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- El funcionario afirmó que las investigaciones iniciaron por denuncias de extorsión contra comerciantes y transportistas.
Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que autoridades federales cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra alcaldes, exfuncionarios y empresarios presuntamente vinculados con actividades de delincuencia organizada, entre ellos Agustín Toledano Amaro, Alcalde de Atlatlahucan; e Irving Sánchez Zavala, exedil de Yecapixtla, ambos en Morelos.
“El día de hoy la Fiscalía General de República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios ubicados en Morelos y uno más en Querétaro, así como órdenes de aprehensión contra diversos objetivos, entre ellos presidentes municipales en funciones, expresidentes municipales, empresarios, servidores públicos y personas vinculas con extorsión así como delitos contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada”, afirmó el funcionario federal en conferencia de prensa.
Previamente el titular anunció la detención de los dos alcaldes de Morelos a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde destacó que las capturas se lograron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre.
Durante su intervención, el funcionario federal explicó que las investigaciones comenzaron a partir de denuncias ciudadanas relacionadas con cierres de negocios, cobro de cuotas y extorsiones contra comerciantes y familias en distintos municipios de Morelos.
A partir de esa información, elementos de la Fiscalía General de la República, la SSPC y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciaron trabajos de inteligencia para identificar a los responsables y sus posibles vínculos con funcionarios y actores políticos de la región.
Entre los detenidos señalados por García Harfuch se encuentran:
Agustín “N”, Alcalde de Atlatlahucan.
Irving “N”, exedil de Yecapixtla, investigado por la presunta apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable.
Horacio “N”, Secretario municipal en Cuautla y excandidato a la presidencia municipal.
Pablo Adrián “N”, empresario y Oficial Mayor de Cuautla.
Jonathan “N”, tesorero de Cuautla.
Arisbel Rubí “N”, excandidata a la Alcaldía.
Asimismo, el Secretario de Seguridad informó que continúa la búsqueda de Jesús Corona Damián, Presidente municipal de Cuautla, para «complementar el mandamiento judicial correspondiente”.
Por otra parte, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporará a 32 personas —22 físicas y 10 morales— a la lista de sujetos bloqueados por presuntos vínculos con esta red de corrupción y delincuencia organizada.
Según explicó, entre los señalados figuran alcaldes, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, empresarios y operadores políticos presuntamente relacionados con un líder regional del Cártel del Pacífico, a quien habrían facilitado operaciones ilícitas en la zona oriente de Morelos.
¿Qué otros funcionarios han caído por la Operación Enjambre en Morelos?
Apenas el pasado mes de marzo, la SSPC de Morelos dio a conocer la detención de la Regidora Municipal de Amacuzac, Patricia «N», por el delito de extorsión agravada; de la Síndica Municipal, Azucena «N»; y de Alejandro «N», quien fungía como Tesorero.
El arresto de los funcionarios se concretó gracias a la Operación Enjambre, en la que participó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, instancia que logró la captura de los servidores públicos.
«Desplegamos un operativo interinstitucional conjunto dentro de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para la ejecución de una orden de cateo al edificio del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac», precisó en ese entonces el Secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
La Operación Enjambre es una estrategia del Gobierno de México que fue impulsada desde 2024, en colaboración con autoridades estatales, con el objetivo de investigar y detener a funcionarios y exfuncionarios que estarían ligados a delitos de alto impacto y diversos grupos criminales.
