Carlos H.
- El informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, partes 3 y 4 del volumen 2, relata cómo en el periodo de 1965 a 1990, bajo sexenios priistas en México, el Estado reprimió a todas las disidencias, de carácter político o social, que pusieran en entredicho su monopolio político y control social.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) presentó su informe final el viernes 16 de agosto, luego de su creación en octubre de 2021 por decreto presidencial, donde concluyó que en el periodo de 1965 a 1990, el Estado mexicano instrumentó y operó violencia estatal de manera sistemática y generalizada, y es responsable de violaciones graves a derechos humanos.
En particular, en las partes 3 y 4 del volumen 2 del informe final, el MEH detalla la violencia política que orquestó el Estado, en ese entonces con cara de políticos priistas, contra una amplia gama de disidencias o comunidades con diversas características –como las políticas-partidistas, urbano-populares, sexo-genéricas, religiosas, periodistas y personas refugiadas– contra quienes emprendieron estrategias específicas dentro de una política contrainsurgente.
Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, miembros del MEH, recuperan en esta sección del documento toda la historia de los movimientos democratizadores y disidencias para evidenciar las violaciones graves a derechos humanos, así como sus causas y consecuencias, y quiénes fueron los perpetradores.
REPRESIÓN A CAMBIO DE MONOPOLIO POLÍTICO
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en los años sesenta aún se describía como el heredero de la Revolución Mexicana, reprimió todo proyecto político que pusiera en entredicho su monopolio político y el control social. Y aunque la violencia política se cometió principalmente contra fuerzas de izquierda, también ocurrió contra proyectos de derecha e incluso castigó la disidencia dentro del propio partido.
De acuerdo con el Mecanismo, los agravios cometidos contra militantes y simpatizantes de las disidencias político-partidistas eran más comunes en contextos electorales, o bien, en el caso de que los partidos políticos tuvieran fuertes vínculos con organizaciones y movimientos de masas. Esto incluía violaciones a derechos humanos con prisión por motivos políticos, algunas veces acompañada de tortura; ejecución extrajudicial y, en contextos rurales, masacres y ejecuciones sistemáticas.
Mismas que fueron perpetradas por actores de una estructura jerárquica y piramidal: los tres niveles de gobierno y del PRI, así como a otros que actuaban al margen de la ley, como pistoleros y grupos de choque.
El informe del MEH detalla la participación de estos personajes. Como los presidentes –que en ese periodo fueron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari–, quienes sí se involucraron directamente en la implementación de directrices de violencia política apoyados en otras instituciones a las que les delegaron las tareas represivas como la Dirección Federal de Seguridad (dedicada al espionaje, persecución y represión general) y el Ejército, (utilizado en casos considerados de especial gravedad o importancia).
En el siguiente nivel de responsabilidad, el estatal, los gobernadores se dedicaron a eliminar cualquier expresión política organizada que pusiera en entredicho su hegemonía y control: “Esta violencia política fue ejecutada, principalmente, por integrantes de las policías judiciales estatales, instituciones que gozaban de total protección para cometer diversos abusos y atropellos”, dice el informe.
Y a nivel local y municipal, donde se materializó de manera más fehaciente la violencia contra las organizaciones político-partidistas, el elemento central fue el caciquismo: líderes locales con enorme poder que controlaban diversos aspectos de la vida de sus comunidades y que pertenecían al PRI o estaban vinculados al partido. Muchas veces eran dirigentes de alguno de sus organismos afiliados (CTM, CNC, CROM, CROC, entre otras) y, lo más importante, tenían a su servicio grupos de pistoleros o militantes armados que sembraban el terror y sometían.
Este esquema represivo se vio apuntalado por la impunidad de la que gozaron los agentes perpetradores.
Un hito en la represión durante todo este periodo fue hacia el final, durante las elecciones de 1988 pues con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la masacre se instaló como fenómeno represivo central, cometido tanto en la capital del país, como en comunidades indígenas. Así como ejecuciones extrajudiciales de líderes comunitarios, organizadores sociales y militantes de izquierda.
