Veracruz de los silencios ¿Qué Permitió que 17 Periodistas Fueran Asesinados de 2010 a 2016?

TRABAJO periodistas 2
  •  ¿Por qué matan a periodistas en México? Se ha dicho que les atacan narcos y también gobernantes, que así lo permite la impunidad, pero nada termina de explicar más de 20 años de violencia.
  • Por eso estudiamos el peor tiempo-espacio: Veracruz 2010-2016. Cuando al menos 17 periodistas fueron asesinados y otros 3 desaparecidos en un solo estado.
  • Encontramos que el miedo persiste, que la información desaparece, que las investigaciones no avanzan, los asesinos están libres y muchos tienen más poder ahora.
  • Encontramos un tercer actor decisivo, las empresas de medios. El sector privado como nocivo ecosistema de concentración, conflicto de interés, desigualdad.
  • Aparecen varias pistas nuevas para responder quiénes, cómo y por qué matan a periodistas.

PRIMERA PARTE

 

Por Paula Mónaco Felipe

Ciudad de México, 10 de enero (Artículo 19).– Es la tarde, la hora de la prisa. Correr para que la nota quede bien redactada, checar si están las fotos. Ajusta de aquí, corta de allá. La cabeza, ¿así o se cambia? No hay periódico tranquilo por la tarde, todo va a contrarreloj.

Las ventanas están abiertas en el Diario Cardel porque hace calor, aquí la temperatura llega hasta los 30 grados aún en invierno. Peor todavía si sopla el norte, un viento soporífero que da dolor de cabeza y persigue invadiendo cada rincón.

–¿Qué va a salir mañana?–, pregunta un hombre por la ventana.

Pregunta hoy como preguntó ayer y lo hará mañana. Y no será un sólo hombre sino muchos. A veces con armas visibles, la gente del jefe de plaza. Otras veces sin mostrar fierros porque no hace falta, todos saben quiénes son. Al periódico seguido llega la maña a preguntar qué traerá la edición del día siguiente.

No son los únicos, algunas tardes también golpean la puerta los policías. Llegan de diversas corporaciones para checar qué noticia irá de principal, si trae foto y cómo está encarada. Golpean, piden pasar o esperan afuera a que salgan a informarles con bastante detalle.

En otras ciudades del estado de Veracruz, en muchas ciudades en realidad, por teléfono se controla a la prensa. Llamadas por la noche para decir esto no se publica, mensajes a celulares de reporteros para dictaminar qué sí será nota.

Las células grasas tienen papel central en el deterioro cognitivo y la neurodegeneración

Es sabido que durante muchos años algunos grandes periódicos de Veracruz han enviado sus primeras planas a revisión de los gobernadores de turno pero aquí, en Cardel año 2012, el límite está fuera de todo lo pensable. Narcos y policías llegan a checar -y a veces editar- la portada.

José Cardel es una ciudad de 19 mil habitantes y mucho más importancia de lo que ese número pudiera decir. Aquí confluye la carretera federal 180 que cruza el país con la estatal número 40 que une al puerto con la capital política del estado. Además pasa el tren. Y está a sólo 30 kilómetros de la capital económica, Veracruz-Boca del Río.

José Cardel es un punto valiosísimo para el comercio, sea legal o no.

Por eso tal vez ha sido rehén de las disputas entre cárteles. Uno de los primeros lugares a conquistar cuando los Matazetas llegaron al estado de Veracruz con la intención de arrebatarle el dominio territorial a Los Zetas. Donde antes había un carnaval popular y campos verdes de caña de azúcar, la muerte fue tiñéndolo todo. Asesinatos primero, cuerpos tirados después. Decapitados, restos mutilados en bolsas de basura y desaparecidos: los días se pusieron difíciles y las noches imposibles.

–De 2007 en adelante fue un tiempo muy oscuro aquí. Entró la delincuencia organizada, se apoderó de muchos medios y de muchas personas que trabajaban para medios. No era posible ni platicar porque podían ir a decirles a los delincuentes lo que platicabas aún dentro de la casa–, recuerda alguien que vivió en Cardel entonces y decidió huir para sentirse a salvo.

Nadie quería hablar pero todos querían leer. Explotó el negocio de la nota roja. El Diario Cardel llegó a vender entre tres mil y tres mil 500 ejemplares cada día, es decir uno de cada seis pobladores compraba el periódico.

Cada mañana, en motos con bocinas como en carros de perifoneo se anunciaban por las calles las noticias más importantes. Y la gente corría a comprar. La sangre vendía.

En la foto él sonríe mostrando su registro de candidato a Diputado. Viste una playera polo blanca y lleva una mochila colgando del hombro izquierdo.

-Malhablado como toda la flota jarocha. Pero noble, honesto y sin malicia– así describe a Sergio Landa quien fue su compañero de redacción, Jesús Augusto Olivares Utrera.

