Carlos H.
- El diputado Francisco Vázquez, indicó que toda la información relacionada con el conflicto ha circulado exclusivamente a través de medios de comunicación, sin que exista un expediente o documento formal que amerite una acción directa por parte del Congreso.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 07 de Mayo de 2025.- A pesar de las crecientes tensiones políticas y sociales que se viven en Capulhuac, donde habitantes exigen la destitución de la presidenta municipal Selenne Hernández Herrera, el Congreso del Estado de México no ha recibido hasta este momento ningún requerimiento oficial para intervenir, reveló Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local.
En entrevista, el morenista enfatizó que toda la información relacionada con el conflicto ha circulado exclusivamente a través de medios de comunicación, sin que exista un expediente o documento formal que amerite una acción directa por parte del Congreso. “No contamos con datos oficiales ni hemos recibido notificación alguna por parte del Cabildo o de otra instancia competente. Por tanto, no hay proceso legislativo en marcha”, puntualizó.
Aunado a ello, explicó que el marco jurídico es claro en estos casos: el Congreso solo puede tomar cartas en el asunto si se presenta una solicitud legalmente fundamentada para nombrar a una o un edil sustituto. Este procedimiento se activaría únicamente ante escenarios como la renuncia, inhabilitación o destitución de quien actualmente encabeza el gobierno municipal.
“En el caso de que se nos remita una terna de personas propuestas para ocupar la presidencia municipal, el Congreso estaría facultado para elegir a quien concluiría el periodo de gobierno. Pero hasta ahora, no hemos recibido nada que nos indique que debamos iniciar ese camino”, recalcó.
Sobre las denuncias públicas que vinculan a la alcaldesa con supuestos actos de violencia, Vázquez Rodríguez fue enfático: “La violencia, venga de donde venga, es inaceptable, y resulta especialmente preocupante cuando proviene de una figura de autoridad, cuya función es salvaguardar los derechos de la ciudadanía”.
En cuanto a la afinidad política de Hernández Herrera, el diputado aclaró que, aunque fue electa como parte de una coalición en la que participó Morena, su candidatura fue registrada formalmente por el Partido del Trabajo (PT).
“Cada partido firmante del convenio de coalición tiene a su cargo candidaturas específicas. En este caso, la siglatura fue para el PT. Por tanto, Morena no tuvo responsabilidad directa en su postulación”, explicó.
Para finalizar este tema, Vázquez Rodríguez reiteró la postura institucional del Congreso, que se mantendrá vigilante y dispuesto a actuar en el marco de sus atribuciones legales, pero solo cuando las autoridades competentes lo requieran. “No es prudente intervenir sin fundamento. Actuaremos con responsabilidad y apegados a la ley, cuando exista una petición formal que justifique nuestra participación”, concluyó.
Por otro lado, al ser consultado sobre la ocupación de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el legislador reafirmó el compromiso del Congreso local con la autonomía universitaria. Indicó que cualquier solución deberá surgir desde la propia comunidad académica y en estricto apego a la normatividad interna.
“La intervención del Congreso en este caso no procede. Confiamos en que la UAEMéx resolverá esta situación conforme a sus propios mecanismos institucionales. Lo importante es evitar la confrontación y asegurar que prevalezca el diálogo”, afirmó.
Vázquez Rodríguez concluyó que el Congreso estará atento tanto al desarrollo del caso de Capulhuac como al conflicto universitario, pero actuará únicamente cuando existan las condiciones legales para hacerlo. “Nuestra postura es clara: respeto a la ley y a las instituciones. Mientras no haya una solicitud formal, no corresponde al Poder Legislativo intervenir en ninguno de estos casos”, finalizó.
En tanto, el clima de incertidumbre persiste en Capulhuac, donde la población continúa exigiendo respuestas mientras las autoridades estatales y legislativas aguardan la llegada de una solicitud formal que active los mecanismos de solución institucional. ¿Cómo reaccionarán los actores locales en los próximos días ante este vacío legal? ¿Se formalizará alguna petición ante el Congreso en los próximos días o continuará el conflicto sin intervención legislativa?