PRI CONTRA LA VIVIENDA DIGNA
Entre 1965 y 1990, el periodo estudiado por el MEH, las violaciones graves a derechos humanos también fueron contra movimientos urbano-populares, la lucha por la vivienda digna que, hasta la fecha, sigue siendo un pendiente para el Estado mexicano.
En esos años emergió el movimiento urbano popular (MUP) que comenzó a organizarse para la toma de predios urbanos, propiedad del gobierno o de particulares, en las ciudades que presentaban un alto crecimiento de población debido a procesos de desarrollo industrial y de servicios y ante los altos costos de las rentas y las difíciles condiciones de subsistencia.
Al ser un movimiento político popular disidente, el MUP buscaba alternativas a la lógica de la política de partidos y para el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de la organización popular, lo que se transformó en hostigamiento hacia líderes porque sus acciones contravenían las proyecciones urbanísticas que representaban intereses económicos para los gobiernos locales y federales, en contubernio con empresarios.
Pero también porque representaron un riesgo para la gobernabilidad, por lo que, para el Estado, fue necesario desarrollar estrategias de control y contención. Por ejemplo, la historia del Campamento 2 de Octubre que inicia en la década de 1950 con la intensificación del movimiento demográfico hacia la ahora Ciudad de México.
Era un gran predio ubicado entre Iztacalco e Iztapalapa; los pobladores fueron orillados a residir en la periferia de la ciudad en asentamientos irregulares, donde carecían de servicios públicos y equipamiento urbano indispensable; mientras que la propiedad de los terrenos de la zona estaba en poder de ejidatarios, pequeños propietarios y terratenientes que actuaban como caciques y acaparaban terrenos baldíos.
En 1958, un grupo de obreros y subempleados, encabezados por Modesto Cornelio Román, en la cual participaron familias migrantes de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y México, tomaron los terrenos pero fueron reprimidos con desalojos y persecuciones de sus líderes.
Según los comisionados del mecanismo, en todas las movilizaciones que analizaron estuvo presente la infiltración por la necesidad de vigilar y tener información de primera mano de lo que sucedía dentro de las colonias populares para el Estado. Y para oprimir a dichos movimiento se implementaron tanto estrategias duras como blandas: cuando la negociación, división o cooptación no daban resultados entonces sucedían detenciones arbitrarias, encarcelamientos por motivos políticos, desapariciones forzadas transitorias, ejecuciones extrajudiciales y masacres.
Esto sin dejar de lado las graves violaciones a los derechos humanos por condición de género pues a las mujeres detenidas arbitrariamente, que eran habitantes de las colonias o que apoyaron las movilizaciones urbano-populares, fueron víctimas de violencia física y psicológica: golpeadas, torturadas y violentadas sexualmente, ello porque los perpetradores consideraban que sus cuerpos eran parte de un botín de guerra.
El Mecanismo concluyó, sobre el tema de las disidencias urbano-populares, que el uso de la fuerza por parte de agentes castrenses y policiales fue desproporcionado y que, por falta de solución de sus demandas por parte del Estado, la problemática urbana trascendió a la gestión urbana y se volcó en un problema político militarizado, criminalizando la gestión de servicios urbanos para una vida digna.
REPRESIÓN POR IGUAL
Así como se reprimió a las disidencias políticas y urbanas, esta práctica sistemática y violencia política del Estado, con caras de gobernantes del PRI, actuó contra de las disidencias sexo-genéricas de 1965 a 1990.
Y para entenderlo, el MEH definió a las disidencias sexo-genéricas como las personas y grupos cuya identidad o expresión de género o cuya orientación sexual “se aparta de la visión hegemónica de la sexualidad reproductiva” y biologicista que dice que el sexo biológico corresponde a manifestaciones específicas, para las que “el ser hembra o el ser marcho” refieren a una forma determinada de sociabilidad.