Dice que siempre fue popular, querido en su comunidad, y por eso Nueva Alianza le ofreció ser candidato a Diputado por el distrito 13 de Huatusco. Nunca llegó a ocupar el puesto, se retiró un día antes de las elecciones porque el partido político no había cumplido la promesa de financiar la campaña con un carro y darle un convenio de propaganda al medio donde él reporteaba.

Sergio Landa nació en El Zapotito, un pueblo que hoy tiene 762 habitantes y era más chico durante su infancia. Los padres eran campesinos y los hermanos muchos.

Siempre le gustó dibujar y tuvo el anhelo de estudiar. Empezó la carrera de diseño gráfico pero no pudo terminarla porque no tenía dinero para seguir pagando los gastos que implicaba el estudio. Entonces se hizo rotulista, ese oficio añejo de quien a mano pinta letras, marcas, anuncios en carteles o bardas.

Sergio también tejió cinturones y fue árbitro de fútbol. Sus amigos lo recuerdan fiestero, bailador y fanático de la salsa. Pero también emprendedor, una persona entrona de las que sienten menos miedo que deseo de prosperar. Tal vez por eso se hizo periodista.

Estaba desocupado cuando supo de una vacante para diseñador en el Diario Cardel. Al llegar resultó que más bien necesitaban a un reportero y Sergio dijo sí, aunque nunca había trabajado en medios de comunicación. Empezaron aventuras que los colegas recuerdan por su andar tan entusiasta como atrabancado. Speedy González le decían algunos porque en una motocicleta chiquita iba a toda velocidad para llegar a tiempo a la escena del crimen. El reportero de hule le decían otros porque seguido se caía pero enseguida se levantaba.

Engrosó su agenda con el paso de los meses: contactos en las fuerzas armadas, servicios de emergencia, corporaciones policiales y como casi todos, también en la maña que siempre incluye a gente de uniforme. Hablaba con ellos, intentaba negociar las notas. Delante suyo llamaban a las papas -como decían a los policías- para preguntar cosas, pedir precisiones, girar órdenes.

Sergio se volvió un reportero empírico, como llaman en Veracruz a quienes no estudiaron la carrera sino que se hicieron periodistas de oficio, en la talacha. Ya dentro le gustó la adrenalina pero sobre todo le picó como dicen pica la nota roja: si te gusta cubrir policiales es un trabajo del cual ya no se sale, una suerte de adicción.

En aquellos años, reportear en Veracruz era emocionante pero no tarea sencilla. Porque la violencia arreciaba y era también un gran negocio.

Los empresarios de medios presionaban para tener las fotos más explícitas, los datos más reveladores: eso vendía. En la misma medida, los cárteles empujaban su propia agenda: Los Zetas queriendo que se mostraran sus ejecutados para infundir terror y Los Matazetas (luego Cártel Jalisco Nueva Generación) ordenando que nada de mostrar sangre porque ellos querían tener una imagen distinta. En medio quedaban los periodistas.

Las presiones llegaban de todas partes y muchas veces se contradecían las órdenes, ¿a quién hacer caso? ¿cómo negarse si en esa orden iba implícita la amenaza?

Para peor, reportear en Veracruz en aquellos años fue arriesgar la vida por poco. Sergio Landa empezó ganando 1,500 pesos quincenales, 107 pesos por día. Cuando se acumularon un par de años de experiencia y antigüedad llegó a ganar 2,500 pesos por quincena sin seguro social ni días de descanso. Menos de diez dólares al día.

Lo secuestraron dos veces, en 2012 y 2013. Del segundo secuestro no ha regresado.

 

CONVENIOS

Un misterio: al menos 27 medios, casi todos periódicos, cerraron en Veracruz alrededor del año 2016.

Algunos de ellos: El Diario del Sur, AZ Veracruz, Milenio El Portal, Marcha, Oye Veracruz y Capital Veracruz. También El Diario de Minatitlán, Matutino Expréss, El Mundo de Poza Rica, El Despertar de Veracruz, Veracruz News, La Voz del Sureste y Mundo de Xalapa, entre otros. Son medios de diversas regiones, historia y dueños pero todos dejaron de publicar casi al mismo tiempo, se extinguieron de un día para el otro como si les hubiera caído el mal.

Se ahonda el misterio: casi en las mismas fechas, al menos otros 5 periódicos cancelaron sus ediciones impresas y migraron a puramente digitales. Cerraron redacciones o las redujeron al mínimo, se achicaron.

Es mundial la crisis que atraviesan los medios impresos, ya hasta The New York Times ha valorado dejar de imprimir y otros grandes como El País cancelaron en algunas regiones. Pero en Veracruz a finales del sexenio 2010-2016 ocurrió otra cosa. El mal que se extendió contagiándose de redacción en redacción fue el final de la poción mágica que todo lo sostenía: convenios.

Por convenio se entiende a contratos de adjudicación directa que el gobierno encabezado por Javier Duarte daba a empresas de comunicación para difundir contenidos diversos. Lo que comúnmente se llama publicidad oficial. Fondos a veces sin etiquetar, sin objetivos claros, cheques en blanco.

