Carlos H.
- Presentó iniciativa para reformar la “Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México”.
- En los reclusorios hay madres que tienen a sus hijos en los penales, unas por decisión y otras porque no tienen redes de apoyo y representa una problemática con los menores porque algunos tienen que permanecer más del tiempo permitido, y están hasta los 6 años de edad.
- Señala que la Secretaría de Seguridad recibió presupuesto de $17 mil 800.6 mdp para mejorar el sistema penitenciario.
Toluca, Méx., a 27 de junio de 2023.- La diputada Karina Labastida Sotelo del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa para reformar la “Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de México”, con la finalidad de reconocer la situación especial en que se encuentran las niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión, y priorizar políticas incluyentes.
La iniciativa propone, que se les brinde protección oportuna a las niñas y niños mexiquenses, se les atienda en igualdad de condiciones en todos los servicios, antes que los adultos, se diseñen y ejecuten políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en la atención de sus necesidades, y prevalezca el interés superior de la niñez para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su protección.
Cabe resaltar que en la entidad los centros penitenciarios están a cargo de la Secretaría de seguridad, la cual para el ejercicio fiscal 2021 recibió un presupuesto de $17,800,679,036 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), para el Fortalecimiento y mejorar el sistema penitenciario.
El recurso debía enfocarse en dos estrategias: incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones penitenciarias, e implementar mecanismos para la reinserción social, asimismo, se estableció “proteger los derechos humanos de población vulnerable, con estrategias dirigidas a reforzar los programas de respeto de los derechos humanos en reclusorios, agencias del ministerio público y órganos jurisdiccionales”.
Labastida Sotelo, explicó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2020 indica que la cifra total de personas recluidas en los centros penitenciarios federales, estatales y municipales es de 210,991 internos; en dónde 94.9% son hombres y sólo el 5.1% pertenece a la población femenina, son 10,718 mujeres que viven en prisión, para quienes la maternidad es un asunto omnipresente, ya que el 86.7 por ciento de las mujeres en prisión son madres, de las cuales el 78.9% tiene hijos o hijas menores de 18 años.
De acuerdo a la información pública, de los Centros penitenciarios federales y estatales, sólo 34 cuentan con espacios para la educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad/madres adolescentes internadas. Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, revelan que al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia fue de 356, de las cuales, 57.3 por ciento se encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
“Esta es una reforma a la Ley de niños y niñas. En el Estado de México en los reclusorios hay madres que tienen a sus hijos en los penales, unas por decisión y otras porque no tienen redes de apoyo y representa una problemática con los menores porque algunos tienen que permanecer más del tiempo permitido, y están hasta los 6 años de edad. En este sentido, lo que se busca es precisamente que los niños tengan ese libre desarrollo”, precisó Karina Labastida.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, establece una serie de Derechos de las Mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, y de sus hijas e hijos: conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años; recibir alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos; recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica, y acceder a los medios necesarios que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado.
También tienen derecho a contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas y la autoridad penitenciaria deberá garantizar que haya espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre.
En ese sentido, la legisladora morenista señaló que contrario a lo que señala la Ley, la realidad de las mujeres privadas de su libertad y sus hijas e hijos, está muy alejada de ésta, y las condiciones a las que son expuestos derivado del encierro, son de un entorno de violencia, abuso de autoridad, drogadicción, sexualidad, depresión, angustia y la desesperación que se vive dentro de los centros penitenciarios, que generan un ambiente nocivo para el desarrollo de niñas y niños.
