Carlos H.
- La iniciativa prevé dos cambios, el primero tiene que ver con la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el segundo es la gradualidad y escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, así como la periodicidad con la que se plantea su renovación.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dio a conocer este marte cambios en la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, aseguró que estos no afectaran la esencia principal de la iniciativa.
Durante el penúltimo foro convocado en Saltillo, Coahuila, el morenista aseveró que se alistan dos cambios a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), a fin de hacer “viable” la elección de jueces y magistrados por la vía del voto popular. Además, prevé la creación de comités de evaluación, los cuales estarán encargados de analizar a los aspirantes.
“En los próximos días vamos a poder expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, detalló Mier en su participación.
De acuerdo con Mier Velazco, se plantean dos cambios en la iniciativa, el primero tiene que ver con la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el segundo es la gradualidad y escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, así como la periodicidad con la que se plantea su renovación.
Ante las propuestas, Ignacio Mier afirmó que busca favorecer a millones de mexicanos que están en espera de que se le dé cumplimiento a un derecho constitucional, con el objetivo de tener acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita. Asimismo, señaló que el Poder Judicial y sus integrantes, en todos los estratos, garanticen la plena y total independencia y autonomía de cualquier otro Poder, así como de poderes fácticos ajenos al andamiaje institucional democrático de nuestro país.
Finalmente, el diputado garantizó a todos los trabajadores que “los derechos adquiridos, incluidos el retiro de haber, se van a respetar, porque es dinero de los trabajadores, porque es de ellos, es producto de su trabajo, de años de esfuerzo y eso, el más sensible de ello, es nuestro movimiento, porque es un movimiento que se debe al pueblo y respetamos los derechos del pueblo y los vamos a hacer por convicción y porque así debe de ser”.
“Damos testimonio de que vivimos en un país democrático, que en nuestro movimiento, lo reiteramos, sabemos escuchar, porque durante más de 40 años no fuimos escuchados y si algo aprendimos, es que debemos, en el diálogo prestar atención, respeto, disposición, porque nada puede ayudar a la democracia más que el respeto y el diálogo”, concluyó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron.
Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.
Con respecto a la Reforma Judicial, la iniciativa señala: “El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
El documento reflexiona que: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y explica: “Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.