Anuncios del Estado que son necesarios porque los medios de comunicación son empresas que requieren financiarse pero que en Veracruz -y en muchos otros estados- han sido utilizados como premios a la docilidad, estímulos para coberturas a modo.

No es nuevo el convenio ni la asignación de recursos estatales a la prensa, décadas atrás lo dejó claro el ex presidente José López Portillo al reclamar “no pago para que me peguen”. Tampoco es de hoy el peso de la publicidad estatal, financiamiento tan vital que a nivel país representa cerca del 60 por ciento de los ingresos en los medios, según estudios independientes. Pero en Veracruz, donde el gobierno de Fidel Herrera es recordado por repartir billetes a su paso, el tema alcanzó dimensiones excepcionales durante el sexenio de Duarte. “Pórtense bien”, les decía el gobernador Duarte a los reporteros mientras un sector específico de su gobierno se ocupaba de administrar lo que eso significaba.

La oficina de comunicación social pasó de tener un presupuesto de 50 millones de pesos en el año 2011 a 304 millones de pesos en el 2016. Se multiplicó en un 452 por ciento, según la Ley de Egresos de 2011 y un informe que elaboró el Órgano de Fiscalización Superior a pedido de diputados locales. Más tarde se ventilaron cifras escandalosamente mayores: el gobierno de Duarte pagó en convenios de comunicación cerca de 5 mil millones de pesos, es decir unos 294 millones de dólares, según dichos del fiscal Julio Rodríguez Hernández en una audiencia de vinculación a proceso.

Una persona definía el destino de ese presupuesto: Gina Domínguez Colio.

Cabello corto con mechitas rubias, cejas delgadísimas y mirada brava, María Gina Domínguez Colio fue una de las figuras más fuertes del sexenio. Tanto que la apodaron La vicegobernadora. Además de su carácter, destaca su trayectoria: es periodista con larga experiencia, conoce al mundo de los medios veracruzanos de punta a punta.

–Se encargaba del control de daños –dice un periodista que pide anonimato–. Ella desmentía las noticias. Llamaba a las redacciones y ordenaba ‘quiten esa nota, pongan esta’. Señalaba a gente y ponía a gente en peligro. Tan poderosa era que cuando encontraron los 34 cuerpos en casas de un fraccionamiento de Boca del Río [en 2011], Gina desmintió la noticia y después la Marina la desmintió a ella. Ni así la cesaron.

Sigue otro periodista, también de identidad reservada por seguridad:

–Gina hacía que corrieran a reporteros y reporteras si se salían del guión. Las fotos eran supervisadas por ella, qué se publicaba y qué no se publicaba en todos los medios, todos los medios. La intimidación era cabrona. (…) Primero es obvio, el de censura. Sigues insistiendo, te regaña. Sigues insistiendo, te corren o te amenazan con correrte, te suspenden los pagos o te atrasan los pagos [de convenios]. Sistemas que están perfectamente diseñados. Y si a pesar de que te corrieron de todos los medios, por ejemplo, no pongamos el punto máximo de exageración porque conservaste algunos [trabajos], entonces ya te intimida, te persiguen, te ponen marcaje personal y la última es la calentadita. Perdón, la última es la muerte. Porque eso fue algo que lo vimos perfectamente que empezaron a hacer un chingo. (…) Pero en eso ya no sé exactamente cómo laboraba ella, todo eran rumores.

En manos de Domínguez estaban montañas de dinero que tal vez fueron incluso más que los montos revelados por documentos, porque al concluir el sexenio aparecieron convenios pendientes de pagar. La deuda con detalles y nombres de empresas reclamando sumaba al menos 400,146,820.86 pesos cuando el presupuesto autorizado de ese año era en teoría de 304 millones, reveló Plumas Libres. Y aunque periodistas solicitaron montos y detalles de las partidas presupuestarias, el gobierno les respondió que era información reservada.

Precios del silencio. Mutismo tasado. Deudas con “medios y periodistas que ayudaron a lanzar incienso al paso del gobernador actual, a ocultar las balaceras, los muertos, a reportar hechos violentos como asaltos cuando en realidad en algunos casos se trató de ejecuciones, a voltear a otro lado cuando sabían del caso de una madre que buscaba a su hijo desaparecido por Los Zetas, por Los Jaliscos o por patrullas de la policía”, dice un texto de Ignacio Carvajal publicado el 11 de julio de 2016. Años después, en 2023, durante la presentación de un libro en la capital del país, la reportera Norma Trujillo resume: “en Veracruz no hay medios tan independientes, la publicidad marca una línea”. Otro colega que pide no revelar su nombre lo dice casi sin sorpresa, como algo normal:

–Es bien sabido que casi todos los medios se reportaban con comunicación social de Duarte. A mí me tocaba cuando estaba en el periódico que les comenté, yo tenía comunicación con [tal persona] porque yo era el editor en jefe. Y entonces también me encargaban que hablara con él para ver qué comunicado era el que quería el gobernador que saliera. Siempre le hablaba (…) Así pasó por años.

