Frida C.
• La Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional defendió el presupuesto del Poder Judicial Federal ante legisladores como parte de las discusiones alrededor del presupuesto federal que se designará en 2024 y alegó la importancia de los fideicomisos que se han propuesto a extinguir a través de la votación en comisiones de la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Dimpna Gisela Morales González, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2024 ante diputados y diputadas y confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores.
La declaración de la funcionaria suma argumentos tanto para los legisladores del partido Morena como para el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ese poder gasta miles de millones de pesos del erario en privilegios para su cúpula que, además de exagerados, no se justifican ni tampoco se reflejan en beneficio del pueblo de México, una discusión que en las últimas semanas a enfrentado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador Hamlet García Almaguer (Morena) cuestionó a la funcionaria de la SCJN sobre el destino de 386.3 millones de pesos bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal [CJF]”, sobre todo para cuántos funcionarios y funcionarias es que se destina dicho monto del presupuesto del Poder Judicial.
En respuesta, Morales González, si bien aclaró que el monto no necesariamente refleja que todo se utilice ni que todos los funcionarios a los que se les dirige la partida del presupuesto ocuparán el 100 por ciento, confirmó que dicho concepto está contemplado para mil 767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en dicho apartado.
Acaba de pasar, la representante del Poder Judicial Federal no quería contestar, pero tuvo qué.
En dicho encuentro, la Oficial Mayor de la Suprema Corte explicó que seis de los 13 fideicomisos de los que se discutirá su permanencia están vinculados directamente con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo aquellos respecto a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.
Las pensiones complementarias, así como otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones de largo plazo, es decir que el compromiso comienza cuando el trabajador adquiere la prestación y concluye cuando éste fallece.
Es por ello, argumentó, que el proyecto de presupuesto del PJF para 2024 está estrictamente apegado al marco legal para definir su construcción, así como contar un debido sustento en cada rubro de gasto público.
“Si revisan a detalle el proyecto de presupuesto podrá observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación, es decir para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”, defendió la funcionaria.
Además dijo que el Poder Judicial no sólo cuenta con un compromiso con la impartición de la justicia, sino que también con la transparencia y la rendición de cuentas.
En su participación, el Diputado morenista Juan Ramiro Robledo preguntó a Dimpna Gisela Morales sobre los supuestos recursos excedentes de presupuestos anuales, los cuales se han acumulado e integrado en fideicomisos a través de subejercicios, a lo que concretamente preguntó si el PJF sabe que eso implica una violación a la Ley de Presupuesto.
En respuesta, Morales González pidió a las y los legisladores presentes la diferencia entre subejercicio, economía y un ahorro. Con respecto a estas dos últimas, expuso que se “derivan de los esfuerzos que hacemos los entes públicos para ajustar nuestro gasto de operación y que a través de esos esfuerzos nosotros podemos contener el gasto, al cierre del ejercicio pueden resultar disponibilidades por diferentes razones que pueden derivar de contratos abiertos, de diferencias cambiarías, y de algunos otros conceptos”.
Es por eso que, aseguró, surgen los recursos que se acumulan en los fideicomisos, mientras que las disponibilidades del presupuesto se reintegran en su totalidad a la Tesorería de la Federación.
“No transferimos subejercicios a los fideicomisos y las disponibilidades. Al cierre del ejercicio, las reintegramos a la Tesorería de la Federación. En lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte”, añadió.
Aseguró que en 2022 reportaron dos mil 895.7 millones de ahorro, y fue la cantidad que se reintegró a la Tesorería al cierre del ejercicio por el concepto de ahorros y economías.
Hamlet Almaguer nuevamente cuestionó sobre el hallazgo en 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los fideicomisos del Poder Judicial, hecho en el que aseguró que hubo irregularidades, aunque no detalló cuáles.
Al respecto, la Oficial Mayor reconoció que en 2018 la ASF realizó fiscalizaciones, entr las cuales revisó los fideicomisos del PJF; sin embargo, precisó que en ninguna parte de los informes realizados se encuentra que la Auditoría reportara una ilegalidad con respecto a la conformación de los fideicomisos o un manejo inadeucado de los mismos, sino que la ASF emitieron “recomendaciones”, algo que consideró como sustancialmente diferente a hallazgos que pudieran implicar faltas administrativas.
