Sobrevivientes Exigen al Congreso del Estado de México Tipificar la «Violencia Química» Como Delito Autónomo - Lacallelibre

Sobrevivientes Violencia Química

Por Ana Valeria Castro

Toluca, México a 10 de Noviembre de 2025.- María del Carmen Sánchez Flores, sobreviviente de un ataque con ácido y presidenta de la Fundación Carmen SánchezMX, presentó ante el Congreso del Estado de México una Iniciativa Ciudadana Integral para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificar la agresión con sustancias corrosivas como un delito autónomo y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.

Sánchez Flores, quien hace 11 años fue víctima de un ataque con ácido, recordó que cuando inició su búsqueda por justicia, esta forma de agresión era invisible.

«En ese momento ni siquiera sabía qué significaba eso. Nadie hablaba de la violencia ácida… nosotras sí existíamos, solo que nadie nos veía», señaló.

Acompañada por otras sobrevivientes y por Ximena Reyes Canseco, cofundadora de la fundación, la activista reconoció que, si bien el Estado de México fue uno de los primeros en el país en reformar su Código Penal en 2020, el delito fue tipificado únicamente como un agravante del delito de lesiones, una figura que no dimensiona la extrema gravedad de la agresión.

Reyes Canseco explicó que la iniciativa promueve el uso del concepto «Violencia Química» en lugar de «Violencia Ácida» para incluir el uso de un universo más amplio de sustancias peligrosas, como tíner, gasolina, sosa cáustica y líquidos a altas temperaturas, que son utilizadas para causar daño permanente o intentar asesinar a mujeres.

La propuesta, construida con y para las víctimas, busca fortalecer el marco de derechos humanos y justicia con las siguientes claves: tipificación Autónoma que es dejar de ser un agravante y ser reconocido como una forma extrema de violencia de género; ampliar las sanciones y penas para el delito y excluir cualquier tipo de beneficio judicial para los imputados; instar a que los casos de violencia por razones de género sean perseguidos de oficio, no por querella; incluir la protección de grupos vulnerables como niñas, personas indígenas y afrodescendientes.

Un punto central de la iniciativa es el ámbito asistencial, donde la Fundación Carmen SánchezMX ha documentado víctimas que han requerido hasta 250 cirugías, como el caso de la misma presidenta de la institución que lleva 68 y enfrentan secuelas físicas y psicológicas de por vida; por ello, la iniciativa exige una ruta integral de atención que trascienda lo penal.

En este sentido, se pide garantizar la cobertura médica total a las sobrevivientes, incluyendo procedimientos estéticos, cirugías reconstructivas y tratamientos dermatológicos; establecer protocolos de actuación médica unificados para mejorar el pronóstico y la recuperación de las víctimas; acceso a terapia psicológica especializada, asistencia social, y mecanismos para la continuidad educativa, profesional y la obtención de empleo digno.

«Legislar sobre violencia química no solo es modificar artículos, es redefinir el compromiso del Estado con la vida de las mujeres. Es afirmar que el dolor no debe ser destino,» sentenció Canseco.

Los datos presentados indicaron que el 72 por ciento de los agresores son personas del círculo cercano, siendo las parejas o exparejas sentimentales responsables del 46 por ciento de los ataques. El Estado de México, junto con la Ciudad de México y Puebla, concentra la mayoría de estos delitos.

Al respecto, la diputada de Morena, Zaira Cedillo Silva, reconoció el esfuerzo de la fundación y las víctimas. La legisladora señaló que su bancada ya presentó una iniciativa similar, con la que se buscará conjuntar esfuerzos.

«Este congreso está abierto a todas las voces, analizaremos [su iniciativa] en conjunto con las ya presentadas para entonces tener un solo y único esfuerzo que de verdad en lo único que esté enfocado sea en garantizar una justicia y una justicia restaurativa para las mujeres,» concluyó.

La Fundación confía en que el activismo de las sobrevivientes se traduzca en una ley que logre «la reparación histórica» y que la violencia, al ser nombrada en la ley, «deje de ser invisible».