Situaciones surrealistas desató el poder de los convenios en tiempos del duartismo. Como ejemplo lo ocurrido en 2015, cuando algunos periodistas se manifestaron para exigir los pagos adeudados de propaganda oficial y dos directores se plantaron frente al palacio de gobierno en Xalapa con pancartas que decían “no hay ya para chayotes, el gobierno tiene otras prioridades”.

De acuerdo con documentos que publicó Noé Zavaleta en Proceso, el duartismo anualmente destinaba “entre 200 y 230 millones de pesos para publicitar su gobierno en radio, prensa y televisión (…) Y aunque ese dinero se etiquetaba, no siempre se pagaba”.

Se sumaban los escándalos, se hacía inminente la huída de Duarte y parte de su gabinete pero quedaban las deudas. Por ejemplo, al diario Marcha, uno de los repentinamente extintos, el gobierno le debía 4 millones 788 mil pesos. Al AZ, otro de los que se esfumaron, le debía mucho más, 27 millones de pesos.

Son 127 los convenios impagos que aparecen en la lista revelada en 2016. Hay personas morales, sociedades anónimas de capital variable, pero también nombres y apellidos de personas físicas. Hay editoriales, empresas de comunicación, de radio y consultorías mezclados con siglas que poco dicen. La mayoría vinculados al estado de Veracruz pero también aparecen medios nacionales de primera línea como El Universal ($3,800,000), Periódico Excélsior ($4,000,000), el grupo NRM Comunicaciones ($2,970,400.31) y el diario Reporte Índigo ($7,795,200).

Esto sólo entre quienes reclamaron adeudos en los últimos días de la administración 2010-2016, sin certeza sobre del total -ni el destino- del dinero que salió desde la oficina de comunicación de Veracruz en ese sexenio, la oficina de Gina Domínguez. En 2023, más de una década después de aquel tiempo, la oficina de contratos y convenios del gobierno de Veracruz responde vía transparencia que “no se cuenta con la información solicitada”, nada tienen o nada dicen.

 

¿ES POSIBLE DECIR ‘NO’?

Era una de esas notas cualquiera, las que poco importan. Taxistas protestaron para exigir mayor seguridad. Un texto breve que salió en el impreso perdido entre otros, pero a las once de la mañana el director llamó por teléfono.

–¿Estás bien? Hubo un problema con la nota que sacaste.

–¡Pero si es informativa!

–Ustedes saben que no tienen que sacar esas cosas.

La panza se hizo nudo, el corazón se agitó y el frío corrió por la espalda. Los periodistas en Veracruz saben cuánto peligro cabe dentro de la frase hubo un problema con tu nota: significa que la vida está en riesgo.

Sonó el teléfono otra vez. Era la maña citándolo en un lugar. Una de esas llamadas que no pueden ignorarse y una de esas citas a las que es obligado asistir aún sabiendo que tal vez no regreses.

Fue al punto indicado. Pasaron en un carro blanco mediano y le ordenaron subir. Adentro había hombres jóvenes con cabeza rapada y muchos tatuajes. Bien visible, un fusil AR-15 grandote.

–Nosotros cubrimos lo que pasa. Nuestros jefes de redacción son quienes deciden qué publicar y qué no…–, intentó explicar para excusarse.

–…Tu jefe ya sabe qué va y qué no va. ¿A poco no sabes que nosotros le damos lana a tu jefe? ¿A poco no te da? –respondió el jefe de plaza con cierto grado de asombro–. Ahí te dejo mi número. Para la próxima ya sabes, me marcas.

El terror de las llamadas y citas no negociables. La certeza de que el jefe de plaza pagaba al director y que él aceptaba los recursos condicionándolos sin decirles siquiera para qué lado debían jugar. Menos aún repartía ese dinero.

Los pagos en el diario eran de cuarenta pesos, dos dólares por nota.

Dos dólares cada vez que se arriesga la vida porque en Poza Rica, donde transcurre la historia, los años 2010-2016 fueron un infierno. La persona que relata, periodista, pide omitir todo detalle que pueda revelar su identidad ya que el riesgo aún persiste una década después y siguen mandando los mismos.

–Si algo te pasaba antes, ibas con la policía y te entregaban con aquellos. No se podía ni salir de noche ni pararse en lugares oscuritos. Era terrible. Aquí hubo miles de crímenes que no se publicitaron. No se pusieron en prensa ni nada porque ellos no querían que se publicitaran (…) Cuando quitaron a la policía todo bajó (…) Ahora aquí están los cuatro: Los Zetas que se llaman Grupo Sombra, el Cártel de Sinaloa, Jalisco [Nueva Generación] y Zetas Vieja Escuela.

