Carlos H.
- El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, argumentó que la documentación para solicitar la intervención de teléfonos móviles puede ser falsa, ya que no coincide con la nomenclatura de los oficios y carpetas de investigación que maneja la dependencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) rechazó de forma tajante que haya ordenado el espionaje a números telefónicos de políticos del PAN como el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la senadora Lily Téllez; y de funcionarios actuales de Morena como Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte, quienes forman parte del gabinete de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, afirmó que nunca solicitó a la empresa Telcel escuchas o datos de geolocalización de los 14 números telefónicos que se mencionan en una nota del diario The New York Times y argumentó que la información presentada por el periódico estadounidense refleja el uso de información falsa para solicitar intervenciones telefónicas y de geolocalización en contra de 14 personas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel, escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas.
Por lo anterior, la Fiscalía capitalina anunció una investigación por el uso de documentos falsos para solicitar a un juez de control las citadas autorizaciones y de esta forma conocer el origen de dichas peticiones.
Una prueba de la supuesta falsedad de dichos documentos es que la nomenclatura de los oficios y carpetas de investigación que presentó el diario estadounidense no coincide con las claves que usa la fiscalía capitalina para armar sus expedientes.
“Dado lo anterior, se aduciría que la supuesta documentación con la cual se solicitó la información referida a la compañía telefónica, es falsa, por lo que se dio vista a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que se lleve a cabo una investigación a fondo, para conocer el origen de los supuestos documentos”, sentenció Ulises Lara.
En este marco, la Fiscalía capitalina también informó que ninguna de las 14 personas mencionadas en la nota del diario estadounidense cuentan con órdenes de aprehensión por algún delito y aclaró que tampoco tienen abierta ninguna investigación por los delitos de secuestro o desaparición forzada de personas.
No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de Gobierno con la nomenclatura que se señala en la solicitud de información.
En total, 14 personas habrían sido objeto de espionaje de manera ilegal según la denuncia de Santiago Taboada, incluyendo dos servidores del Poder Judicial de la Federación (PJF), Dolores Igareda, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Ricardo Amezcua, consejero de la Judicatura Federal.
No obstante, el vocero de la fiscalía capitalina reiteró que esa institución “no espía a personajes políticos, ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
Agregó que cualquier petición de intervención telefónica que solicita la Fiscalía a las empresas operadoras del sector se hacen “en estricto apego a la Ley, sin violentar ningún procedimiento o normatividad, ni los derechos de alguna persona”.
Y en ese sentido, como lo señala el diario, esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones.
Además, acusó al diario estadounidense de confundir a la Fiscalía capitalina con la Fiscalía General de la República al comparar información del pasado sobre intervenciones telefónicas ilegales, con la situación que el NYT presentó este miércoles 9 de noviembre.
Por último, consideró que la publicación del diario estadounidense es una respuesta a la acusación que – más temprano – había hecho la propia Fiscal Ernestina Godoy contra el PAN por politizar su ratificación derivado de las investigaciones que esa dependencia ha realizado contra el denominado Cártel Inmobiliario y los procesos penales abiertos en contra de 11 personas ligadas a la alcaldía Benito Juárez, entre servidores públicos, gestores y contratistas. Además, recordó que hay dos sentencias firmes de funcionarios que ya reconocieron su participación en la trama delictiva y 60 inmuebles asegurados
