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- La vida de lujos e impunidad de la que han gozado Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga no puede explicarse sin el tipo de relaciones que tejieron con la clase política mientras crecía su enorme red de factureras. Ambos se conocieron en 2013, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Zedillo. Desde entonces, entre su círculo de amigos figuraron personajes como Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas Pliego, y Yadhira Carrillo, entonces esposa de Juan Collado, el abogado de “los poderosos” de los Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Romero Deschamps, y otros.
Por Ana Lilia Pérez
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía mostrando en redes sociales su vida de lujos, dando cuenta de sus viajes a zonas costosas, y que compraban propiedades mansiones y departamentos en sitios exclusivos no sólo en México, sino en Estados Unidos (EU).
A través de programas de televisión y de las revistas de sociales cronicaban sus fiestas, sus idas a la playa, sus tours por países europeos, por Dubái y otras ciudades de Medio Oriente.
Ella muy activa en redes sociales para ostentar las marcas de su vestimenta, se fotografiaba para mostrar los atuendos, relojes, joyas, incluida la amplia colección de bolsos de lujo que le gustaba exhibir, una de éstas –en piel de cocodrilo– valuada en más de ocho millones de pesos, según se publicó.
Quería que se viera lo obsequiosa que solía ser con sus comadres. Una muestra de la ostentación de la que le gustaba hacer gala fue la fiesta que organizó para sus “comadres” en avión privado a la playa: en un video se van mostrando cada uno de los souvenirs de lujo con champaña personalizada en cada bolso, trajes de baño también personalizados, ropa de playa para cada invitada. Entre las agasajadas estaba Galilea Montijo, también Ninfa Salinas, con quien Inés Gómez Mont se dice “amiga de toda la vida” y con quien solía viajar a la playa además de ser hija del dueño de la televisora donde trabajó Inés, quien a su vez es sobrina de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación con Calderón.
En ese viaje a la playa otra de las invitadas era Yadhira Carrillo, entonces esposa de Juan Collado. Yadhira solía acudir a las fiestas de Inés y Víctor Manuel, ya que Víctor Manuel se decía “muy buen amigo” de Collado, el abogado de “los poderosos” de los Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Romero Deschamps, y otros, e involucrado, Collado, en los manejos de dineros que muchos priistas enviaron al paraíso fiscal de Andorra, hoy impune por la impunidad que le garantizó la vieja Corte en los últimos días en que estuvo encabezada por Norma Piña.
La pareja Álvarez Puga-Gómez Mont hacía ostentación de la riqueza acumulada, opulencia creada a través de fraudulentas operaciones y maniobras mafiosas. La pareja operaba una enorme red de factureras.
En un símil de los capos del narcotráfico, Álvarez Puga sería uno de los principales capos, es decir, cabeza de la mayor organización que con fachada de despacho de asesoría fiscal empresarial operaba redes de facturación falsa para simular operaciones, para evadir las leyes, para lavar dinero.
Hace dos décadas, inicialmente asociados con otros abogados y contadores de Oaxaca y Chiapas, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga hicieron un despacho supuestamente para gestionar las obligaciones laborales de otras empresas, tales como encargarse del pago de salarios e impuestos. En su sistema pusieron en boga los mecanismos de outsourcing que tanto precarizaron las condiciones laborales para millones de trabajadores en el país derivado de que esas formas tan mendaces de subcontratación son aquellas en que los Álvarez Puga hacían que las empresas que les contrataban se eximieran de su obligaciones laborales para con sus empleados.
Ese mecanismo resultaba muy lesivo para los trabajadores, pero muy atractivo para empresas ya que también les servía para eludir obligaciones fiscales. De allí que pronto se volvieron uno de los despachos más requeridos por empresas nacionales e internacionales que les solicitaban sus servicios. El despacho Álvarez Puga, como operadores primero de mecanismos outsourciung, pronto se expandió ampliando su cartera de clientes y operaciones en muchas entidades, para lo cual crearon en papel empresas en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua para operar como “administradores” para “todo tipo de servicios” de “toda índole”, con diversas razones sociales y objeto social, que supuestamente ofrecían “sistemas de outsourcing empresarial”, servicios financieros, de administración, promotoras de servicios fiscales, de “ingeniería fiscal”, otras se enmascaraban como supuestas sociedades cooperativas.
El utilizar figuras como supuestas cooperativas o sociedades en nombre colectivo era también otra artimaña para evadir las obligaciones patronales, de esta manera las empresas evadían el pago de prestaciones laborales, evadían también pagar utilidades o aguinaldos o las cuotas en materia de seguridad social, también pagos de impuestos.
Crearon oficinas en otros países, incluido en Estados Unidos, adquiriendo también allí propiedades.