En la plaza principal de Poza Rica ya poco se miran los murales del auge petrolero o la gran obra de Pablo O’Higgings, retratos de años dorados. En el kiosco, de árbol en árbol y sobre puentes peatonales cuelgan lonas -cada vez más- con fotos de personas desaparecidas.

Al otro extremo del estado, en la región sur, está la cuenca del río Papaloapan. Tierra Blanca, una de sus ciudades más importantes, donde cuentan que se borró por completo la idea de trabajo periodístico libre.

–Te obligaban a qué escribir y qué no. Te decían ‘esto sí y esto no’. O llegabas a cubrir [a la escena del crimen], los veías y nada más te hacían así: ‘no’ con el dedo. Ya ni sacábamos el equipo. Pero de darnos dinero, no. Aquí ni siquiera ofrecieron dinero. (…) Nos dicen coludidos y no es así (…) En Tierra Blanca había una época que era un pueblo fantasma. Vivíamos con la pata en el pescuezo.– Recuerda otro reportero quien también pide anonimato por seguridad.

Sigue trabajando y dice que todavía Tierra Blanca es a veces un pueblo fantasma. Antes por los secuestros, ahora por extorsión, ejecuciones y balaceras.

Los relatos se repiten parecidos en varias regiones del estado de Veracruz, un territorio tan amplio que bien podría ser un país: 71,820 kilómetros cuadrados. Tierras arrasadas por violencia y miedo, lugares donde las policías formaron (y a veces siguen formando) parte del crimen. Tanto que el entonces gobernador Javier Duarte optó por disolver a las policías intermunicipales: la de Xalapa en mayo de 2011, en diciembre del mismo año la de Veracruz-Boca del Río; en mayo de 2013 la de Coatzacoalcos-Minatitlán y dos meses después la de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla.

Disolvió todas las policías intermunicipales. En la zona del puerto la seguridad quedó en manos de la Marina y en general en todo el estado se desplegaron militares. Junto al entonces presidente Felipe Calderón, el 10 de abril de 2011 Duarte lanzó el operativo “Veracruz Seguro” que abrió paso a un mando único federal con envío de tropas militares, mayores recursos para seguridad y depuración de fuerzas policíacas. Al menos en la teoría, porque el hombre fuerte de la seguridad del duartismo, Arturo Bermúdez Zurita, tenía otros planes.

El Capitán Tormenta, como le decían, era Secretario de Seguridad Pública, responsable de la Policía Estatal. Y decidió lanzar sus propias corporaciones.

En 2012 presentó a un cuerpo de élite que llamó Grupo Tajín, el nombre de la pirámide más importante de la zona. En un evento al cual Duarte no asistió, Bermúdez Zurita dijo que 206 policías fueron entrenados cuatro meses por la Secretaría de Marina. Dijo que el objetivo era dar “el primer contacto y grupo de rescate y acción con la población civil”, pero poco duró el proyecto y menos aún cumplió con ese propósito. El Grupo Tajín fue una fuerza corrupta que naufragó un año más tarde cuando los policías de élite secuestraron en el municipio de Úrsulo Galván a 8 policías municipales que continúan desaparecidos.

En 2014 Bermúdez Zurita volvió a intentarlo con un segundo nuevo grupo, la Fuerza Civil. Otra vez la promesa de un grupo de élite y la apuesta multiplicada por diez: ya eran dos mil policías. El entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, estuvo presente en el evento. Pero tampoco mejoró la seguridad con la Fuerza Civil y los hechos turbios se multiplicaron.

Aún sin terminar el sexenio 2010-2016, el periodista Noé Zavaleta publicaba su libro “El infierno de Javier Duarte” (Proceso, 2016). Decía que hasta ese momento ya había al menos 470 policías municipales y estatales arraigados “para ser investigados por delitos federales, especialmente los relativos contra la salud y trasiego de drogas”. Publicaba también que tanto Los Zetas como el Cártel Jalisco Nueva Generación tenían “infiltradas las corporaciones policiacas” e incluso dividido el territorio: los policías de la región montaña y sur trabajaban con Los Zetas y los de costa y Sotavento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El escritor Juan Eduardo Mateos Flores retrata la metamorfosis de los policías del puerto en su libro “Reguero de Cadáveres”. Cuenta cómo aquel territorio que estaba totalmente plegado al poder de Los Zetas, a quienes llamaban “La compañía”, empezó a mutar en “Zetas volteados”. Lentes de pasta, chanclas y slang al hablar, Mateos Flores narra el cambio de plaza desde historias de chavos que murieron en los barrios. Y relata el momento preciso en que entró el nuevo cártel: Aventando 35 cuerpos se presentaron. Dijeron llamarse Matazetas pero “desde entonces dicho personal, sin saberlo, comenzó a operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Noé Zavaleta, el reportero joven que se atrevió a cubrir Veracruz para Proceso después del asesinato de Regina Martínez, marca dos nombres siempre presentes en las más turbias historias de la policía veracruzana de entonces: Arturo Bermúdez Zurita, “el tenebroso capitán tormenta” y entre sus subalternos más poderosos Marcos Conde, delegado de la secretaría de seguridad en la zona del Sotavento.

