Carlos H.
- Diversas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), permitieron en los años 70s el auge del Cártel de Guadalajara en México.
- Desde México y Honduras hasta Panamá y Perú, la CIA ayudó a establecer o consolidar agencias de inteligencia que se convirtieron en fuerzas de represión política.
- La DFS entonces encabezada por Miguel Nazar Haro implementó todo un proceso de protección a los jefes del cártel de Guadalajara. En 1985, poco después del asesinato del agente Kiki Camarena de la DEA, un alto investigador estadounidense se quejó de que la DFS era «un problema muy grave.
Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Desde México y Honduras hasta Panamá y Perú, la CIA ayudó a establecer o consolidar agencias de inteligencia que se convirtieron en fuerzas de represión política y que al mismo tiempo permitieron y protegieron a los cárteles de la droga. Así lo han documentado reportes judiciales, investigaciones periodísticas y académicas, así como testimonios de exagentes de inteligencia.
De hecho, Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, en su libro Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America, sostienen cómo desde la Segunda Guerra Mundial, una de las fuentes más cruciales de protección institucional para el narcotráfico ha sido la CIA que junto a la temida Dirección Federal de Seguridad permitieron en los años 70s del siglo pasado el auge del Cártel de Guadalajara en México.
La primera evidencia de cómo la CIA alentó el narcotráfico se publicaron en el San Jose Mercury News en agosto de 1996 cuando publicó una serie de reportajes de Gary Webb, quien vinculó el origen del crack en California con la contra, la fuerza guerrillera respaldada por el Gobierno estadounidense, entonces encabezado por Ronald Reagan, quien atacó al gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua durante la década de 1980, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
“La Alianza Oscura», como fue llamada la serie de reportajes, no lo menciona directamente, pero teje una red entre la oposición guerrillera nicaragüense, las bandas de narcotráfico que vendían la droga en las calles californianas y la CIA. El texto revela que las investigaciones de la propia DEA supuestamente fueron abandonadas sin causa o dejadas de lado por razones inexplicables. Webb, el autor, se suicidó casi una década después, en 2004, tras la fuerte presión que recibió luego de revelar la cloaca.
En México, los reportes señalan cómo la «Operación Cóndor» oficialmente consistió en la «erradicación de cultivos de mariguana y amapola» mediante el uso masivo de herbicidas lanzados mediantes aviones en el «Triángulo dorado» de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. No obstante, Peter Dale Scott y Jonathan Marshall documentaron cómo el plan fue usado por los narcotraficantes quienes en colusión con las agencias de seguridad se aprovecharon del operativo para eliminar la competencia. De ahí, sostienen, los principales narcotraficantes de Sinaloa se mudaron a Guadalajara y reforzaron su control sobre el tráfico de drogas.
De igual forma existió otro factor clave: La DFS entonces encabezada por Miguel Nazar Haro implementó todo un proceso de protección a los jefes del cártel de Guadalajara. En 1985, poco después del asesinato del agente Kiki Camarena de la DEA, un alto investigador estadounidense se quejó de que la DFS era «un problema muy grave. Cada vez que agarramos a alguien, lleva una tarjeta de la DFS. A mucha gente se le han emitido placas que en realidad no están en la nómina», relata la periodista Elaine Shannon en su libro Desperados.
La misma información señala que los agentes del DFS “servían de seguridad para los convoyes de camiones cargados de marihuana de los traficantes, utilizaban el sistema de radio de la policía mexicana para verificar los cruces fronterizos en busca de señales de vigilancia policial estadounidense y transportaban contrabando a través del Río Grande en barco”. Ernesto Fonseca incluso empleó a agentes del DFS como su chofer y guardaespaldas y en los meses posteriores al asesinato de Camarena, bajo presión de Estados Unidos, las autoridades mexicanas despidieron a una quinta parte de los 2 mil 200 agentes de la organización y reemplazaron a diecinueve de sus treinta y un directores estatales.
La DEA siempre ha responsabilizado de la muerte de Kiki Camarena al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien en meses pasados fue entregado a la Justicia estadounidense precisamente por este crimen y por su papel en el tráfico de droga.
Camarena, junto con el oficial y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.
El agente había logrado infiltrarse en el Cártel de Guadalajara y, con su información, permitió que las autoridades destruyeran una plantación de marihuana valuada en millones de dólares. La represalia no tardó.
Ambos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuno Arce –hijo de José Guadalupe Zuno, exgobernador de Jalisco de 1923 y 1926, así como excuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez–, donde fueron torturados por varios días, hasta ser asesinados.