¿Por qué se les reprimió (y se les sigue reprimiendo)? Porque son antagónicas a la versión hegemónica de la sexualidad, se opone a la heterosexualidad, al machismo, el sexismo y al binarismo, y van contra los estereotipos de género que reproducen instituciones como la familia tradicional, la escuela, la iglesia y el Estado.
El informe del MEH indica que la represión contra estos grupos se recrudeció porque se asociaba a la homosexualidad como una supuesta corrupción de la juventud y en respuesta, la Dirección Federal de Seguridad realizó persecución politica de organizaciones sociales para la implementación sistemática del miedo y del silencio como métodos de coacción. Todo esto encaminó una política de Estado para perpetuar la violencia en contra de lo femenino y de lo sexo-diverso en México.
Otro factor fue la pandemia de VIH, un retroceso en la lucha por los derechos de las personas de la comunidad sexo-genéricamente diversa, pues fue utilizado para que los asesinatos que se cometieron en contra de la comunidad, especialmente en contra de las mujeres trans, aumentaran. Diferentes testimonios recabados por el Mecanismo señalan que durante aquella época se cometió un exterminio en contra de las mujeres trans y se perfeccionó el sistema de impunidad.
Las violaciones graves a derechos humanos también ocurrieron contra disidencias religiosas, otra vez, por desafiar la hegemonía. De acuerdo con los investigadores, la constitución de una religiosidad diferente fue considerada una oposición al poder de los caciques, la expresión del Estado en las comunidades y parte orgánica del Partido Revolucionario Institucional.
“Las disidencias religiosas en este contexto fueron parte activa y organizada de la disidencia política. Un elemento que atraviesa todos los casos de violaciones graves a los derechos humanos presentados en este contexto es la construcción de prejuicios y de campañas de difamación y descrédito de sacerdotes y religiosas, misioneros, pastores y familias genéricamente denominadas evangélicas. Los discursos de odio son parte fundamental para entender el escalamiento de la violencia”, relata el informe.
CONTRA PERIODISTAS Y REFUGIADOS
“¿Por qué se ejecuta, tortura y desaparece a periodistas en México? ¿Por qué se les ataca, persigue, amenaza y desplaza de manera forzada? Preguntas tan válidas hoy en día como hace medio siglo, durante el periodo de violencia política”, empieza el informe del MEH en el apartado de violaciones a los derechos humanos de periodistas.
Según los investigadores, entre 1965 y 1990 ante los ojos del Estado mexicano, ejercer el derecho a la libertad de expresión y la libertad prensa, sin ningún mecanismo de control político, “ponía en entredicho la continuidad del modelo posrevolucionario de partido hegemónico, así como el modelo de desarrollo, capitalista, sobre el cual sentó sus bases”.
Otra vez, represión para mantener el poder. De acuerdo con la información obtenida por el Mecanismo, esta violencia política tenía objetivos específicos: silenciar y generar un entorno adverso para ejercer el periodismo con una sensación de riesgo permanente dentro del gremio.
¿Qué se cometió contra periodistas? Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas transitorias y tortura. La mayoría de estos casos, como sucede hoy en día, quedaron en total impunidad.
Lo mismo ocurrió con las disidencias identificadas como personas refugiadas o en general, extranjeros en México. De acuerdo con el informe, el Estado mexicano, temeroso de que personas de nacionalidad extranjera se involucraran en la política nacional y ocuparan espacios amplios del territorio, violó de forma sistemática sus derechos humanos.
Tomaron como ejemplo el caso de personas de nacionalidad guatemalteca y la probable colaboración con dependencias de seguridad guatemaltecas para ejercer esta violencia política.
Fueron considerados como potenciales enemigos del régimen que podían influir a través de sus ideas “extranjerizantes” o de izquierda, y a partir de eso hubo acciones de espionaje, persecución y, en el peor de los casos, violaciones graves cometidas por fuerzas del orden del Estado como cercos de hambre, quema de casas y violencia física y psicológica.
