Carlos H.
- Erradicar la violencia política contra las mujeres es una condición indispensable para consolidar una democracia representativa y justa
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 07 de Abril de 2026.- En el Estado de México, la violencia política en razón de género se ha consolidado como una de las principales amenazas para la participación femenina, tan solo en el proceso electoral de 2024 se registraron 215 quejas formales, lo que representa el 42 por ciento del total acumulado desde su tipificación en 2020, evidenciando un crecimiento alarmante; esta problemática se concentra principalmente en el ámbito municipal, con focos rojos en demarcaciones como Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, donde se documenta mayor incidencia de agresiones contra mujeres en la vida pública.
Detrás de estas cifras hay historias de candidatas amenazadas, funcionarias desacreditadas y servidoras públicas silenciadas, todas ellas con un denominador común, haber sido juzgadas por su género y no por sus ideas.
En este contexto, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, durante la conferencia “Participar sin miedo: Acciones para la Atención de la Violencia política contra las Mujeres en Razón de Género, advirtió que el país atraviesa un momento histórico para la participación política de las mujeres, pero también una etapa de contradicciones profundas.
“Vivimos un momento histórico para la participación política de las mujeres en México, nunca antes habíamos visto tantos rostros femeninos en los espacios de toma de decisiones”, afirmó, al destacar la presencia femenina en el Congreso federal, congresos locales, gubernaturas, incluida la del Estado de México, gobiernos municipales y, por primera vez, en la Presidencia de la República.
Sin embargo, señaló que este avance ha venido acompañado de una reacción adversa, el incremento de la violencia política de género, que se ha convertido en una “triste característica de estos tiempos paritarios”.
“La literatura ya lo advertía: a mayor presencia de mujeres en la política, mayor resistencia. A mayor apertura democrática, más intentos por cerrarnos las puertas”, subrayó.
Pulido Gómez explicó que este fenómeno no es casual, sino una respuesta estructural frente a los cambios que están transformando espacios históricamente dominados por hombres. “Estamos desbordando el ámbito privado al que por décadas se nos relegó, y eso genera incomodidad”, sostuvo.
Las cifras respaldan esta preocupación, además del incremento en quejas, se identifica que la mayoría de las agresiones ocurre en el nivel municipal, particularmente contra regidoras y candidatas, es decir, mujeres que se encuentran en la primera línea de la política, a esto se suma una brecha persistente entre la violencia ejercida y las sanciones aplicadas, así como el uso de redes sociales como refugio de agresores bajo el anonimato.
A pesar de ello, la consejera presidenta indicó que México ha sido pionero en la construcción de mecanismos institucionales para enfrentar este problema, como las reformas constitucionales en materia de paridad, la alternancia de género en candidaturas, el registro de personas sancionadas y criterios como el “ocho de ocho”. No obstante, el desafío actual radica en la implementación efectiva de estas herramientas.
“La violencia política contra las mujeres no es solo un problema de nosotras, sino de la democracia misma”, concluyó Pulido Gómez, al convocar a fortalecer las instituciones y garantizar que participar en política no implique riesgos, sino oportunidades reales de transformación.
Durante el mismo encuentro, Aidé Macedo Bárcenas, titular de la Defensoría Pública Especializada en Violencia Política de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y quién impartió dicha ponencia, advirtió que la problemática no puede entenderse de manera aislada, ya que forma parte de un contexto más amplio de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2026 se han registrado seis mil 440 feminicidios en el país, con el Estado de México entre las entidades con mayor incidencia, junto con Sinaloa y la Ciudad de México, toda vez que solo en 2025, de enero a octubre, se contabilizaron 59 feminicidios en territorio mexiquense.
“La violencia política en razón de género está presente un día y otro también, y no se logra erradicar”, lamentó.
Macedo Bárcenas explicó que, aunque se ha alcanzado la paridad numérica en cargos públicos, el problema ahora es cualitativo, “las mujeres enfrentan exclusión, invisibilización y agresiones en el ejercicio del poder”, esto dijo, incluye desde violencia psicológica y simbólica hasta agresiones físicas y sexuales.
La defensora del TEPJF detalló que la violencia política de género puede manifestarse de múltiples formas: impedir la participación en sesiones, negar pagos, desacreditar capacidades, difundir estereotipos o incluso ejercer violencia física, uno de los principales medios actuales para estas agresiones son las redes sociales, donde el anonimato facilita ataques constantes.
Asimismo, destacó que muchas mujeres electas han optado por abandonar sus cargos ante amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias, lo que representa un retroceso para la democracia.
“Ninguna mujer debería tener que elegir entre participar en política o proteger su integridad física y mental”, enfatizó.
Frente a este panorama, hizo un llamado a identificar y denunciar estas conductas, recordando que no toda agresión contra una mujer constituye violencia política de género, sino aquellas que están basadas en estereotipos o roles de género y buscan limitar sus derechos políticos.
En tanto, la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y presidenta del Observatorio de Participación Política en el Estado de México, Arlen Siu Jaime Merlos, declaró que cuando una mujer es violentada en el ejercicio sus derechos político-electorales, ya en su cargo o en su aspiración a ocuparlo, no solo se afecta su esfera individual, sino que también se distorsiona la voluntad democrática y se debilita el sistema jurídico de nuestro país.
“La democracia no puede sostenerse sobre el miedo, no puede seguir normalizando la violencia, no se puede permitir que las actores ajenos a la capacidad y a la voluntad ciudadana sino, estructura sistemáticas que limitan el libre ejercicio de derechos desde las instituciones, por ello, quienes conformamos este observatorio, tenemos claro que nuestra responsabilidad no se limita a resolver controversias, nuestra función es garantizar derechos, garantizar derechos implica actuar con oportunidad, con rigor, con perspectiva de género, implica atender y entender que el tiempo en materia electoral es determinante, que una medida que llega tarde puede convertirse en una injusticia consumada, exige juzgar con sensibilidad identificando aquellas prácticas que bajo apariencia de normalidad reproducen desigualdades, se requiere enviar un mensaje claro, violentar a una mujer en el ámbito político tiene que enfrentar consecuencias”, aseveró.
Ante ello, la magistrada indicó que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la entidad es un espacio fundamental de articulación institucional para poder resolver y tener una visión de lo que se quiere desde las instituciones, sociedad civil, academia, además de que a las autoridades les toca garantizar mecanismos de protección accesibles, dictar medidas cautelares con inmediatez y asegurar que los casos sean atendidos con perspectiva de género, de manera que ninguna conducta violente quede sin respuesta.
Finalmente, se coincidió en que erradicar la violencia política contra las mujeres es una condición indispensable para consolidar una democracia representativa y justa.