La DEA reaccionó con la “Operación Leyenda”, la mayor investigación de su historia, que identificó a los responsables: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Sin embargo, en 2013, tres exagentes de EU (Phil Jordan; Héctor Berrellez, exagente de la DEA y Tosh Plumlee, expiloto de la CIA) revelaron en Fox News su propia versión de los hechos: que Camarena no habría sido asesinado por Caro Quintero sino por un agente de la CIA.
De acuerdo con el testimonio de los tres exfuncionarios federales, la DEA habría descubierto que EU colaboraba con el narco mexicano. El caso involucra al cubano Félix Ismael “El Gato” Rodríguez, quien supuestamente introdujo a México al hondureño Juan Matta: el enlace entre los narcos colombianos y el Cártel de Guadalajara en aquella época.
Matta era un operador de la CIA y traficaba cocaína y marihuana. El dinero que salía de estas operaciones ilegales, pero cobijadas por las autoridades a ambos lados de la frontera, iban a la CIA, que destinó este dinero, como el negocio del crack, a financiar a la contra nicaragüense. Esto es lo que Camarena habría descubierto en su momento y por lo cual fue torturado y asesinado, según el testimonio de los tres exagentes. Luego, las autoridades intentaron adjudicárselo al capo.
Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, continúa en negociaciones con fiscales de la Corte de Distrito Este de Nueva York sobre las acusaciones de narcotráfico que enfrenta.
Protegidos por la DFS y la CIA
Peter Dale Scott y Jonathan Marshall señalan cómo la DFS hizo mucho más que simplemente proteger a los traficantes más notorios. “Los unió como un cártel, centralizó y racionalizó sus operaciones, eliminó a sus competidores y, a través de sus conexiones con la CIA, les brindó la protección internacional necesaria para asegurar su éxito”.
Un exconsultor de la DFS reveló la existencia de una vasta operación de contrabando llamada «La Pipa» orquestada por la DFS. Según este informante, a finales de la década de 1970, la DFS adquirió alrededor de 600 camiones cisterna, aparentemente para transportar gas natural desde Estados Unidos para su venta en México. En el tramo norte del viaje, los hombres de la DFS llenaban los camiones vacíos con marihuana proporcionada por traficantes mexicanos y transportaban de diez a doce camiones al día hacia Phoenix y Los Ángeles. En la frontera, varios funcionarios mexicanos y personal de la aduana estadounidense recibían sobornos de 50 mil dólares por carga para dejar pasar los camiones, señalan los investigadores.
“La relación entre los narcotraficantes y la agencia del Gobierno mexicano comenzó a mediados de la década de 1970. Dos comandantes de la DFS persuadieron a las principales familias de narcotraficantes a resolver una sangrienta disputa por el control de la producción de drogas en la Sierra Madre y a unirse contra la campaña antinarcóticos que libraban México y Estados Unidos. La DFS ayudó a las familias a reubicarse en Guadalajara, las presentó a funcionarios locales y les asignó guardaespaldas. Mientras tanto, la agencia, que, entre otras funciones, se encarga de vigilar a los subversivos políticos y trabaja en estrecha colaboración con la CIA, persiguió a pequeños narcotraficantes, reduciendo la competencia del nuevo Cártel de Guadalajara”, afirman los autores.
A cambio, el cártel entregó el 25 por ciento de todas sus ganancias a la DFS, reveló a su vez Shannon en Desperados. De hecho, la agencia mexicana también supervisó la plantación de marihuana de 5 mil millones de dólares en Chihuahua, cuyo desmantelamiento por parte de la policía federal en 1984 condujo al asesinato de Camarena.
“Esta colaboración entre la DFS y los narcotraficantes continuó después de que Nazar Haro dejara la agencia en 1982 con el cambio de Gobierno mexicano; al igual que la colaboración entre la DFS y la CIA. La estación de la CIA en la Ciudad de México mantuvo un estrecho contacto con el sucesor de Nazar, José Antonio Zorrilla Pérez, a pesar de la abrumadora evidencia de la responsabilidad de su agencia en el narcotráfico. ‘Les importa un bledo’, dijo un agente de la DEA sobre la CIA. ‘Hacen la vista gorda. Consideran que su tarea es mucho más importante que la nuestra’”, exponen Peter Dale Scott y Jonathan Marshall.
En México también ocurrió en aquella época el asesinato del periodista Manuel Buendía, en 1984, bajo las órdenes del entonces titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, según consignó la justicia federal mexicana.
Buendía era autor de la columna “Red Privada”, en la que escudriñaba los primeros pasos de la colusión entre el aparato político y el narcotráfico a finales de la década de 1970 y principios de 1980, donde los temas fundamentales tenían como base la denuncia de la ultraderecha mexicana e internacional y sus vínculos con la CIA. Fue uno de los primeros en denunciar precisamente los trabajos de la Agencia en México.
