Denisse
- Madres buscadoras cargan con el hallazgo ante la inacción oficial.
Por Belasko Journaliste
Soyatitán, Chiapas. — La voz de la Iglesia católica quebró la barrera del miedo que impera en la región de Venustiano Carranza. El Equipo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción emitió un comunicado en el que denunció que el rancho “El Cedro”, ubicado en el anexo de Limón II, operó como un presunto centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado, validando los macabros hallazgos que las propias madres buscadoras realizaron con sus manos ante la omisión histórica del Estado.
La declaración de la parroquia no habla de sospechas aisladas, sino de un pacto de silencio forjado a base de amenazas. “Hemos recibido noticias de personas anónimas que nos pidieron silencio por miedo a represalias”, admite el texto eclesiástico. Este miedo fue superado por la determinación de las Madres Buscadoras de Chiapas, quienes durante cuatro jornadas consecutivas excavaron en el rancho El Cedro, en las inmediaciones del ingenio azucarero Pujiltic, y localizaron restos óseos calcinados.
“Nos encontramos en un predio en el cual hemos encontrado restos óseos calcinados; la parte de un cráneo y más partes de un cuerpo… No sé quiénes están ahí, no sé si mi padre está ahí o los hijos de las compañeras”, relató una de las buscadoras en un video difundido por el colectivo. La respuesta institucional contrasta con el dolor de las madres: mientras las autoridades estatales y federales prometen combatir la impunidad, las mujeres cargan con el peso de la búsqueda ante una Fiscalía señalada reiteradamente por negligencia y omisión.
Las evidencias y el silencio oficial
Los objetos recuperados por el colectivo en el rancho “El Cedro” apuntan a la barbarie ocurrida en el lugar. Entre los restos humanos calcinados se localizaron múltiples pertenencias que hoy son pruebas cruciales, incluyendo una medalla de identificación militar con el nombre de Miguel Ángel Elías Mayo y número de identidad 0-8395077, un teléfono celular, casquillos, ropa y fragmentos óseos.
“Todo apunta a que este sitio era un posible campo de exterminio y adiestramiento del C.O.”, sentenció la agrupación de buscadoras. La denuncia parroquial refuerza esta línea al confirmar que en esa zona del municipio ya se tenía conocimiento de la operación de una escuela de adiestramiento criminal.
Sin embargo, para las madres buscadoras, cada evidencia encontrada es un recordatorio del abandono institucional. La búsqueda en El Cedro se realizó con acompañamiento de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero la acción partió de las víctimas, no de una estrategia proactiva del Estado. De hecho, las buscadoras tuvieron que gestionar por su cuenta la maquinaria pesada para remover la tierra, sin saber a ciencia cierta si el apoyo provino finalmente del presidente municipal de Venustiano Carranza, Augusto Borraz Ayar, a quien se lo habían solicitado inicialmente.
Antecedentes de dolor e impunidad
La localización de este presunto centro de exterminio no es un caso aislado en la región, sino la punta visible de una crisis forense y humanitaria sostenida por la inacción gubernamental. La iglesia recordó que en asambleas diocesanas previas ya se había advertido la cifra alarmante de más de 60 personas desaparecidas únicamente en la zona de Pujiltic, área de influencia directa del rancho ahora señalado.
El historial reciente de la región está marcado por casos emblemáticos de impunidad. En junio de 2023, los líderes campesinos Uberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC), desaparecieron en el tramo carretero El Cascajal, precisamente cuando se dirigían a San Francisco Pujiltic. A pesar de las protestas y bloqueos de sus compañeros, y de las denuncias formales ante la Fiscalía, a casi tres años de los hechos no hay resultados ni detenidos.
Las familias claman justicia también por homicidios previos. María Elizabeth Hernández Sántiz, esposa de uno de los líderes desaparecidos, denunció públicamente que han pasado más de tres años sin justicia por el asesinato de otros tres miembros de la OCEZ-RC ocurrido en las cercanías de Soyatitán.
Iglesia alza la voz y exige justicia
En este contexto de desolación y soledad para las víctimas, el mensaje parroquial rompe la indiferencia con un llamado directo a las madres buscadoras y una exigencia puntual al Estado:
“Admiramos su valiente lucha. Con fe y esperanza firme, continúen su búsqueda. Que haya respuesta INMEDIATA de las autoridades en sus tres niveles. Que se aplique la ley y se castigue a los responsables.”
La parroquia, que admitió haber guardado silencio durante años por las amenazas del crimen organizado, dio un paso al frente para respaldar la lucha de estas mujeres que han sido abandonadas por las instituciones, pero que no se han rendido. El comunicado es también una solicitud urgente de intervención al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un intento por romper la cadena de impunidad que mantiene al municipio sumido en el terror.
Las madres buscadoras lo dicen con sus herramientas de trabajo en la mano y el luto a cuestas: el gobierno estatal no las apoya, las ignora y las deja solas ante la muerte. La pregunta que resuena en los caminos de terracería de Venustiano Carranza es la misma que lanzó la Iglesia en su comunicado: ¿cuántos muertos más necesitan encontrar las madres para que el gobierno haga lo que por ley le corresponde?.
