre Nauka, el Gobierno neoleonés y un despacho jurídico vinculado a Samuel García y su padre.
SinEmbargo buscó a MC para conocer su postura sobre las condiciones laborales en las que se producen sus campañas digitales; las cuales, según testimonios, van en contra de lo que el partido presuntamente promueve en materia de derechos de las personas trabajadoras. También se solicitó la versión de Nauka. Ni MC ni su proveedora de servicios de marketing respondieron.
La empresa aparece en el padrón de proveedores del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García. En septiembre de 2025 firmó un contrato para gestionar publicidad oficial digital en Facebook, Instagram, Google, YouTube, X y Spotify, con un monto mínimo de 8 millones de pesos y un tope de hasta 20 millones.
Contratos nuevos y añejos
Los vínculos de la compañía con gobiernos de MC se remontan a la administración de Enrique Alfaro en Jalisco. El 1 de noviembre de 2021, Nauka firmó un “convenio de colaboración” con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), entonces encabezada por Nadia Paola Mireles Torres.
Aunque el acuerdo no establece montos específicos, sí abrió la puerta al uso posterior de recursos públicos. La cláusula tercera señala que ambas partes “se comprometen a apoyar financieramente” proyectos derivados del convenio, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
Posteriormente, el 1 de marzo de 2024, Movimiento Ciudadano firmó un contrato con Nauka Comunicación por más de 43.2 millones de pesos para servicios de pauta publicitaria y comunicación digital.
Contratos de Uzu Digital con Movimiento Ciudadano
Extracto del contrato por más de 43 millones de pesos que Movimiento Ciudadano firmó con la agencia Nauka Comunicación Estratégica.
En Zapopan, gobernado por el emecista Juan José Frangie, la misma empresa obtuvo en enero de 2024 un contrato por 3.4 millones de pesos para la difusión de mensajes, programas y actividades gubernamentales en plataformas digitales.
El 15 de enero de 2026, en la primera sesión del Comité de Adquisiciones de Zapopan aprobó por unanimidad la adjudicación a favor de Uzu Digital para la difusión de publicidad digital en facebook por 228 mil 186 pesos.
Las contrataciones contrastan con las acusaciones que pesan sobre la compañía, señalada por exempleadas por presuntas vulneraciones a derechos laborales y políticos, en un contexto que pone bajo escrutinio el discurso progresista que MC ha intentado construir públicamente.
Nauka, Samuel y su bufete jurídico
De acuerdo con el diario El Norte, al menos el 81 por ciento de los ingresos de Nauka Comunicación Estratégica, provienen de los pagos que MC le entrega con dinero público. Señala además que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta triangulación de recursos públicos entre esa empresa, el Gobierno de Nuevo León y el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, vinculado a Samuel García y a su padre.
El medio de Grupo Reforma documentó que dicho bufete transfirió al menos 81.6 millones de pesos a esa agencia de comunicación, creada en Jalisco, entidad gobernada por MC.
A eso se suma que en febrero de 2022, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) sospechó que se pudiera tratar de una empresa fantasma, al detectar inconsistencias en un pago de 4 millones de pesos, esta vez realizado por la dirigencia de Morena en Jalisco.
Por ello, personal del organismo realizó una visita al domicilio fiscal que la agencia informaba. Pero al llegar, “se identificó un inmueble desocupado hace aproximadamente un mes, que parece ser un restaurante o cafetería”.
Uzu Digital respondió que “desde marzo de 2020 la empresa había pasado al trabajo remoto debido a la pandemia por COVID-19”. Y que por esa razón “la oficina se encontraba vacía”.
En ese mismo comunicado, la agencia informa que cuenta con “casi 100 empleados en tres sedes en el país: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey”.
Entre su cartera de clientes y para demostrar su “amplia experiencia en el área política”, sólo menciona directamente a un personaje: “Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano”.
Nauka Comunicación Estratégica
Comunicado de la agencia Uzu Digital en el que rechaza ser una empresa fantasma y presume entre sus clientes a Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano.
Las denuncias laborales
En los últimos meses, Jalisco ha seguido enfrentando una crisis por la violencia del narcotráfico, desapariciones, agresiones contra activistas y hasta denuncias por suministro de agua contaminada con heces en las viviendas de la población.
Este año el Gobernador Pablo Lemus, de MC, decretó la mayor alza a la tarifa del transporte público en la historia de la entidad, lo cual generó una oleada de respuestas. Una de ellas vino de una joven que, coincidentemente, trabajaba en Uzu Digital.
“Pienso en lo difícil que es para las personas como yo lograr que las cosas cambien. Yo tuve que poner el cuerpo para intentar que no nos condicionen un subsidio de transporte. Para el Gobierno es fácil hacer esas cosas y ya, pero yo perdí el empleo”, dijo en entrevista Elizabeth González, quien promovió un plebiscito contra el tarifazo del transporte impuesto por Lemus.
Elizabeth González presentó una solicitud de plebiscito ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco para someter a consulta esa decisión. Para lograrlo, tuvo que recabar las firmas del 0.05 por ciento de la lista nominal, meta que alcanzó haciendo videos y saliendo a la calle a pedir las firmas.