Por este asesinato, Zorrilla Pérez fue condenado en 1989 a cumplir 35 años de prisión, los cuales no terminó dado que un juez le otorgó en 2009 la libertad condicional, 15 años antes de cumplir su condena.
El papel de la DEA
La propia DEA, al menos en los niveles más altos de la Ciudad de México y Washington, contribuyó al encubrimiento de información obtenida por valientes agentes de campo en peligrosas oficinas locales como Guadalajara, sostienen Peter Dale Scott y Jonathan Marshall.
“(La DEA) siguió las órdenes de la embajada de no informar a las misiones del Congreso sobre el verdadero estado del narcotráfico en México a principios de la década de 1980. Incluso en 1984, cuando el poder y el alcance del Cártel de Guadalajara eran evidentes para los agentes de campo, ‘sus superiores en la Ciudad de México y Washington parecían no darse cuenta. Los cables a la Embajada o a la sede de la DEA no recibían respuesta, las solicitudes de refuerzos eran ignoradas, las llamadas a la intervención diplomática eran ignoradas… La actitud predominante entre muchos diplomáticos, y también entre algunos funcionarios de la DEA, era que la corrupción y la duplicidad debían tolerarse para preservar la ‘relación especial’ entre Estados Unidos y México’”, señaló a su vez Shannon en Desperados.
Es en ese sentido que Scott y Marshall indican cómo Miguel Félix Gallardo, responsable de transportar cuatro toneladas de cocaína mensualmente a Estados Unidos, también era un gran partidario de la Contra, según su piloto, Werner Lotz, quien declaró a la DEA que su jefe le había adelantado más de 150 mil dólares para que se los entregara a la Contra.
Los abogados de otro traficante mexicano que fue juzgado en Estados Unidos afirmaron, según los autores, que “el análisis de todas las pruebas disponibles, es evidente que varias agencias del gobierno federal, incluida la CIA, estaban al tanto de las actividades de contrabando de cocaína de Félix Gallardo y las ignoraron deliberadamente debido a sus ‘contribuciones caritativas’ a la Contra”.
Un Fiscal federal adjunto no refutó la afirmación de Lotz, sino que solo argumentó que no influía en el hecho de que el Gobierno no acusara a Félix Gallardo del asesinato de Camarena. A su vez, destacan Scott y Marshall, un testigo de la fiscalía en un juicio posterior por el asesinato de Camarena afirmó que Félix Gallardo se había jactado de suministrar armas a la Contra y de acorralar a otros traficantes para financiar su causa durante 1983 y 1984, a cambio de protección.
De hecho, la Agencia Central de Inteligencia entrenó a guerrilleros guatemaltecos a principios de la década de 1980 en un rancho cerca de Veracruz, México, propiedad de Rafael Caro Quintero, Según un informe de la DEA publicado por Los Angeles Times en julio de 1990.
El informe se basaba en una entrevista que dos agentes de la DEA con base en Los Ángeles realizaron a Laurence Victor Harrison, una figura que dirigía una sofisticada red de comunicaciones para los principales narcotraficantes mexicanos y sus aliados en la policía mexicana a principios y mediados de los años 1980.
El 9 de febrero, según el informe, Harrison dijo a los agentes de la DEA Héctor Berrellez y Wayne Schmidt que la CIA utilizó la DFS de México “como tapadera, en caso de que surgieran dudas sobre quién dirigía la operación de entrenamiento”. Harrison también dijo que “los representantes de la DFS, que era la fachada del campo de entrenamiento, de hecho actuaban en connivencia con los principales capos de la droga para asegurar un flujo de narcóticos a través de México hacia los Estados Unidos”.
En otra entrevista, el 11 de septiembre de 1989, Harrison declaró a los mismos dos agentes de la DEA que personal de operaciones de la CIA se había alojado en la casa de Ernesto Fonseca Carrillo, otro de los principales capos de la droga de México y aliado de Caro. El informe no especifica cuándo ocurrió esto.
Los Angeles Times señaló que de acuerdo con el informe Harrison también declaró a los agentes de la DEA en septiembre que, en junio o julio de 1987, un estadounidense en Guadalajara —quien creía que trabajaba para la CIA— le preguntó qué información le había proporcionado a la DEA sobre las operaciones de la CIA en México. Harrison declaró haberle dicho al hombre: “Ustedes (la CIA) están trabajando con los narcotraficantes… Nosotros (Gobernación y la comunidad de inteligencia mexicana) sabemos que la CIA está suministrando armas a Nicaragua”. El estadounidense, identificado en el informe sólo con el nombre Dale, “asintió con la cabeza de manera afirmativa diciendo sí, lo sé”, señala el informe.
