
Por Luz del Alba BELASKO
San Andrés, Larrainzar, Chiapas, Octubre de 2025.- A un año del asesinato del padre Marcelo Pérez, la herida en la comunidad de San Cristóbal de las Casas permanece abierta, y con ella, un clamor que recorre Chiapas y hoy más de 15 mil creyentes se desbordaron por las laderas hacia San Andres Larraizar.
La sombra de la duda se cierne sobre el primer aniversario luctuoso del padre Marcelo Pérez Perez. Mientras las autoridades judiciales señalan una condena obtenida a través de un proceso abreviado, un coro de voces que representa a comunidades, la diócesis local y amplios sectores de la sociedad civil se alza para refutar que se haya hecho justicia.
El Diálogo Nacional por la Paz se ha sumado a este reclamo, transformando el dolor en una exigencia colectiva y precisa.
La condena del autor material del crimen no ha logrado acallar las preguntas incómodas que resuenan en las calles y en las montañas. Desde las comunidades originarias a las que el padre Marcelo acompañó por más de dos décadas, hasta los foros de derechos humanos en la capital, la interrogante persiste: ¿Quién dio la orden? La justicia, afirman, que se conforma con el eslabón más bajo y no desmantela la cadena de mando que planificó, permitió y encubrió el asesinato, no es más que una farsa, una simulación que deja intactas las estructuras de poder criminal.
En su labor pastoral, el padre Marcelo fue un hombre de diálogo. Quienes lo conocen lo recuerdan como un faro en medio de los crecientes conflictos comunitarios. Su palabra era la de quien defiende la vida en un territorio donde la impunidad y la violencia pretenden reinar. Su entrega final en el proceso de reconciliación de Pantelhó es citada como un testimonio último de su compromiso con los que sufren. Por ello, su asesinato es interpretado por muchos no solo como la pérdida de un guía espiritual, sino como un golpe estratégico contra la esperanza misma de construir la paz desde los cimientos.
Ante este panorama, la demanda es clara y se dirige directamente a las instituciones del Estado mexicano. El Diálogo Nacional por la Paz, junto a la diócesis de San Cristóbal, exige a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad que reabran y profundicen la investigación. Piden que se señale y sancione a los autores intelectuales, con una condición sine qua non: garantizar la protección de testigos y defensores de derechos humanos, cuyo trabajo en la región se ha vuelto aún más peligroso.
El mensaje final es una petición de alcance nacional: que el Estado mexicano actúe con determinación frente a las redes criminales que siguen controlando territorios, y que, en honor a la memoria de hombres como el padre Marcelo, se promueva por fin una política integral de paz, una que tenga como centro la justicia, el desarrollo y la dignidad de los pueblos.
La memoria del padre Marcelo, así, se ha convertido en un símbolo. Su muerte no es el final de la historia, sino el inicio de un capítulo donde la sociedad, armada con verdad y exigencia, le reclama cuentas claras al poder. La crónica de su justicia sigue escribiéndose.