En diversos momentos, desde tiempos de Calderón, las autoridades en materia fiscal y hacendaria detectaron que los Álvarez Puga operaban diversas estrategias para evasión de impuestos y elusión de muchas leyes en materia laboral, pero el Gobierno de Calderón se hacía de la vista gorda ante los mecanismos de outsourcing porque era un sistema que el propio Gobierno impulsaba.
En el año 2010 incluso hubo cateos en sus instalaciones, para entonces operaban en al menos 45 ciudades. Cuando se hicieron esos cateos las autoridades del SAT dijeron que habían detectado que el despacho Álvarez Puga asesoraba a sus clientes para que incurrieran en conductas de evasión fiscal en relación con el outsourcing. Se les identificó entonces como “los reyes del outsourcing”. Pero no pasó más, se les dejó seguir operando. Peor aún: su entramado se extendió aún más, sus ilícitos también.
El tipo de relaciones que en su vida social han ostentado Álvarez Puga y Gómez Mont dan cuenta del tipo de relaciones con la clase política que les garantizó impunidad.
En un reportaje publicado en febrero del año 2012 en el New York Times, se señalaba que Víctor Manuel Álvarez Puga reconocía sus estrechas amistades y relaciones comerciales con hijos de expresidentes y políticos prominentes.
Tiempo después, las revistas de la prensa rosa que cronicaban la vida social de la pareja dieron cuenta de que Álvarez Puga y Gómez Mont se conocieron en 2013, cuando ambos acudieron a la fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Zedillo.
Para esos momentos los Álvarez Puga seguían con la operación no sólo de los tramposos mecanismos del outsourcing, sino también de creación de empresas fachada utilizadas para facturar operaciones simuladas, de las que las autoridades fiscales denominan EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
Las redes de facturación falsa se convirtieron en uno de los mecanismos más sofisticados de delito de cuello blanco: emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, sin personal, sin infraestructura sin capacidad material para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, creadas para hacer nada, sino para servir como puente para simular operaciones, para triangular dinero, para lavado de dinero.
Hasta antes de su boda con Gómez Mont –que tuvo lugar en Chiapas en el año 2015– Víctor Manuel y su hermano llevaban un perfil relativamente alejado de la exposición pública. Después, a partir de su boda con la conductora, se hicieron una de las parejas más retratadas en la farándula.
Ya entonces, convertidos en los reyes de los factureros, operaban ante la omisión o complicidad de las autoridades, porque incluso gobiernos estatales eran sus clientes. A ojos de todos los Álvarez Puga construyeron un emporio facturero, un emporio para la elusión y evasión fiscal, lavado de dinero, crimen de cuello blanco, utilizando también este mecanismo para saqueo de recursos públicos, como demuestra el caso por el cual las autoridades federales tienen hoy órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa:
Se trata de una de las polémicas contrataciones que se hicieron en el Gobierno de Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong en que se destinaron tres mil millones de pesos supuestamente para contratar la adquisición de equipos y software de interconexión para siete penales, y con el pretexto de que eran motivos de seguridad nacional se asignó de manera directa. Las empresas contratadas eran fantasma, fachada, compañías de papel que eran sólo el parapeto para saqueo de recursos públicos. Una parte de ese dinero fue a parar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Mont, como posteriormente pudieron identificar las autoridades fiscales.
Fue en la Administración del Presidente López Obrador que al revisar las irregularidades en muchas contrataciones públicas que se habían hecho durante el peñanietismo, detectaron que en esas contrataciones que hizo la Segob nunca se dieron los servicios, y que las empresas contratadas eran fantasma, o fachada, eran de las compañías operabas en la red de factureras de los Álvarez Puga. Las transferencias para el saqueo de ese dinero se hicieron mediante mil 400 operaciones bancarias hasta llegar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Mont. Eso da una idea también del tipo de entramado que operaban.
Las autoridades mexicanas imputan a Álvarez Puga delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Pero el proceso ha tenido muchas dilaciones, que incluyeron los amparos en el año 2023 que a la pareja le fueron otorgados por el Poder Judicial frente a la decisión que había tomado la UIF de incluirlos en la Lista de Personas Bloqueadas como mecanismo de prevención para evitar la continuación del lavado de dinero, como explicó la UIF. En marzo de 2025 un Tribunal Colegiado ratificó el amparo y obligó a la UIF eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Gómez Mont y a Álvarez Puga y que se les descongelaran sus cuentas, para que siguieran haciendo uso del sistema financiero.
