Carlos H.
- Actualmente se encuentran en trámite ante diversos Tribunales Colegiados de Circuito del país 65 asuntos fiscales, los cuales están pendientes de resolución, de acuerdo con el SAT.
Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará desde el inicio uno de sus principales retos: resolver los tres créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego por un valor de 35 mil millones de pesos, el de la telefónica Movistar, filial de la española Telefónica, la cual debe pagar cuatro mil 442 millones de pesos al SAT y otros créditos fiscales pendientes que se encuentran, en su mayoría, en la segunda sala.
La Ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las únicas tres ministras que se mantendrá en el cargo al resultar electa en la elección del 1 de junio, explicó a “Los Periodistas” el pasado 30 de junio que la nueva Suprema Corte estará obligada a resolver en un lapso no mayor a seis meses los adeudos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“A partir de septiembre la Corte está obligada a resolver en seis meses los asuntos fiscales, es decir, no podríamos tener ningún motivo por el cual excedernos de este plazo para resolver estos asuntos fiscales, son los que tienen que ver con la empresa de Grupo Elektra, Elektra Nueva Generación, ya no hay ningún asunto personal de Ricardo Salinas Pliego, pero ya no son solo estos asuntos, hay otros asuntos muy cuantiosos que también se encuentran en la Corte. De la empresa Pegaso, otro que tiene que ver con un criterio de cobro de intereses», comentó en esa ocasión.
Entre el 16 y el 31 de julio la Corte entrará en receso y sólo se esperan dos sesiones del pleno, el 5 y 12 de agosto, en donde se prevé que resuelva las impugnaciones de los magistrados electorales. También se prevé una sesión de la Segunda Sala de la SCJN para el 6 de agosto, en la cual no se incluyeron dos de los créditos fiscales de Salinas Pliego, pero sí uno relativo al adeudo del ejercicio de 2008, que tampoco podrá ser atendido debido a los recursos de impedimento que ha presentado el dueño de Elektra contra varios de los actuales ministros.
A eso se suma que la semana pasada se confirmó que la nueva Corte también atenderá el caso de la telefónica Movistar, filial de la española Telefónica, la cual debe pagar cuatro mil 442 millones de pesos al SAT después de fusionarse en 2014, resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
El Ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, presentó una propuesta para otorgar una deducción fiscal a la telefónica, de acuerdo con la Ministra Lenia Batres, por lo que la Ministra se opuso a formar quórum para la votación en la Segunda Sala y solicitó que el caso se discutiera en el pleno de forma pública, lo cual fue rechazado por la mayoría de los ministros el martes 1 de julio.
«En la próxima sesión de la Segunda Sala tenemos por lo menos cuatro asuntos fiscales bastante delicados, uno de ellos fue el motivo por el cual no me presenté a la sesión de la Segunda Sala que tiene que ver con un crédito fiscal de más de 4 mil 400 millones de pesos que, en caso de resolverse como propone el Ministro Javier Laynez, desechando un recurso de reclamación de la Secretaría de Hacienda respecto de una deducción fiscal, le daría la razón al particular y el fisco no recibiría esta cantidad de dinero», expuso la Ministra Batres en entrevista a «Los Periodistas».
El Grupo Telefónica está presente en México desde marzo de 2001 ofreciendo servicios de telefonía móvil. En septiembre de 2002 el Grupo Telefónica compró el 65.23 por ciento de Pegaso Telecomunicaciones, por lo que con el tiempo se consolidó como la segunda operadora de telefonía móvil a nivel nacional en México y como una alternativa viable al operador líder (América Móvil).
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó en 2022 el adeudo fiscal que el SAT determinó a la empresa, pero ha postergado el pago a través de amparos presentados entre 2017 y 2019, al argumentar que sus competidores pagan menos impuestos.
«Que no sean vínculos de interés los que estén asociados a una resolución», requirió la Presidenta Claudia Sheinbaum a pregunta expresa sobre Movistar. Y recordó que son recursos del pueblo que se dirigen a beneficios como Programas de Bienestar, salud, educación y obras de infraestructura.
Junto a estos temas, el pleno de la Suprema Corte aprobó a finales del mes pasado la solicitud del SAT y de la Consejería Jurídica de la Presidencia para posponer hasta septiembre la resolución de los 15 asuntos relacionados con deudas fiscales que están en las dos salas del máximo tribunal.Se trata de 14 asuntos fiscales por un total de 47 mil 435 millones de pesos en la Segunda Sala y otro asunto en la Primera Sala por mil 024 pesos.
