Carlos H.
- Además, hay acusados, todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del Gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.
- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que la red de protección política permitió el flujo masivo de drogas hacia EU.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) formalizó una acusación penal contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázares y otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales, a quienes señala de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
Enrique Díaz Vega fue titular de la Secretaría de Finanzas en el Gobierno de Sinaloa con Rocha Moya y renunció para dedicarse “a sus actividades empresariales”. Millán “está acusado además de delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”, dice la acusación.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del Gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la Jueza federal Katherine Polk Failla”, informó la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado titulado “Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.
El comunicado agrega: “El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”. Cita al administrador de la DEA, Terrance Cole.“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la Ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”, señala.
La acusación indica que “Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que ‘Los Chapitos’ supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con ‘Los Chapitos’, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”. Como Gobernador, añade, “Rocha Moya permitió que ‘Los Chapitos’ operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a ‘Los Chapitos’ a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, Zaavedra, Subprocurador General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de ‘Los Chapitos’ y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos”.
Los alegatos contenidos en la acusación formal, otros documentos judiciales y declaraciones realizadas durante los procedimientos judiciales arrojan que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.
“Desde su base en Sinaloa, el cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a las comunidades de todo el país. El cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos”, se lee en la acusación. “Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del cártel, expuesto a las víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de Policía en México, incluidos, según las acusaciones, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y las represalias del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación”, plantea la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
Los acusados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, “cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”.
“Según las acusaciones, los acusados han estado estrechamente vinculados a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, el notorio exlíder del Cártel, conocidos colectivamente como ‘Los Chapitos’. Los acusados han operado en todos los niveles del Gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de ‘Los Chapitos’”, sostiene la Fiscalía.
Algunos de los acusados también habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias del cártel. Por ejemplo, dice Millán, “un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de 1600 dólares estadounidenses mensuales de ‘Los Chapitos’. A cambio, Millán les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos. Alrededor de octubre de 2023, Millán presuntamente ayudó a ‘Los Chapitos’ a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de ésta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación”.
Rocha niega todo y acusa ofensiva contra la 4T
El Gobernador de Sinaloa salió a responder de inmediato a la acusación presentada en Nueva York con un rechazo absoluto y una confianza absoluta en que los señalamientos no tienen sustento, mismo que -anticipó- serán desmentidos en su momento.
«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra… ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», manifestó.
Desde sus redes sociales, el mandatario estatal vinculó las acusaciones en su contra como parte de una ofensiva más amplia contra la Cuarta Transformación y la soberanía del país. «Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa», añadió.
En su posicionamiento, planteó que el caso no sólo lo involucra a él, sino que forma parte de una presión externa con implicaciones políticas y constitucionales, en medio de la tensión con Estados Unidos por temas de seguridad y narcotráfico: «Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
«A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia», concluyó.
El Gobernador de Sinaloa ya estaba en la mira de EU
En días previos, SinEmbargo reportó que las autoridades estadounidenses preparaban una ofensiva anticorrupción contra políticos mexicanos que podría escalar de la “cancelación de visas a acusaciones formales” en tribunales federales, como parte de una estrategia para golpear redes de corrupción vinculadas al narcotráfico.
Ese mismo reporte advertía que el endurecimiento de las medidas no se limitaría a sanciones administrativas, sino que contemplaba llevar casos a cortes en EU cuando existieran elementos suficientes para sostenerlos.
«Esta represión podría sacudir las relaciones bilaterales en un momento crucial, justo cuando los negociadores estadounidenses, mexicanos y canadienses se reúnen para revisar el pacto de libre comercio de América del Norte (T-MEC), un pilar fundamental de la economía mexicana, dependiente de las exportaciones», afirmó el artículo publicado por Los Angeles Times el domingo.
La publicación firmada por el periodista Steve Fisher señala que durante la visita de Ronald Johnson en México el pasado 23 de abril se planteó la necesidad de que México atienda los problemas de corrupción con el narcotráfico en distintos niveles de gobierno —desde policías hasta autoridades locales y federales— como condición para mantener la estabilidad financiera del país.
En ese contexto, el Gobernador Rocha Moya ya figuraba entre los perfiles bajo presión. Incluso circularon reportes sobre la revocación de su visa estadounidense, un movimiento que, anticipaba un posible escalamiento de las acciones en su contra.