AMLO: PJ NO HACE NADA POR EL PUEBLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana volvió a exhibir públicamente los “lujos de una élite” ante la mayor escalada en el conflicto entre poderes, pues trabajadores del PJF volvieron a manifestarse en la Cámara de Diputados en reclamo por la reforma que busca extinguir 13 fideicomisos.
“Dicen ‘vamos a hacer un paro’, pero si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia, van a hacer huelga de brazos caídos si siempre están. No hay nada que haya hecho el Poder Judicial hasta la fecha, en 40 años, en benefició del pueblo y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías”, acusó el Presidente.
López Obrador cuestionó el actuar de los impartidores de justicia en casos en lo que él buscó la protección de justicia como líder opositor ante las reformas Energética y Educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese sentido, recordó que recientemente los jueces han protegido a exfuncionarios como Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, preso en Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada.
López Obrador ha señalado cómo Iberdrola creció e hizo negocios en México bajo el amparo de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De hecho, la española contrató a Calderón Hinojosa y a su Secretaría de Energía, Georgina Kessel, una vez que dejaron la Presidencia.
LA SCJN QUIERE MÁS LUJOS; PIDE MILLONES EN EL 24
PARA DEPORTES, COCINA, SEGUROS, BONOS, TELÉFONOS…
La SCJN, que en este sexenio ha sido criticada desde los poderes Ejecutivo y Legislativo por destinar millones a gastos que consideran “superfluos”, solicitó para 2024 un total de seis mil 109 millones de pesos, de los cuales, más de dos mil millones de pesos se destinarían a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena analizan un recorte en su presupuesto.
“Hay varias partidas que reflejan los excesos en la Corte y consideramos que el ajuste podría llegar a dos mil millones de pesos de los 6 mil millones que están solicitando, sólo en la Corte, pero en el CJF también existen los mismos privilegios, por lo que estimamos que entre la SCJN y el CJF se podría recortar el presupuesto del Poder Judicial entre 15 y 20 mil millones de pesos”, consideró en entrevista el Diputado Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Presupuesto.
SinEmbargo consultó al Poder Judicial de la Federación sobre las críticas hacia algunas de las partidas que prevé en el presupuesto que solicitó para 2024 y respondió que “por el momento no hay una postura” sobre el tema.
De acuerdo con el Paquete Económico 2024 presentado hace unos días, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.
El presupuesto que pide el Poder Judicial para 2024, el cual tiene que ser aprobado por el Congreso a más tardar el 15 de noviembre, se desglosa de la siguiente forma:
–Suprema Corte: 6 mil 109 millones de pesos, mientras que este 2023 fue de 5 mil 630 millones de pesos.
–Consejo de la Judicatura Federal: 74 mil 793 millones de pesos, mayor a los 68 mil 933 millones de pesos recibidos este 2023.
–Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 3 mil 890 millones de pesos, casi igual a lo que solicitó el año pasado que fue de 3 mil 117 millones de pesos.
Para 2024, Morena advirtió que la Corte prevé conservar estos mismos gastos, pues en la partida presupuestaria que envió para que se incluyera en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, se piden nueve millones 667 mil 354 pesos para “actividades artísticas, deportivas y culturales”; además de seguros de gastos médicos privados por 115 millones de pesos y seguro de separación individualizada por casi 250 millones de pesos.
La Corte también solicitó 52 millones de pesos para alimentación en el comedor y que, de acuerdo con la revisión realizada por la bancada de Morena, “suponiendo que los 11 ministros trabajaran los 356 días del año, cerca de 144 mil pesos diarios estarían destinados sólo para su alimentación”.
Para 2024 también están pidiendo un millón 700 mil para “utensilios de cocina”, que incluye cuchillos, cucharas, tenedores; y cuatro millones por jardinería, aunque en la sede de la SCJN no hay jardín.
En el presupuesto 2024, que será discutido primero en comisiones y después en el Pleno, la SCJN pide además siete millones 800 mil pesos para gasolina de los autos de los 11 ministros, un aproximado de 700 mil al año para cada uno, un gasto que desde Morena consideran “un exceso”.
La SCJN también está pidiendo el pago de telefonía para los ministros.
De acuerdo con la revisión a las partidas, se pide la cantidad de medio millón de pesos para solventar este servicio, esto significa cerca de 120 mil pesos al año por cada Ministro o 10 mil pesos al mes. “Si se compara con los planes ilimitados de cualquier compañía telefónica resulta un gasto oneroso, ya que el servicio de planes ilimitados está en mil pesos”, cuestionó el Diputado García Almaguer.
