
Opinión
Por Raúl Jerónimo Jacinto
En el año 2018 se modificaron las leyes en nuestro país para garantizar que las personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad pudieran acceder a edificios públicos y transitar por las calles. Tales disposiciones obligaban a las autoridades a realizar cambios en las instalaciones e infraestructura para facilitar el desplazamiento de ese sector de la sociedad, es decir, crear y mantener las condiciones materiales para dicho propósito.
Ello después de una larga gestión para mostrar y convencer a las autoridades de realizar esas adecuaciones en edificios públicos, banquetas, lugares de esparcimiento y transporte. Y como en todo el territorio nacional existen personas que necesitan esas condiciones para desplazarse, dichas reformas hallaron aplicación en todos los estados de la república.
Y aunque significó un enorme progreso en la inclusión social de un número importante de mexicanos, su vigencia requiere de un constante mantenimiento a dichas modificaciones, pues de lo contrario se convierten en su opuesto; es decir, en lugar de ser condiciones para facilitar el tránsito se tornan en obstáculos insalvables del mismo.
Lo anterior viene a colación pues en diversas ciudades las autoridades locales, escudándose en los recortes presupuestales en la asignación de los recursos federales, han renunciado a realizar obras de beneficio social y entre ellas, se cuentan también, la remodelación de accesos y banquetas que han sido abandonados durante muchos años y, que su deterioro, ha llegado a tal grado que resultan intransitables para todo público.
En esta situación se encuentra la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, que a pesar de su acelerado desarrollo industrial, en su infraestructura urbana no muestra el mismo avance, al contrario, en la mayoría de sus calles se ven las banquetas con enormes grietas causadas por el crecimiento de los árboles ubicados en las mismas.
Y no se piense que se trata de la zona periférica, es en el primer cuadro de la ciudad donde se puede apreciar el tamaño del daño y la dificultad que representa caminar por las banquetas ya no digamos para un adulto mayor o enfermo sino para cualquier transeúnte. En ocasiones se prefiere bajar al arroyo vehicular por no poder hacerlo sobre la acera.
Mención especial merecen las escuelas que también enfrentan esta situación poniendo en grave riesgo a los niños y jóvenes, cuyas instalaciones educativas tienen en malas condiciones su acceso a las mismas.
Ni el gobierno estatal ni el municipal han puesto atención a esta problemática que afecta a la mayoría de la población que forzosamente debe transitar por algunas calles de la ciudad. Y si se escudan con el argumento de que no es su culpa, sino de los árboles con el crecimiento de sus raíces, sí es su responsabilidad remodelar y adecuar las banquetas para permitir su empleo seguro por propios y extraños.
El gobierno municipal tiene considerados 905 mdp para obra pública pero solamente destinado al Plan Hídrico y la pavimentación de calles. Pero, así como es importante mantener las condiciones materiales para el tránsito de vehículos, también se deben considerar recursos para el arreglo de banquetas. No hacerlo además de discriminar a la mayor parte de la población, que aun teniendo vehículo debe utilizar las banquetas, genera la posibilidad de futuros accidentes.
Por ello, la ciudadanía debe tomar conciencia de la situación y exigir acciones de la autoridad correspondiente; que le pongan un remedio so pena de seguir sufriendo las consecuencias y enfrentar más adelante hechos que lamentar.




