Carlos H.- El caso que se narra en la historia muestra todas las violaciones de derechos humanos en el contexto de la justicia penal.
Ciudad de México a 04 de Julio de 2024.-Durante el anuncio de la presentación del documental “Verónica y Erick Razo: un testimonio de resiliencia y justicia”, por Justicia TV y el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya producción narra la historia de los hermanos Razo, detenidos hace 13 años arbitrariamente en la Ciudad de México, acusados de pertenecer a una banda de secuestradores, con pruebas forzadas y confesiones obtenidas bajo tortura, se puso de manifiesto que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) están empeñados en plantear soluciones reales para una mejor impartición de justicia.
Esta historia con testimonios de las víctimas y personas defensoras que llevaron el caso será estrenado en el canal del Poder Judicial de la Federación, el próximo sábado 6 de julio a las 19:00 horas, y su repetición será el lunes 8 de julio a las 23:00 horas.
La magistrada Taissia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) aseguró que los cambios en el sistema de justicia deben partir del consenso de los actores sociales y de un diagnóstico objetivo.
Consideró que el caso de Verónica y Erick muestra todas las violaciones de derechos humanos que pueden ocurrir en el contexto de la justicia penal. Enfatizó que si no se voltea a ver a las policías y las fiscalías este tipo de casos pueden seguir ocurriendo.
El director de Justicia TV, Ernesto Velázquez Briseño, destacó que La Corte, y en general el Poder Judicial de la Federación, nunca han estado cerrados a los cambios, pero se debe evitar hacerlos sobre las rodillas o sin analizar casos como los de Verónica y Erick.
Ruth Zenteno López, directora de Investigación y Acceso a la Información de la Unidad de Litigo Estratégico en Derechos Humanos, resaltó que hay una visión sociocultural que acepta la tortura como un método de investigación para resolver delitos de alto impacto y ha persistido la idea errónea de que hay un conflicto entre defender derechos humanos y garantizar seguridad pública, al resaltar que vivencias como las de Verónica y Erick explican que se debe volver al debate público sobre la prisión preventiva oficiosa.