No es secreto en Veracruz que la policía de Bermúdez Zurita fue socia y parte del crimen organizado en varias regiones. Pero Zavaleta, alto y sonriente, con una franqueza inusual en aquel territorio donde todo parece silencio, publica que han sido detectados al menos tres campos de entrenamiento en los cuales los policías estatales enseñaban tiro a jóvenes sicarios de Los Zetas. En Cumbres de Maltrata y Rancho San Pedro, por ejemplo, les enseñaban a disparar pero también “a cavar fosas clandestinas sin dejar huellas, a tablear, a disparar, torturar y matar”.

Maestros del crimen.

 

***

La violencia no llegó a Veracruz con el gobierno de Duarte. Ya llevaba varios años y muchos identifican el inicio de los peores tiempos en 2007, cuando comenzó el dominio de Los Zetas. Era el periodo de Fidel Herrera, aquel gobernador a quien apodaron el Zeta 1.

Continua fue la violencia en los gobiernos de errera y Duarte, fue “el doble sexenio”, resume la escritora veracruzana Fernanda Melchor en el prólogo del libro Reguero de Cadáveres. Noé Zavaleta agrega que el duartismo fue el tiempo del “verdadero oscurantismo”. Sin palabras al azar, habla de los efectos de la disputa entre cárteles, el reacomodo de plaza, como también de las múltiples estrategias que el gobierno mantenía hacia la prensa.

–Duarte era muy amigo de los dueños de los medios. Al director del Diario de Xalapa se lo llevó tres o cuatro veces al extranjero. En 2013 que fue el tianguis turístico en Madrid, Duarte se llevó 15 de viaje. Incluso los llevó a la final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

Paseaban esos dueños que recibían millones de pesos en convenios pero pagaban a sus periodistas sueldos de miseria. Horacio Zamora nunca fue a esos viajes.

Trabajó 15 años como periodista. Estuvo en varios medios de Xalapa y el puerto de Veracruz. Fue colaborador en algunos, vendía contenidos en otros. Eran tiempos de ejecuciones, embolsados y ensabanados cuando él freelanceaba, se buscaba la vida. Cubrió aquellos años de violencia pero ahora, una década más tarde, mira también otras violencias que no eran sangre en las calles.

-–En ese momento tú no lo percibes y dices, así es el jefe, así es la línea del periódico, es la manera de trabajar, así es el oficio de periodista. Pero la verdad estaban violentando muchísimos derechos tuyos, tanto laborales como civiles, profesionales. Ahora lo ves y dices me explotaron, abusaron de mí, hicieron lo que quisieron. Me tocó ver un sinfín de abusos. La famosa censura a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, comienza en las redacciones con sueldos miserables, con agendas de trabajar 12-15 horas. No tienes seguridad social, si algo te sucede es tu problema, trabajas con tu carro, con tus recursos. Yo llegué a tener en Veracruz creo que 9 ó 10 trabajos a la vez.

Mira en perspectiva porque pasó el tiempo pero también porque ya no está aquí. Se fue. Por segunda vez se exilió en un país más seguro.

–Yo creo que de allá de México todo el mundo quiere salir huyendo, ¿no?

 

***

Sergio Landa escribía y tomaba fotos en Diario Cardel. Ganaba 2,500 pesos por quincena sin seguro ni días de descanso.

Rubén Espinosa tenía el mismo sueldo como fotógrafo en Xalapa y Gabriel Huge cobraba un poco más, 3,000 pesos por semana en la zona del puerto.

Gregorio Jiménez, que cubría con texto y fotos el municipio de Villa Allende, ganaba 20 pesos por nota. Corriendo mucho eso significaba a veces 100 pesos por día o unos 1,700 pesos mensuales más 800 para gasolina en el diario Liberal del Sur (periódico de la familia del magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, acusado de millonarios contratos fantasma).  También en Coatzacoalcos, en Notisur un reportero de planta con estudios ganaba 3,600 pesos al mes y becarios y estudiantes ganaban entre 700 y 1,000 pesos por quincena.

Parecido estaba el panorama en la zona del puerto. Los reporteros ganaban al mes entre 5,000 y 6,000 pesos en la mayoría de las empresas. Por encima sólo estaba el diario más popular, Notiver, donde se podía obtener 8,500 a la quincena.

Transformados a dólar los números son hirientes: sueldos de 500 dólares mensuales para reporteros titulados; la mitad (o menos) para los de oficio, los empíricos. Días completos por un pago de 8 a 16 dólares.

Monedas por arriesgar la vida.

Monedas por entrar a una ilegible guerra dislocada.

–A veces es imposible sustraerse de esa situación –dice un periodista–. Si me preguntas oye, ¿tuviste relación con esas personas [, los narcos]? Te puedo decir que con muchas porque tienes que aprender a convivir, porque si no, no sobrevives.

