Carlos H.
La diputada Anahí Esparza Acevedo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), destacó que la propuesta de reforma judicial para el Estado de México, presentada por su fracción, no afectará los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial en la entidad, y aseguró que el PT velará por su protección.
En conferencia de prensa, acompañada por el diputado Issac Josué Hernández Méndez, Esparza Acevedo enfatizó que, a pesar de los rumores que han circulado, la reforma no perjudicará la carrera judicial ni los derechos laborales de los empleados.
«Es importante dejar claro que no se afecta a los trabajadores. Se ha dicho que esta reforma impactaría las condiciones laborales, pero no es así. Inclusive, la carrera judicial no se ve comprometida con nuestra propuesta», aseguró.
Esparza Acevedo mencionó que, dentro de la iniciativa, se está proponiendo la creación de un órgano responsable de la administración y la disciplina judicial, cuyo objetivo será asegurar una impartición de justicia más eficiente y libre de corrupción. En este sentido, señaló que se busca eliminar privilegios y los altos salarios injustificados que existen en algunos puestos judiciales.
«Estamos luchando contra los privilegios que han beneficiado a unos cuantos, y es fundamental que en el Estado de México tengamos una justicia pronta y expedita. No podemos permitir que siga habiendo casos de corrupción que perjudiquen a la ciudadanía», agregó.
La legisladora dijo que la propuesta del PT incluye ajustes tanto en la administración del sistema judicial como en su organización, con el objetivo de asegurar que la justicia se imparta de manera eficaz y que se respete el principio de no reelección de magistrados.
Por otra, el diputado Isaac Hernández Méndez explicó que la reforma tiene como objetivo homologarse con la federal en materia judicial con las particularidades del sistema estatal.
«La justicia en el Estado de México no es ni pronta ni expedita; persisten casos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y excesos en el gasto público», subrayó.
Hernández Méndez destacó que el Poder Judicial mexiquense recibe más de 5 mil 768 millones de pesos al año, pero la percepción ciudadana sigue siendo negativa respecto a la impartición de justicia.
Finalmente comentó que entre los puntos clave de la reforma, se plantea la eliminación del Consejo de la Judicatura, órgano responsable de la administración y gestión judicial, así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial local.
«Este tribunal se encargará de supervisar y sancionar a los jueces que no cumplan con su responsabilidad, y su gestión tendrá una duración de seis años», concluyó.
