Denisse
- Influencers trumpistas de MAGA son acusados de operar una maquinaria coordinada de propaganda ligada al poder político y económico de EU.
Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Aunque durante años se presentó como un movimiento antisistema y enemigo del llamado “Estado profundo”, la ultraderecha trumpista ha terminado alineada con sectores del poder político, mediático y económico de Estados Unidos. Investigaciones periodísticas, análisis académicos y testimonios de exintegrantes del ecosistema MAGA describen una red de influencers, estrategas y operadores republicanos dedicada a moldear la opinión pública mediante campañas coordinadas, narrativas virales y mecanismos de propaganda digital al servicio de intereses conservadores y del proyecto político de Donald Trump.
Una de las voces que más ha sacudido ese entramado es la de Ashley St. Clair, influencer conservadora de 27 años y expareja de Elon Musk, quien pasó de ser una figura emblemática de la derecha digital a convertirse en una de sus críticas más visibles. Tras años construyendo notoriedad con discursos antiwoke, apariciones en Fox News y publicaciones virales en X, ahora sostiene que buena parte del activismo conservador en redes funciona como una maquinaria coordinada de propaganda, monetización política y disciplinamiento ideológico.
En entrevistas y videos publicados en TikTok, St. Clair asegura que numerosos influencers de derecha recibían líneas discursivas, instrucciones y campañas organizadas por operadores políticos, funcionarios y estrategas republicanos. Según su testimonio, el ecosistema MAGA estaba menos impulsado por convicciones ideológicas que por la búsqueda de dinero, atención y contratos promocionales. Incluso mostró capturas de mensajes y campañas donde se pedía amplificar narrativas favorables a Trump o atacar a sus adversarios, en ocasiones a cambio de pagos o compensaciones económicas.
La ruptura de St. Clair con el trumpismo también estuvo marcada por una crisis personal. Después de revelar en 2025 que tuvo un hijo con Elon Musk y de iniciar una disputa legal con él, desapareció temporalmente de internet. Durante ese periodo, asegura haber replanteado su papel dentro de un movimiento que, según dice, explotaba el miedo, la indignación y el espectáculo político para generar influencia y ganancias. La influencer reconoció sentirse culpable por haber difundido discursos antitrans y contribuir a una cultura basada en la agresividad performática y la manipulación emocional.
Sus denuncias provocaron incomodidad entre figuras conservadoras e influencers que antes eran sus aliados, varios de los cuales la acusaron de oportunismo o resentimiento. Sin embargo, St. Clair sostiene que decidió hablar porque teme que esta infraestructura de propaganda sobreviva más allá de Trump y continúe deteriorando la política estadounidense. Actualmente afirma estar concentrada en criar a sus hijos, concluir sus estudios universitarios y prepararse para ingresar a la facultad de Derecho, mientras intenta exponer el funcionamiento interno del ecosistema digital que ayudó a construir.
El periodista Drew Harwell documentó en The Washington Post cómo parte de ese ecosistema operaba mediante chats privados donde influencers de extrema derecha replicaban mensajes casi idénticos coordinados con operadores republicanos. Según el reportaje, algunos de esos grupos llevaban nombres como “Fight, Fight, Fight” y reunían a influencers, estrategas y funcionarios vinculados al trumpismo.
St. Clair relató que, tras acontecimientos políticos relevantes, decenas de cuentas difundían de forma sincronizada mensajes prácticamente calcados. Harwell cita el caso de un hombre armado que ingresó al hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca: después del incidente, más de 100 influencers, políticos y comentaristas conservadores comenzaron a publicar argumentos similares sobre la necesidad de construir un gran salón de baile en la Casa Blanca, una narrativa que habría circulado previamente en esos chats privados.
La investigación también expone cómo esa maquinaria mezclaba propaganda política, coordinación mediática y beneficios económicos. Harwell documentó campañas donde influencers recibían instrucciones para impulsar mensajes favorables a Trump o atacar a sus adversarios, acompañadas en algunos casos de ofertas de pago y estrategias para maximizar el alcance en redes sociales. El reportaje retrata así una estructura donde figuras que se presentaban como voces “espontáneas” o “antisistema” actuaban en coordinación con operadores republicanos para influir en la conversación pública estadounidense.
A esa crítica se suma el columnista Thom Hartmann, quien en un texto publicado por Common Dreams sostiene que la red de influencers conservadores forma parte de un sistema político-mediático financiado por multimillonarios y grandes corporaciones. Hartmann argumenta que la maquinaria de indignación digital sirve para distraer a la población de problemas estructurales como la desigualdad, la falta de acceso universal a la salud y la concentración de la riqueza. Según el autor, la derecha financia influencers, podcasts, think tanks y campañas coordinadas para fabricar consenso político y proteger intereses económicos.
El caso de St. Clair también se inserta en un debate más amplio sobre la evolución del trumpismo. Durante años, el movimiento MAGA denunció al supuesto “deep state” —el “Estado profundo”— como una estructura clandestina que operaba contra Trump. Sin embargo, diversos analistas sostienen ahora que sectores de la ultraderecha estadounidense han terminado reproduciendo dinámicas similares de coordinación política, propaganda e influencia desde el propio poder.
Un artículo publicado por The Argument plantea que figuras e influencers trumpistas que antes atacaban a las agencias federales, los servicios de inteligencia y la burocracia estadounidense ahora respaldan purgas ideológicas, campañas coordinadas y el uso del aparato estatal para castigar adversarios políticos. Según ese análisis, el discurso contra el “deep state” habría mutado hacia otra lógica: el problema ya no sería la concentración del poder estatal, sino quién lo controla.
Esa interpretación coincide con reportajes recientes que describen cómo el ecosistema digital de la derecha estadounidense opera mediante redes de influencers, estrategas políticos y plataformas mediáticas alineadas. El medio Axios reportó incluso que sectores MAGA comenzaron a hablar de un supuesto “deep state global” para defender a líderes de extrema derecha en Europa y América Latina, mientras otros analistas advierten que el trumpismo está construyendo su propia estructura de lealtades burocráticas e influencia política desde dentro del gobierno.
En ese contexto, las denuncias de St. Clair adquieren una dimensión mayor: no sólo exhiben la mercantilización de la indignación política en redes sociales, sino también la consolidación de una maquinaria mediática y partidista que, según sus críticos, terminó reproduciendo las mismas prácticas de control narrativo, disciplina ideológica y coordinación política que el movimiento MAGA decía combatir.