El SAT alega que de no resolverse se estarán perdiendo cuantiosos recursos públicos. La posposición se aprobó con el voto de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Lenia Batres y Margarita Ríos Farjat, lo que permitirá que sea el próximo pleno de la Corte el que resuelva el fondo de estos asuntos. Es decir, se podrá debatir cuando tomen protesta los nueve ministros elegidos por la ciudadanía en la elección judicial.
«Estamos hablando de litigios fiscales que involucran a empresas con un poder económico considerable. En el caso de los grandes adeudos fiscales, la Corte debe actuar con absoluta independencia y apego al principio de legalidad, evitando que el aparato tributario se utilice como un mecanismo que pueda ser de presión política o económica», dijo la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Elisa Vázquez Silva, quien ha dirigido diversas tesis en materia fiscal.
De igual forma es de destacar que actualmente, en parte por la carga de trabajo para resolver asuntos a profundidad, se encuentran ante diversos Tribunales Colegiados de Circuito del país 65 asuntos fiscales, los cuales están pendientes de resolución, de acuerdo con los expedientes electrónicos del SAT citados por la Ministra Lenia Batres.
Ante la dificultad de cobrar los adeudos fiscales a compañías con gran capacidad jurídica y financiera, el Gobierno federal ha escalado los juicios en tribunales al juicio mediático.
La Secretaría de Hacienda hizo público en una conferencia matutina en Palacio Nacional los adeudos de Grupo Salinas por más de 74 mil millones de pesos que Salinas Pliego continúa litigando ante la Suprema Corte, Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para alargar el pago el mayor tiempo posible.
«El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación es el que habla del secreto fiscal. Autoriza al SAT a publicar los datos de contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes o que han incurrido en ciertas conductas. Sin embargo, esta facultad está acotada por el derecho a la privacidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando el Gobierno federal o cualquier autoridad difunde públicamente cifras de presuntos adeudos que aún están en litigio –como el de Salinas Pliego– están exhibiendo al contribuyente sin una sentencia definitiva y lo que hace es afectar su reputación. La justicia fiscal no está reñida con el derecho de los contribuyentes», explicó Elisa Vázquez Silva, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Grupo Salinas no ha sido el único que recurre a este modus operandi. La millonaria María Aramburuzabala aseguró el año pasado que le ofrecieron meter recursos judiciales ante todos los tribunales y autoridades posibles para retrasar indefinidamente su pago tributario por vender Grupo Modelo en 2012.
La dueña de Tresalia Capital gozó de la condonación fiscal durante el sexenio de Calderón y Peña Nieto, pero ya en la administración de López Obrador, en vez de meter el amparo sugerido, decidió pagar al SAT los 2 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta que se debían tras la venta del grupo cervecero a AB InBev.
«Yo lo hablé directamente con mi hermana (Lucrecia), nos sentamos las dos a tomar un café y la verdad es que nosotros decidimos no meter ese amparo. Nosotros fuimos, entregamos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar. Fuimos y entregamos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con ‘P’ por no haberlo hecho y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo por nuestra historia (familiar)», dijo Aramburuzabala al podcastero Oso Trava en el Cracks Summit de Mercedes Benz de 2024.
Desde la unidad de investigación fiscal de Fundar han detectado diversas estrategias de los multimillonarios para evadir y eludir impuestos: empresas fantasma, amparos para retrasar lo máximo posible el pago o los denominados paraísos fiscales.
Respecto al caso de Grupo Salinas, la académica de la UNAM Elisa Vázquez dijo que, en medio del manejo mediático y la transparencia selectiva –tanto de la autoridad como del grupo empresarial–, se observa una mezcla de estrategias dilatorias por parte del contribuyente, pero también una limitada capacidad del Estado para cerrar procesos fiscales de alto impacto con celeridad y firmeza.
Esto ha permitido que Ricardo Salinas Pliego, en vez de presentar las pruebas en tribunales, declare desde comunicados en redes sociales que el SAT quiere «cobrarle doble» cuando podría tratarse de recargos derivados de los juicios que él inició.
«Debe analizarse en los expedientes (si se le está cobrando el doble) y no en conferencias de prensa o en X. También es cierto que en ocasiones los créditos fiscales impugnados van a generar actualización, recargos, multas e incluso créditos adicionales de actos distintos, pero que están relacionados; estos accesorios la mayoría de las veces puede duplicar o triplicar los adeudos fiscales, los recargos son excesivos», afirmó la académica Vázquez Silva.
No obstante, agregó, «la narrativa de este doble cobro de impuestos puede utilizarse como una herramienta para victimizarse ante la opinión pública sin agotar los canales institucionales.
