Frida C.
Por Joaquín Vela González
Hay muchas deudas ilegítimas que pagamos todos los mexicanos. La más conocida es el Fobaproa, pero existen más. Estas deudas corresponden a diferentes épocas, razones y causas. Pero todas ellas tienen algo en común: la opacidad y el escaso conocimiento que los mexicanos mantienen sobre el tema. Es urgente y necesario que el Gobierno realice una auditoría de preferencia pública y con intensa participación social sobre el tema. Las variantes del endeudamiento son diversos: Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas); Proyectos para Prestación de Servicios (PP’S) y Asociaciones Público Privadas (APP’S) Son figuras que durante los últimos años en el neoliberalismo, los gobiernos mexicanos utilizaron estas figuras para ceder actividades anteriormente reservadas únicamente al Estado: Privatización de Servicios Públicos, cárceles, carreteras, agua y otros.
La principal característica, es que éstos no se registran como deuda pública, sino que se pagan como irreductibles con el capítulo mil del presupuesto. El ser irreductibles significa que: primero les pagas a los deudores de los PP’S y APP’S y si te queda dinero como Gobierno después les pagas a los maestros y los médicos, es decir tienen prioridad estos compromisos.
Decimos que presumiblemente muchas de estas deudas son ilegítimas porque por ejemplo: los Piridiegas, se usaron para permitir la inversión de privados en Pemex y CFE, cuando éstas eran de total propiedad estatal y constitucionalmente estaba prohibido, es decir era ilegal. Sin embargo se hizo durante la mayor parte del periodo neoliberal. Evidentemente que para los inversionistas privados, invertir en estas empresas les daba una seguridad enorme por el respaldo estatal y no arriesgarse a emprender un nuevo negocio. De igual manera los PP’S en los estados y las APP’S a nivel federal, eran inversiones que igualmente contaban con el aval estatal y eso funciona como un seguro para dichas inversiones. Aquí el tufo de lo lo ilegal, es que las actividades que estos proyectos abordaron, todas ellas eran reservadas exclusivamente al Estado, y fueron privatizadas para beneficiar a ciertos empresarios favoritos de los gobiernos neoliberales en turno. Por ejemplo las privatizaciones de diversos organismos del agua en algunos estados gobernados por panistas. O las comidas de muchas cárceles que fueron concesionadas a familiares de expresidentes, además de los recientes anuncios de que el gobierno actual comprará algunos hospitales a sobreprecio precisamente de los construidos bajo este esquema de público privados. Finalmente, quiero referirme a los conflictos legales que existen con la constructora de los segundos pisos, la española OHL, que supuestamente ya vendió a otra empresa Aleatica, pero en transacciones poco claras. Esta obra cuando menos en el Estado de México, tiene infinidad de demandas que exigen que el Gobierno recupere esta propiedad con base en todas las irregularidades que tiene acumuladas.
Por todo ello es importante que se realice una auditoría integral con participación social a los diferentes formas de deuda y se demuestre la legalidad de las mismas, como lo ha venido exigiendo La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública Nacional y Extranjera (YA Por el bien de todas y todos) desde hace varios años; esta organización mexicana es también miembro del
Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM).
Esta tarea es impostergable máxime que existen casos como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que es una deuda adquirida para realizar un salvamento de los banqueros durante el gobierno de Ernesto Zedillo con el argumento de que se hacía para darle seguridad a los ahorros de la población. Con el tiempo se ha comprobado que fueron los propios banqueros los que habían hecho mal uso del dinero. Incluso AMLO desde la oposición se opuso a esta maniobra e incluso escribió un libro sobre este tema. El monto original de lo solicitado a la Banca internacional fue de 552 mil millones de pesos. Actualmente se debe más de un billón de pesos (1 billón 040 millones), y este año se pagarán 54.2 mil millones de pesos. Por eso hay autores que aseguran que hasta 2070 se terminará de pagar esta deuda ilegítima. En 2008 siendo el autor de estas notas Diputado Federal y Secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, me percaté de que el monto de los pagos de intereses en ese año a los Pidiriegas fueron 4 veces más grandes que el presupuesto autorizado a mi alma mater la UNAM, pregunté qué quién serían los beneficiarios de esa suma a los responsables de la Secretaría de Hacienda, obviamente esa información nunca me fue revelada. Ahora con este gobierno, que busca la transformación del país ésta y otras informaciones deberían ser del dominio público. Para evitar especulaciones que todos podamos hacer o inventarnos. Por ejemplo podemos pensar que muchos que invertían en estos temas eran los mismos políticos neoliberales saqueadores. Para evitar caer en el dicho “Peca más el mal pensado…”
Sin duda, lo mejor es hacer una Auditoría Integral Pública con participación social que seguramente nos liberará de seguir aportando al capital financiero sumas cuantiosas por deudas fraudulentas y destinar estas a obras en beneficio de los mexicanos. En México el capital financiero internacional tiene a uno de sus clientes cautivos. La desregulación financiera les ha servido para tener libertad total en el manejo de sus negocios. El Estado Mexicano no los ha podido regular cómo se deberia. Ni al capital financiero nacional, mucho menos al internacional. Por lo mismo, realizar una revisión de nuestras cuentas es algo totalmente justificado y legal. Ojalá prospere esta propuesta de auditar la deuda que promueve La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda y que muchos mexicanos apoyamos y vemos con simpatía.
velaj@economia.unam.mx
