Carlos H.
- PT Edomex, Cabildo y ciudadanía en general insisten en su destitución, mientras la presidenta municipal Selenne “N”, se encuentra en proceso de investigación y en caso de resultar responsable sea castigada conforme a la ley.
- De acuerdo con testimonios públicos y familiares de la víctima, el pasado 2 de mayo, la alcaldesa, acompañada de su hija Andrea y de una agente de la policía municipal identificada como Ana Lucía, habría cometido una agresión física contra la trabajadora del DIF, Miriam “N”.
- En entrevista, la diputada petista y presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en el Congreso local, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT). “No importa si la presidenta municipal llegó al poder por una coalición del PT, Morena o cualquier otro partido. Aquí hay que ver la forma tan violenta con la que presuntamente se agredió”, manifestó.
Por Ana Valeria Castro
Capulhuac, México a 06 de Mayo de 2025.- El municipio de Capulhuac vive una profunda crisis institucional y social luego de que se hiciera pública una presunta agresión cometida por la Presidenta Municipal, Selenne “N”, contra una trabajadora del DIF municipal, identificada como Miriam “N”, psicóloga de la institución. Los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de mayo, y desde entonces, han desatado una ola de protestas ciudadanas, pronunciamientos políticos y llamados urgentes a las autoridades para esclarecer lo sucedido y castigar, en su caso, a los responsables.
De acuerdo con testimonios públicos y familiares de la víctima, la alcaldesa, acompañada de su hija Andrea y de una agente de la policía municipal identificada como Ana Lucía, habría cometido una agresión física contra la trabajadora. Se denuncia incluso que Miriam estuvo a punto de ser empujada por unas escaleras, en un acto que sus familiares consideran como intento de homicidio. Además, señalan que, durante el ataque, se confiscaron teléfonos celulares a otros empleados del DIF para evitar la difusión de lo ocurrido, lo que agrava las sospechas de abuso de poder.
El hermano de la víctima, visiblemente afectado, expresó su dolor en una manifestación realizada sobre la carretera Santiago Tianguistenco-Ocoyoacac: “Físicamente está mal y ahora psicológicamente va a ser algo que no va a poder superar… la vimos desfigurada, con coágulos de sangre. Es mi hermana, es sangre. No se vale”.
Ante esta situación, el Partido del Trabajo (PT) en el Estado de México emitió un contundente comunicado condenando los hechos. En él, manifiesta su “profunda preocupación y enérgico rechazo” ante lo sucedido y llama a las autoridades competentes a realizar una investigación “profunda, objetiva y sin revictimizar a la víctima”. El comunicado enfatiza que, de comprobarse los hechos, se trataría de un grave caso de abuso de autoridad e incluso tortura, dado que involucra a agentes del Estado.
“El respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas trabajadoras y al estado de derecho son valores inquebrantables para quienes creemos en un verdadero cambio en la vida pública del país”, sostiene el posicionamiento del PT.
Asimismo, solicita que el Congreso del Estado de México valore la inhabilitación preventiva de la alcaldesa mientras se desarrolla la investigación, con el objetivo de garantizar un proceso imparcial.
En este mismo sentido, el ala femenina del partido, “Mujeres Petistas”, también alzó la voz ante el caso e igual mediante un escrito, expresaron su indignación por lo que califican como una “grave violación a los derechos humanos y laborales de una mujer en situación de subordinación institucional”.
“Es importante recordar que la violencia contra las mujeres no tiene género. También puede ser ejercida por otras mujeres cuando se abusa del poder conferido por un cargo público”, declaró la líder del grupo Angélica Rivadeneyra Villarreal.
Por lo que también exigió medidas de protección inmediata para Miriam “N” y advierten sobre el riesgo de represalias, dada la exposición mediática del caso.
En tanto, en entrevista, la diputada petista y presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en el Congreso local, Ana Yurixi Leyva Piñón, subrayó la gravedad del caso.
“No importa si la presidenta municipal llegó al poder por una coalición del PT, Morena o cualquier otro partido. Aquí hay que ver la forma tan violenta con la que presuntamente se agredió”, manifestó.
Leyva Piñón confirmó que familiares de Miriam ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y que existen testigos dispuestos a declarar en favor de la víctima. “Vamos a estar muy atentos al tema. En los gobiernos de la Cuarta Transformación no vamos a permitir ningún tipo de violencia, y mucho menos de una mujer a otra”, subrayó.
La legisladora también denunció irregularidades en la actuación de la fiscalía estatal en otros casos, lo que refuerza la exigencia de que este proceso sea vigilado con lupa por organismos de derechos humanos.
“No podemos permitir que desde el poder se ejerza violencia, y menos que se oculte bajo el silencio institucional. El abuso de poder no tiene cabida en los gobiernos del cambio. Si hay responsabilidad, debe aplicarse todo el peso de la ley, sin distinciones ni privilegios”, acotó.
La indignación social ha crecido en Capulhuac, dado que el pasado lunes, ciudadanos bloquearon vialidades y se congregaron frente a la presidencia municipal para exigir justicia. En la protesta estuvieron presentes al menos cinco integrantes del Cabildo, quienes se solidarizaron con la víctima y manifestaron su respaldo a la solicitud de destitución de la alcaldesa.
Tania América, primera regidora, afirmó que “la situación no puede dejarse pasar por alto” y aseguró que “la honestidad y la justicia son pilares de nuestro movimiento”. Asimismo, informaron que Miriam fue recibida por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, lo cual da cuenta de la magnitud del caso.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Capulhuac ni la presidenta municipal Selenne “N” han emitido una postura oficial sobre lo sucedido. Este silencio ha sido duramente criticado por la comunidad, que exige transparencia y responsabilidad por parte de sus autoridades.
El caso ha escalado rápidamente en la opinión pública y se perfila como un parteaguas en la lucha contra la violencia institucional y de género en el Estado de México. La exigencia ciudadana es clara: justicia sin distinciones, sin encubrimientos y sin revictimización.
Mientras tanto, desde el Congreso local se espera que se impulse un punto de acuerdo para que se apliquen medidas preventivas contra la funcionaria señalada, y la fiscalía deberá demostrar que está a la altura de un caso tan delicado.
La pregunta clave queda en el aire: ¿será este otro caso que se pierde entre archivos judiciales, o marcará un precedente en la erradicación del abuso de poder en los gobiernos municipales?
