Carlos H.
- Un feminicida sentenciado por asesinar a su pareja fue sentenciado a 50 años de prisión. Llevó su caso hasta la SCJN para que le bajaran la pena
Ciudad de México, 24 de marzo.- Un feminicida sentenciado a 50 años de prisión por agredir sexualmente y asesinar a su pareja intentó que le bajaran la condena bajo el argumento de que era muy joven para pagarla por completo y casi lo logra.
El caso escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en su decisión marcó un precedente en materia de reinserción social.
El caso fue resuelto el 8 de octubre de 2025, sin embargo, apenas se publicó el pasado 30 de enero en el Semanario Judicial de la Federación. Esta es la historia.
Un crimen atroz y una justicia expedita
Todo comenzó el pasado 21 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 17:00 horas, en Morelia, Michoacán, cuando la víctima salió de su domicilio para encontrarse su con pareja. El plan era ir a la casa de él, pero eso nunca pasó.
La pareja ya iba de camino abordo de un automóvil, cuando él desvió su camino y en una zona alejada la atacó sexualmente. La agresión le ocasionó varias lesiones, principalmente en la cabeza y el rostro, que le provocaron la muerte.
Tras el ataque, el agresor trasladó el cuerpo de la víctima a un lugar boscoso, donde la abandonó en condiciones degradantes.
Sin embargo, el cuerpo de la mujer fue encontrado, se comenzaron las investigaciones y rápidamente el agresor fue detenido.
Para el 24 de febrero de 2023, el agresor fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión exclusivamente por el delito de feminicidio.
La estrategia legal del feminicida para reducir la condena
Con medio siglo de prisión encima, el feminicida no se quedó con los brazos cruzados. Su defensa ideó una estrategia legal para reducir su condena.
El agresor interpuso un recurso de apelación para que le redujeran la condena bajo el argumento que, como era muy joven -tenía 18 años al momento del crimen- se debía priorizar su derecho a la reinserción social por encima de una pena tan larga.
El caso llegó a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien falló a favor del feminicida y le redujo la sanción impuesta a 42 años y seis meses de prisión.
La familia de la víctima, indignada por la decisión del tribunal, promovió un amparo bajo el argumento de que el derecho a la reinserción social no debería usarse para bajar la condena en delitos tan graves como el feminicidio, ya que eso restaba importancia al daño sufrido por la víctima.
Ahora el caso fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito que falló nuevamente a favor del feminicida, en contra de la víctima y mantuvo firme la reducción de la pena.
Como última opción, la familia de la víctima interpuso un recurso de revisión y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que finalmente falló a favor de la víctima y en contra del agresor.
En su sentencia, la Corte argumentó que la pena de 50 años de prisión por el delito de feminicidio no sólo es un castigo para el culpable, sino una señal clara a la sociedad de que la violencia contra al mujer es intolerable y debe haber una garantía para las víctimas de que el hecho no quede impune.
Para la SCJN, si una pena como esta se reduce por criterios ajenos al caso, como la edad del agresor, se vulnera el derecho de las víctimas y el argumento de la reinserción social no está por encima de ello.
El máximo tribunal también precisó que cuando se trata de una condena máxima por el delito de feminicidio se debe de considerar el contexto de violencia y el grado de culpabilidad de cada caso para imponerla, requisitos que lamentablemente para la víctima y sus seres queridos ocurrió en este caso.
La SCJN explicó que si se permitiera que la reinserción social fuera un atenuante para la pena, sería imposible imponer la pena máxima en México y, bajo esa lógica, casi cualquier sentenciado podría reducir su pena alegando que «quiere reintegrarse a la sociedad», dejando desprotegidas a las víctimas.
Con esta decisión, la Corte ordenó que el caso regresara a tribunales para volver a realizar una sentencia en sentido de lo que el máximo tribunal señaló en su decisión.