Cuando en Uzu Digital supieron esto, le informaron que dejaría de ser empleada y que continuaría como “freelancer” durante un año. La cambiaron del área de monitoreo de redes al área comercial y en modalidad teletrabajo.
Un segundo despido
Un mes después, las diputadas locales por Morena Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, quienes promovieron un referéndum en contra del tarifazo de Lemus, invitaron a Elizabeth González a participar en una conferencia de prensa para que ella hablara de la vía ciudadana que eligió para frenar esa decisión de Lemus, es decir, el plebiscito.
Tras ello, nuevamente fue convocada por Recursos Humanos a una reunión por videollamada donde la volvieron a despedir.
“El hecho de trabajar en una institución privada que tiene contratos exclusivos con entes públicos, nosotros como empresa, sí estamos obligados a cuidar que nuestros empleados no hagan o no lleven a cabo acciones de proselitismo, de activismo político, que perjudiquen a nuestros clientes”, le dijeron a Elizabeth al despedirla y en una abierta defensa de MC como “sus clientes”.
“Por el acuerdo de confidencialidad (que le hicieron firmar), no puedo hablar de quiénes son los clientes ni la empresa. Pero la gente lo puede dar por entendido”, apunta la joven.
Elizabeth intentó defenderse: “estoy activando un mecanismo de participación ciudadana y en mi contrato no viene que yo les ceda mi identidad política”.
Pero la respuesta fue: “El hecho de que tú seas parte de la institución y hagas estos actos de proselitismo en tu vida personal, en el ámbito político, lo pueden interpretar como que nosotros, la empresa, lo sabe, lo permite, lo apoya y lo está respaldando”.
El artículo 35 de la Constitución Mexicana señala que uno de los derechos de la ciudadanía es “asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”.
Mientras que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indica que se considera como discriminación “impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole”, así como “negar o condicionar el derecho de participación política”.
El 2024 fue año de campañas y elecciones federales y locales en varios estados. Uzu Digital participó en la estrategia digital de MC.
“Yo fui trabajadora para esa empresa, trabajé por un año y ocho meses y renuncié por salud mental. Trabajé para el área política la cual es encargada de llevar cuentas de políticos en Movimiento Ciudadano. Mi equipo era el nacional, es decir se llevaban las cuentas de Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano y Diputados Federales”, contó María Roque.
“Las cuentas de Máynez eran las más exigentes, teníamos que comunicar incluso en sábado y domingo y hacerles videos incluso a las 10 u 11 de la noche”. Eso hacía que el personal, como María, fuera presionado o que extendiera su horario laboral.
Las horas extra se las pagaban ocasionalmente, explicó. Pero “a lo mucho, daban 100 o 200 pesos, ocasionalmente. Y si la desvelada era hasta la madrugada, tipo 3 am, daban desayunos”, agregó.
Paradójicamente el partido naranja ha denunciado este tipo de abusos laborales: “En México, ya no hay manera de justificar que después de un siglo” no se haya reducido la jornada laboral, dijo el año pasado Jorge Álvarez Maynez, Coordinador Nacional de MC, en un foro por las 40 horas laborales.
Pero luego matizó: eso “no implica, por cierto, que no se tenga la posibilidad de que se trabajen 48 o 52 horas por parte de los trabajadores, pagándoles horas extra”.
En 2024 concluía el Gobierno de Juan José Frangie Saade, de Movimiento Ciudadano, al frente de la Alcaldía de Zapopan, Jalisco, pero al mismo tiempo arrancaba una nueva campaña electoral para buscar la reelección.
Mientras Frangie Saade ganó la reelección, Alitzel Mares, una joven que trabajó en Uzu Digital, era despedida luego de que el político expresara su molestia por “un error menor” que ella cometió, según el testimonio de la extrabajadora.
Las principales funciones de Mares eran monitorear notas publicadas en medios digitales que mencionaran a figuras de Movimiento Ciudadano, como Pablo Lemus, Mariana Rodríguez, Samuel García, Jorge Álvarez Máynez y Juan José Frangie.
El “terrible” error que cometió fue enviar una nota periodística sobre el Gobierno de Nuevo León al canal de Telegram de Frangie. Eso fue lo que le molestó al Alcalde y candidato, según le comentaron después a Alitzel.
A partir de entonces comenzó el hostigamiento laboral en su contra, según denunció la joven.
Alitzel Mares tenía el horario nocturno, que iniciaba a las 3 de la tarde pero no tenía hora de salida, narró. A veces terminaba a las 2 de la mañana si algún candidato de MC en cualquier entidad o el candidato presidencial, Jorge Álvarez Maynez, tenían actividades hasta tarde o pedían algo de último momento.
Le indicaron que no habría pago de horas extra, pues estaba compensando ya en su salario de 18 mil pesos mensuales.
Trabajaba desde casa, lo cual le convenía porque podía cuidar de su hijo pequeño. Pero después del incidente le ordenaron trabajar en las oficinas de la empresa, le cambiaron el horario y realizaban “excesivamente” su trabajo para magnificar cualquier error. Finalmente la despidieron, diciéndole que no querían verla más.