–Los Zetas pagaban 15 a 20 mil pesos por mes a la prensa que le entraba–, dice otro periodista del puerto.

Hasta cuatro veces lo que pagaba un periódico. ¿Cómo decir “no” cuando la necesidad es mucha? ¿Cómo decir “no” cuando no hay margen para decidir? ¿Cómo decir “no” si negarse puede hacer que te maten hoy mismo?

No siempre pagaban, no a todos les pagaban. Pero sí les exigían.

–No era optativo. No era optativo para los que se dedicaban a la policíaca aceptar o no la línea del grupo criminal (…) Tuve testimonios de personas que cuando se negaron diplomáticamente a seguir la línea del grupo criminal, entre comillas a llevársela tranquila como se dice coloquialmente, pues tuvieron consecuencias (…) A uno lo privan de la libertad, lo torturan–, dice Jorge Morales, ex integrante de la comisión de atención a periodistas.

–Te alineas o te alineas–, dijo un policía a Sergio Landa y pocas horas después fue secuestrado por primera vez.

De un lado patrones que pedían mucho y pagaban poco, del otro gente armada sin ley.

Para muchos no fue posible negarse: la línea o la vida.

 

BOTÍN DE PRENSA

Apenas tres familias manejaban al menos 24 medios de Veracruz y muchos de los dueños de empresas informativas eran al mismo tiempo políticos con puestos de gestión pública.

Edel Álvarez Peña, vinculado al Grupo Editorial Olmeca, tenía 8 medios durante el periodo de Duarte (más otros cuatro en Chiapas y Tabasco). No es periodista. En varias décadas de trayectoria política fue presidente municipal de Coatzacoalcos, presidente estatal del PRI, coordinador de asesores del gobierno estatal y director del Registro Público de la Propiedad, entre otros cargos. Propuesto magistrado por el entonces gobernador Fidel Herrera y nombrado por el congreso estatal en 2010, luego en diciembre de 2016, en el primer día del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Se retiró hace poco y ha sido señalado por presunta corrupción: simular contratos por unos 350 millones de pesos con empresas fantasma vinculadas al escándalo internacional de lavado conocido como los Papeles de Panamá, de acuerdo a la investigación periodística de Flavia Morales.

Segundo conglomerado veracruzano de medios con visible conflicto de interés es el grupo La Voz del Istmo e Imagen del Golfo, con 5 periódicos propiedad de la familia Robles-Barajas. Lo encabeza José Pablo Robles Martínez, esposo de Roselia Barajas y Olea, quien fue diputada federal (1997-2000) y siguió por el camino político porque es ahora embajadora en Costa Rica, enviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La hija de ambos, Mónica Robles Barajas, ha sido dos veces diputada estatal (2013-2016 y 2018-2021), primero por el Partido Verde, luego por Morena. Era diputada al mismo tiempo que representante legal del grupo editorial de acuerdo al padrón de medios de la Secretaría de Gobernación.

El esposo de Mónica, Iván Hillman Chapoy, es ex alcalde de Coatzacoalcos y su hermano, Pablo Robles Barajas, es desde 2012 alto funcionario  en la Comisión Nacional del Agua.

Tantos convenios (de publicidad oficial) han obtenido las empresas de la familia Robles-Barajas que en el pasado el ex gobernador Fidel Herrera criticó a Pablo Robles Martínez al llamarle “succionador profesional”.

Tercero pero no menor es el Grupo Editorial Sánchez, propiedad de la familia Sánchez Macías. Han estado en el negocio informativo por décadas pero el sexenio 2010-2016 fue su mejor momento: llegaron a tener 11 periódicos y una revista, de los cuales sobreviven 7. Inconfundibles, todos llevan por nombre El Heraldo.

Han tenido ediciones en Xalapa, Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos y Córdoba, filial que se inauguró en plena era Duarte. En la crónica de ese día, 21 de marzo de 2014, se narra que estuvieron presentes funcionarios estatales y federales. Cortando el listón aparece Antonio Tony Macías Yazegey, papá de Karime, suegro del entonces gobernador, junto a Eduardo Sánchez Macías, el hombre que públicamente encabezaba el grupo.

La esposa del Gobernador y el dueño del conglomerado de medios comparten apellido. Se dice que son primos o primos lejanos. Eduardo Sánchez Macías lo desmintió cuando se tambaleaba el gobierno duartista pero no ha mostrado actas de nacimiento. Más allá del posible parentesco, mientras era responsable de esos periódicos Sánchez Macías era también diputado local y en 2019 acabó preso por el delito de “fraude por simulación”, es decir asignar desde el congreso publicidad para sus propios periódicos.

El exgobernador Miguel Ángel Yunes declaró que entre 2010 y 2016 el gobierno de Duarte les dio a sus parientes convenios por 230 millones de pesos, más de 11 millones de dólares, pero lo cierto es que no se ha esclarecido aún el caso del Grupo Editorial Sánchez. Pariente o no del gobernador, igual existe conflicto de interés: empresario de medios al mismo tiempo que diputado y como si fuera poco, designado entonces secretario de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas.