En un comunicado en que la UIF informó de lo que el Poder Judicial le había ordenado, se resaltó que “el Ministerio Público cuenta con una orden de aprehensión contra estas personas -actualmente en el extranjero-, y por la decisión tomada en el Poder Judicial, ahora, los prófugos podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción”.
Al detallar el proceso y las maniobras que el Poder Judicial hizo para favorecer a la pareja facturera, al ordenarle a la UIF que se les deslistara como personas bloqueadas del sistema financiero, en la conferencia «mañanera» del 1 de abril en Palacio Nacional, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló: “Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción”.
Efectivamente, es una muestra del nivel de colusiones de las mafias factureras el polémico beneficio que a la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont le dio el Poder Judicial, a pesar de las evidencias de lavado de dinero, que además eran recursos de las arcas públicas y que prácticamente fueron saqueados.
Así como el Poder Judicial en tiempos de Norma Piña protegió hasta el último momento a Juan Collado, así también el Poder Judicial hizo con su amigo Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa.
En supuesta “fuga”, la pareja siguió viviendo su vida de lujos en Miami, incluso adquiriendo más inmuebles. Desde TV Azteca, la televisora donde era presentadora, las conductoras amigas de Gómez Mont decían tener comunicación con ella en diversos momentos, así que era evidente que los “prófugos” estaban localizables.
A mediados de octubre Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias en Miami por irregularidades en su estatus migratorio, y actualmente se encuentra en un centro de detención migratoria. Desde el 17 de octubre un Juez migratorio determinó su deportación, pero sus abogados interpusieron un recurso. En unos días más, el 12 de noviembre, en una audiencia se decidirá su estatus.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Álvarez Puga cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y que tiene además otra orden de aprehensión por defraudación fiscal. Que derivado de éstas la FGR le había solicitado a Interpol emitir ficha roja de localización y la detención, y que esa ficha roja está vigente. Que está también un trámite ante autoridades estadounidenses para la detención provisional con fines de extradición.
Así que, dependiendo de lo que se resuelva en la audiencia del próximo 12 de noviembre, podría proceder el que finalmente Álvarez Puga sea entregado a las autoridades mexicanas. Se estaría entonces en la posibilidad de que por primera vez se procese uno de los mayores casos de delito de cuello blanco vinculado directamente con las factureras.
La importancia del caso radica también en que se avance en la desarticulación de uno de los sistemas que para el país han significado una inmensa fuga fiscal.
Pero va más allá: las operaciones de las mafias factureras se volvieron facilitadoras de muchos delitos. Tan es así que en muchos de los casos de corrupción que han implicado multimillonario saqueo de recursos públicos, se utilizaron empresas fantasma y documentos emitidos por factureras para simular operaciones.
También se utilizan para blanqueo de recursos que pudieron provenir de delitos violentos, de tráfico de sustancias ilícitas, de extorsión, de actividades criminales de alto impacto y en el sistema de lavado de dinero se utilizan empresas fachada que hacen uso de documentación emitida por factureras.
La facturación falsa es también parte de las estrategias que utilizan quienes participan en el mercado ilícito de combustibles.
Si hablamos del impacto negativo que las factureras han representado en términos de la evasión fiscal, cifras recientemente expuestas en el Legislativo dan idea del problema:
Entre los años 2014 y 2019, el SAT detectó 8,204 empresas fantasma, responsables de 8.8 millones de facturas falsas con un valor de 1.6 billones de pesos. El fraude asociado a éstas ascendió a 354 mil millones de pesos.
Como parte del combate a las factureras, se ha tipificado como delito grave la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos.
Pero la dilación con que ha operado el Poder Judicial en casos relacionados con las factureras ha dificultado que se avance en el combate a esta modalidad de defraudación fiscal.
Un diagnóstico realizado por el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar da datos concretos: de los años 2014 a 2025, 13 mil 594 contribuyentes fueron señalados como presuntos EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), sin embargo, sólo mil 705 casos concluyeron con sentencias firmes, mientras que más de 12 mil se mantienen sin resolución judicial.
“Esta brecha -dice el legislador en su documento- evidencia que, aunque la fiscalización detecta las irregularidades, la sanción penal sigue rezagada, perpetuando un incentivo estructural para recurrir a la facturación falsa”.
Así que la tarea que compete también al Poder Judicial para procesar y aplicar la Ley en casos que involucran a las factureras es indispensable, y que los jueces no se conviertan en cómplices de las mafias factureras.
Por eso resulta de enorme relevancia el caso que involucra a la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont, en cuya indagatoria se tendría que incluir a sus compinches, ya sea en el ámbito empresarial y a quienes, desde el servicio público les facilitaban sus operaciones, porque los cargos por delincuencia organizada que les imputa la FGR necesariamente involucra a más cómplices.
