Carlos H.
- Las víctimas invirtieron su capital en la financiera “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, ubicada en la colonia Centro del municipio de Tenancingo. Realizaron entregas de dinero en efectivo o depósitos en la cuenta bancaria a nombre de dicha financiera; inversiones que sumaron la cantidad de 91 millones 343 mil 783 pesos.
Tenancingo, Estado de México, 11 de septiembre de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de mil 115 años y 6 meses de prisión para Mario Alberto Becerril García y María Angélica Díaz Pichardo, tras acreditar su intervención en la comisión del delito de fraude.
El Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca determinó modificar la sentencia condenatoria inicialmente dictada el 28 de mayo pasado en contra de ambas personas, la cual fue de mil 69 años y 6 meses de prisión. Con la resolución la pena fue incrementada a mil 115 años y 6 meses de prisión, además también aumentó la multa a 2 millones 419 mil 133 pesos.
Indagatorias de la Fiscalía estatal precisaron que, en el periodo de febrero de 2010 a enero del año 2020, los ahora sentenciados y una persona más, defraudaron a 244 víctimas.
Los implicados, a nombre de la financiera denominada “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, engañaron a las víctimas haciéndoles creer que, si invertían su dinero en dicha organización, tendrían la calidad de socios y obtendrían ganancias superiores a las del mercado general que iban del 12% al 20% anual.
Derivado de lo anterior, las víctimas invirtieron su capital en la financiera “Empuje Regional a Micro y Mediana Empresa, Sociedad Financiera Comunitaria”, ubicada en la colonia Centro del municipio de Tenancingo. Realizaron entregas de dinero en efectivo o depósitos en la cuenta bancaria a nombre de dicha financiera; inversiones que sumaron la cantidad de 91 millones 343 mil 783 pesos.
Posteriormente en agosto de 2019, las víctimas solicitaron la devolución de su dinero y los rendimientos generados, no obstante, los imputados se negaron al argumentar que no tenían dinero para realizar dichos pagos.
Por ello fueron denunciados estos hechos delictivos ante el Agente del Ministerio Público, quien inició una indagatoria por el delito de fraude y con el avance en las mismas fue posible identificar a los responsables.
Con los datos aportados por el Ministerio Público y tras proceso legal, fue dictada esta sentencia de condena contra los involucrados.
