
- La titular del Poder Ejecutivo afirmó que fiscalías, auditorías o el Congreso estatal deberán revisar el caso si existen posibles delitos o recursos públicos.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que debe revisarse y aclararse el origen de los recursos utilizados para la construcción de la llamada «Mansión Dorada», una residencia atribuida a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras los señalamientos difundidos en un reportaje de SinEmbargo.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal fue consultada sobre un reportaje difundido este lunes que expone la construcción de una residencia de lujo presuntamente vinculada a operaciones inmobiliarias que involucran a actores políticos y a exfuncionarios de la administración del exgobernador César Duarte.
– Presidenta: ¿Quién investiga un caso como este? ¿Existen mecanismos para que se investiguen los recursos de una propiedad multimillonaria que todavía ni siquiera se ha estrenado a una servidora pública que ya antes ha sido señalada, incluso vinculada a temas de corrupción?
– «Pues hay que revisarlo, hay que revisarlo».
– Las contralorías locales suelen servir a los gobernantes en turno. ¿Quién garantiza una investigación sobre una trama como esta?
– «Pues tiene que ser la Fiscalía [de Chihuahua] y, si no, pues vamos a revisar. Tiene que revisarse».
– El reportaje también señala que la mandataria posee el 98 por ciento de la participación de la empresa inmobiliaria que celebró contratos con el Gobierno municipal. ¿Qué opina frente a estos señalamientos? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se debe de hacer para frenar, al menos, que los servidores públicos en funciones con señalamientos de corrupción hagan negocios con los gobiernos?
– «Sí, y el Congreso estatal también tiene que revisarlo».
– ¿Qué opina frente a todo esto, Presidenta?
– «Bueno, primero hay que revisar el caso para poder opinar, pero en caso de ser cierto no puede ser, así de sencillo. Y tiene que demostrarse de dónde vienen los recursos, siempre».
– ¿Le competiría también a la Fiscalía General [de la República] realizar una investigación?
– «Pues hay que ver, primero hay que revisar el caso y sí tendría que revisar las instituciones competentes si es que hay un delito en todo esto o delitos en todo esto».
– ¿O si hay recursos federales involucrados?
– «Si hay recursos federales involucrados, pues tiene que ser la Auditoría Superior. En una primera auditoría y, en todo caso, a la Fiscalía General, pero pues hay que revisar el caso».
Esta es la historia de la nueva mansión de Maru Campos, con valor catastral de 31 mdp, más el costo millonario de acabados y decoración de lujo. Parte del entramado de la Gobernadora de Chihuahua que llega hasta César Duarte, preso por corrupción.
El cuestionamiento surgió tras la publicación de un reportaje de SinEmbargo, elaborado por su Unidad de Datos, en el que se documenta la construcción de una residencia de lujo de la mandataria estatal, ubicada en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, una de las zonas de mayor plusvalía en la capital estatal.
De acuerdo con la investigación, la propiedad, de aproximadamente mil 800 metros cuadrados, incluye acabados de alta gama, alberca, jardines, materiales auténticos y un plafón decorado con alrededor de 400 hojas de oro en el baño de visitas, motivo por el cual fue denominada como la «Mansión Dorada».
«De acuerdo con vecinos del fraccionamiento, además de 12 elementos de la Fiscalía estatal que vigilan la mansión, la mandataria de Chihuahua tiene asignada una guardia personal, más otros elementos que cuidan a su hermano, Manuel Campos Galván, del despacho familiar Campos Galván y Asociados, y a su madre, María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Chihuahua», detalla el texto.
El reportaje señala que el inmueble forma parte de un conjunto de operaciones inmobiliarias vinculadas con empresas relacionadas con José Luis García Mayagoitia, excontralor y exsecretario de Hacienda durante el Gobierno de César Duarte, actualmente preso por casos de corrupción. Dichas firmas aparecen en compraventas, permutas y cesiones de terrenos que derivaron en la integración de los lotes donde se construye la residencia.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua revisados por el medio, la mandataria estatal habría recibido la propiedad como legado tras el fallecimiento de su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, uno de los empresarios más acaudalados de Chihuahua, que durante décadas forjó un imperio con más de 20 empresas, y sumó poder político y económico en la élite del estado grande.
Además, la Gobernadora panista declaró poseer el 98 por ciento de participación en la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, la cual adquirió propiedades por decenas de millones de pesos y celebró contratos de arrendamiento con autoridades municipales.
También se documentó que varias de estas operaciones coinciden con el crecimiento patrimonial de la mandataria y con el otorgamiento de permisos inmobiliarios a empresas vinculadas a exfuncionarios del llamado «Duartismo», algunos relacionados previamente con el esquema de la denominada «nómina secreta».
Hasta el cierre del reportaje, ni la Gobernadora de Chihuahua ni los empresarios mencionados habían emitido una postura pública sobre los señalamientos.




