Carlos H.
- La Presidenta de México aseguró que ella no hubiera invitado a Lavalle Maury a su Gobierno, como lo hizo la Gobernadora de Morena, Layda Sansores. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.
Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este martes honestidad a los funcionarios federales, y dijo que fue decisión de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el haber invitado a su Gobierno a Jorge Luis Lavalle Maury, como Secretario de Desarrollo, quien está implicado en la trama corrupta de Odebrecht.
—La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sumó a su Gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien sigue en un proceso de corrupción, y fue liberando con un brazalete electrónico, y está relacionado con Emilio Lozoya, y ha sido el único detenido por esta trama Odebrecht. ¿No opera en contra de este movimiento incorporar a este tipo de personas en gobiernos encabezados por Morena? —cuestionó SinEmbargo.
—Es una decisión de Layda, de la Gobernadora. Yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi Gobierno —sentenció la mandataria mexicana en su conferencia de prensa matutina.
Carta: Claudia pide
honestidad a servidores
Momentos antes, la Presidente había revelado una carta que le envió el 2 de octubre, un día después de su toma de posesión, a todos los servidores públicos federales del país, en la que advertía que la corrupción es inaceptable en la Cuarta Transformación (4T). Aquí la misiva íntegra:
A las Personas Titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo Federal:
A las Personas Titulares de Organismos y Empresas Públicas:
A las Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Pública Federal:
Por voluntad del pueblo de México comenzamos una nueva etapa en la transformación de la vida pública. El motor de este momento es el pueblo; la ciudadanía empoderada y con la dignidad restituida. Ustedes son parte fundamental para profundizar este proceso histórico: quienes cumplen funciones administrativas y operativas, así como mandos medios y altos de todas las dependencias y entidades de este Gobierno. Nuestro horizonte será predicar con el ejemplo a través de un Gobierno honesto, honrado y austero, pues servimos a la Patria y no debemos de servirnos de ella. Su comportamiento y desempeño debe siempre evitar y condenar las malas prácticas, propias del régimen que hemos superado: sin influyentismo, sin nepotismo, sin corrupción ni impunidad. El presupuesto no es de los funcionarios, es dinero del pueblo que debe ser cuidado y bien invertido.
Como servidoras y servidores públicos confío en que estarán a la altura de las expectativas del pueblo y de su mandato: tener un Gobierno que le sirva y lo atienda, con servidores públicos que actúen con disciplina, con solidaridad, buscando siempre el bien supremo: la felicidad del pueblo y el bienestar común.
En todas nuestras tareas debemos conducirnos con respeto, amabilidad, humildad y responsabilidad con las y los ciudadanos, quienes son nuestros mandantes y centro de la soberanía de nuestra Nación.
La sociedad espera de nosotras y nosotros nuestro mayor y mejor esfuerzo, así que potenciemos el servicio público demostrando que el Gobierno de México se compone de mujeres y hombres responsables, honestos, que hacen su trabajo a favor de nuestra Patria y nuestro pueblo. Esto nos obliga actuar bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar la confianza del pueblo.
Como decía Benito Juárez, los funcionarios deben acostumbrarse a vivir en “una honrosa medianía” y “alejarse de la tentación de meter mano a las arcas públicas”. La corrupción es inaceptable en la Cuarta Transformación. Cualquier conducta ilegal de los servidores públicos que viole el código ético o incurra en actos de corrupción será denunciada ante las autoridades administrativas y/o penales. Los recursos de la Tesorería son de todos los mexicanos y no se dilapidarán, ni se malgastarán; se invertirán en obras de utilidad pública, programas para el bienestar, garantía de los derechos humanos y sociales, construcción de la paz y la seguridad.
Todos tenemos que poner el ejemplo. En lo que a mí respecta, les instruyo que en ningún caso acepten que miembros de mi familia o particulares que usen mi nombre hagan gestiones, realicen trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno.
Les recuerdo que, de no actuar con ética y honradez, y de no atender estas instrucciones, podrían incurrir en actos de corrupción y, por tanto, ser responsables de delitos sancionados por la Ley.
El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.
El dinero que habría recibido el exlegislador, según el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la Reforma Energética.
Los señalamientos de Lozoya implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya.
Por estos hechos, el 9 de abril de 2021, Lavalle fue internado en el Reclusorio Norte por órdenes del Juez de Control, Marco Antonio Fuente Tapia, y permaneció encarcelado hasta el 16 de septiembre de 2022 para llevar su proceso en libertad provisional.
Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.
