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Por Emilio Ulloa
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido colocada, desde su anuncio, en el centro de una discusión pública cargada de estridencia, desinformación y lecturas interesadas. En ese ruido —propio de una época dominada por la infodemia— se corre el riesgo de perder de vista lo esencial: estamos ante una iniciativa que debe analizarse con seriedad, buena fe y, sobre todo, desde la convicción democrática que ha caracterizado la trayectoria política de la presidenta.
Asumir la vocación democrática de Claudia Sheinbaum no es un acto de ingenuidad ni de complacencia; es un reconocimiento a una forma de entender el poder como mandato popular y a la democracia como un proceso perfectible. Su propuesta de reforma electoral no puede leerse como un intento de regresión autoritaria, como algunos han querido instalar en la opinión pública, sino como una invitación a revisar críticamente un sistema que, si bien ha dado estabilidad electoral, también arrastra inercias, costos excesivos y déficits de confianza ciudadana.
La democracia no es un dogma inmutable. Es un proceso histórico que exige ajustes permanentes para responder a nuevas realidades sociales, tecnológicas y políticas. México no es la excepción. Las elecciones deben seguir siendo ordenadas, confiables y transparentes, pero también más accesibles, más austeras y más cercanas a la ciudadanía; discutir cómo lograrlo no debilita a la democracia; por el contrario, la fortalece.
Uno de los principales méritos de la iniciativa presidencial es que coloca nuevamente en el centro del debate el sentido último del sistema electoral: garantizar que cada voto cuente, que cada voto sea respetado y que los ciudadanos tengan plena certeza de que su voluntad se traduce en representación política efectiva. Cualquier reforma debe evaluarse a partir de este criterio, no desde el miedo ni desde la defensa automática del statu quo.
Es necesario reconocer que el sistema electoral mexicano se construyó en un contexto específico: el de la transición democrática y la desconfianza profunda hacia el poder presidencial. Hoy, sin desconocer los avances logrados, corresponde preguntarnos si ese diseño sigue siendo el más adecuado para los desafíos actuales. Esta pregunta no es subversiva ni antidemocrática; es, en realidad, una pregunta democrática por excelencia.
La presidenta Sheinbaum ha sido clara al convocar a un debate amplio, informado y plural. Ese llamado debe ser tomado en serio. No se trata de imponer una visión única, sino de abrir un espacio de deliberación donde participen especialistas, fuerzas políticas, académicos y sociedad civil. La reforma electoral no puede ni debe construirse desde la consigna ni desde la sospecha permanente, sino desde el análisis riguroso y la argumentación racional.
Hacer a un lado la infodemia implica rechazar las narrativas simplistas que reducen el debate a una falsa dicotomía entre democracia y autoritarismo. Implica también asumir la responsabilidad ciudadana de informarnos, de leer las propuestas concretas y de discutirlas con argumentos, no con prejuicios. En una democracia madura, la crítica no se opone al apoyo; lo complementa.
México necesita elecciones ordenadas, limpias y con plena seguridad para el voto ciudadano. Pero también necesita un sistema electoral que sea sostenible, legítimo y acorde con las demandas de una sociedad cada vez más consciente de sus derechos. La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum debe entenderse como una oportunidad histórica para avanzar en esa dirección.
El reto no es menor. Perfeccionar el sistema democrático exige altura de miras, voluntad política y compromiso con el interés público. Si asumimos este debate con responsabilidad y buena fe, estaremos no solo discutiendo una reforma electoral, sino reafirmando nuestra convicción de que la democracia mexicana puede y debe seguir mejorando.
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