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- La SEG aclaró que el protocolo no prohíbe el uso de teléfonos, sino que regula su empleo para evitar que se conviertan en fuente de distracción o violencia.
La Secretaría de Educación Guerrero publicó el Protocolo para el Uso Responsable de Dispositivos Móviles en Educación Básica y Media Superior, para regular el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes dentro de las escuelas públicas y privadas.
El documento disponible en el Periódico Oficial del Estado pretende prevenir el ciberacoso, evitar distracciones en clase y fomentar el uso educativo de la tecnología en beneficio del aprendizaje y la convivencia escolar.
De acuerdo con la SEG, el propósito es “garantizar un entorno educativo seguro, inclusivo y libre de violencia digital”, mediante acciones que involucren a maestros, estudiantes y padres de familia.
El protocolo fue elaborado con la colaboración del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Guerrero, la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia y las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior y Superior.
“El propósito es lograr un documento producto de un trabajo coordinado que derive en el fortalecimiento y salvaguarda de los derechos y obligaciones de los estudiantes, dentro y fuera del espacio escolar”, señala el texto.
La SEG argumentó que el uso sin control de teléfonos en las aulas ha generado distracción, conflictos y exposición de menores a contenido inapropiado o violento.
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Por ello, el protocolo dispone que los dispositivos solo podrán usarse con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, mientras que en las demás actividades deberán permanecer apagados o guardados.
Los directores y maestros tendrán la obligación de informar a los padres sobre las reglas de uso y aplicar medidas en caso de incumplimiento.
El documento advierte que si un estudiante utiliza su dispositivo para acosar, grabar o difundir material sin consentimiento, los padres o tutores serán responsables de los daños ocasionados.
“La responsabilidad comprende la obligación de resarcir los gastos derivados de la atención psicológica, psiquiátrica o terapéutica que se requiera para el tratamiento del alumno afectado”, precisa el documento.
Cada escuela deberá incluir estas normas en su reglamento interno y organizar sesiones
