Roberto
- En una protesta pacifica frente a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense, denuncian que la Fiscalía ha retrasado injustificadamente el trámite, aun cuando las víctimas cumplieron con todos los requisitos solicitados por la institución.
- El brote de Klebsiella oxytoca, provocó la muerte de 13 bebés en hospitales públicos del Estado de México.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 25 de Noviembre de 2025.- A un año del brote de Klebsiella oxytoca que provocó la muerte de 13 bebés en hospitales públicos del Estado de México, familiares de las víctimas denunciaron públicamente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene bloqueado el proceso para concretar los acuerdos reparatorios a los que tienen derecho, pese a que un juez ya avaló esta vía para todas las familias afectadas.
De acuerdo con las madres, padres y su representación legal, solo siete de las trece familias han recibido la reparación correspondiente, en tanto, las otras seis llevan meses en espera, sin acompañamiento institucional ni información clara sobre la fecha en que se concluirá el procedimiento, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones legales que quienes ya fueron indemnizados. “Nos han dado largas y nos ignoran”, denunciaron.
En una protesta pacifica frente a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense, Sara Monroy, abogada de varias de las familias, aseguró que la Fiscalía ha retrasado injustificadamente el trámite, aun cuando las víctimas cumplieron con todos los requisitos solicitados por la institución.
“Llevamos meses pidiendo que se dé acceso a la justicia a las víctimas restantes, somos 13 familias afectadas, pero en la audiencia pasada solo la mitad recibió el acuerdo reparatorio. Las demás siguen esperando”, declaró.
Monroy explicó que la FGJEM pidió a las familias entregar por escrito el acuerdo firmado por todas las víctimas, coordinar reuniones y presentar documentos adicionales. Sin embargo, pese a cumplir con cada solicitud, la Fiscalía cambió sus exigencias constantemente.
Incluso relató un episodio ocurrido al intentar entregar un escrito en la Coordinación de Género. “Ese día nos mandaron personal de seguridad para vigilarnos. Las mamás se sintieron amenazadas, no protegidas, y el coordinador de género, encargado de la carpeta, se escondió en un vehículo para evitar atendernos”, denunció.
La Fiscalía, dijo, argumenta que “faltan actos de investigación” para proceder, pero no ha detallado cuáles ni ha avanzado en la indagatoria. Para Monroy, la oposición es infundada y carece de sustento legal.
La defensa señaló que la empresa señalada como responsable, una persona moral, ha mostrado disposición para cumplir con los acuerdos reparatorios, e incluso acudió a la última audiencia con los cheques preparados para cada familia, sin embargo, indicaron que la Fiscalía lo ha impedido.
“El único impedimento para que el pago se haga efectivo es la Fiscalía. No entendemos por qué ponen tantas trabas en este caso, cuando en otros asuntos similares los acuerdos se han resuelto de manera inmediata”, lamentó la abogada.
En tanto, Adrián, padre de una bebé de dos meses que murió a causa de la infección, indicó, “venimos a pedir justicia, la Fiscalía se ha opuesto a darnos una respuesta. Mi bebé falleció por Klebsiella oxytoca, y aunque ya hubo una primera audiencia, desde entonces todo se ha detenido por la Fiscalía”, explicó.
Relató que fue contactado por abogadas que coordinaron las denuncias de todas las familias, quienes interpusieron una querella colectiva por homicidio. Sin embargo, afirma que los funcionarios responsables de la investigación se han negado a dialogar.
“Hay videos de cómo se esconden en la camioneta para no recibirnos. Solo queremos justicia para nuestros hijos”, añadió.
Finalmente se dijo, que las exigencias de las familias con claras, que la Fiscalía asigne de inmediato fecha y hora para la audiencia pendiente; que se aprueben los acuerdos reparatorios para las seis víctimas restantes; que la FGJEM deje de ignorar a las familias y ofrezca comunicación clara y continua; y que cese la obstaculización del proceso y se garantice el acceso a la justicia.