La carrera política de Eduardo Sánchez Macías incluye camisetas de todos los colores: pasó por la filas del PRI, después militante del Partido Verde Ecologista de México, de Nueva Alianza, luego de Movimiento Ciudadano y hacia el presente se enfiló en Morena.

Otro político y al mismo tiempo empresario de medios es José Alejandro Montano Guzmán.  Director de Milenio El Portal, un periódico que hizo parte también de la misteriosa extinción masiva. Montano Guzmán pertenece a una familia ligada en varias generaciones a la seguridad personal de los gobernadores priístas de Veracruz. Militar de carrera, fue secretario de seguridad durante el sexenio de Miguel Alemán (1998-2004) y luego estudió administración pública y derecho para lanzarse con todo al mundo político. Fue diputado local por el PRI (2004-2007) y diputado federal (2012-2015) mientras dirigía la filial veracruzana del diario Milenio. Gina Domínguez Colio, la mujer fuerte del gobierno de Duarte, la que asignaba los cuantiosos contratos de publicidad, fue jefa de redacción de ese periódico y Víctor Báez Chino, periodista asesinado, era editor.

Son algunos de muchos ejemplos porque el límite de lo público y de lo privado se difumina seguido en los medios veracruzanos de entonces: gobernantes dirigían medios editoriales, había funcionarios dueños de publicaciones y políticos accionistas o fundadores de periódicos. Vínculos que condicionan, que generan turbios compromisos editoriales.

–Mi jefe me llamó un día, muy molesto –relata un periodista de Xalapa–. Oye, ya me enteré que tú andas con ese asunto, ¿no? ¿No te das cuenta que me estás perjudicando? Porque yo tengo convenios aquí que se pueden caer si tú sigues con eso. Me dijo ya bájale. Igual ya bájale porque ya me dijeron que te van a partir la madre, te lo digo yo, que yo tengo el contacto ahí directo con gobierno del Estado.

Cuenta también que una vez participó de una protesta en el Congreso y los policías lo golpearon enfrente de los diputados. En una banca, observando el abuso sin decir nada, estaba una diputada que al mismo tiempo era directiva del medio donde él trabajaba.

Pero hablar de millonarios contratos de propaganda oficial del duartismo con empresas periodísticas requiere consignar también al Grupo Capital Media, de la familia Maccise. Fundado en los ochenta por Anuar Maccise Dibb y heredado por sus hijos José Anuar y Luis Ernesto Maccise Uribe, llegaron a tener 13 medios en el país que incluyen televisión (Efekto TV), radio (Capital) y varios impresos especializados como The News y Estadio, aunque sólo un periódico en Veracruz: Capital Veracruz.

De acuerdo con los documentos hasta ahora conocidos, a ellos les quedaron debiendo cerca de 8 millones de pesos que se asignaron vía su periódico Reporte Índigo. Aunque no sólo publicidad les dieron: en dos adjudicaciones directas, es decir sin concurso, en 2014 y 2015 el gobierno veracruzano compró a los hermanos Maccise Uribe 66 millones de barritas de granola, 47 millones de barritas de amaranto y otros productos marca NutriWell por un total de 191 millones 315 mil pesos. Les compró productos que serían entregados en desayunos escolares de comedores infantiles públicos, reveló una investigación periodística de Sebastián Barragán.

Amigos del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los hermanos Maccise Uribe también fueron beneficiados con contratos similares para desayunos escolares en el Estado de México y aparecen vinculados a desfalcos que podrían sumar hasta mil millones de pesos. Además, tanto Peña Nieto como Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y otros ex altos funcionarios ahora investigados por diversos actos de corrupción, fijaron domicilio en Montes Urales 425: la sede del Grupo Mac Multimedia y del despacho Maccise Uribe, publicó el reportero Juan Omar Fierro. Aparece un detalle no menor: José Antonio García Herrera, abogado de Mac Multimedia, es el editor responsable de los periódicos del Grupo Capital.

De empresarios de medios a funcionarios y de funcionarios a empresarios de medios: la edición de prensa como infinita puerta giratoria para millonarios negocios de la clase política mexicana.

Con la información como herramienta para succionar fondos, extorsionar a otros políticos, sostener (o destruir) carreras. Proyectos más económicos que editoriales. Intereses más allá de informar: la prensa como vía de corrupción, la prensa como botín.

Y en medio, con sueldos de miseria y muchos riesgos, atrapados los periodistas. Al menos cuatro de las víctimas tiempo-espacio trabajaban en empresas de los grupos y políticos nombrados: Gregorio Jiménez, Sergio Landa y Gabriel Fonseca en medios del Grupo Editorial Olmeca, Víctor Báez Chino en Milenio El Portal.

Carlos H.


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