Carlos H.
- El partido Morena adelantó que alista el Plan C Electoral, luego de que la Suprema Corte invalidó la segunda parte de la Reforma Electoral.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte la Reforma Electoral que el Presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó desde el año pasado, Morena prepara el Plan C.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Politica (Jucopo) en la Cámara de Diputados, publicó que su partido iniciará un nuevo plan “para convertir a México en un país verdaderamente democrático”.
“El día de hoy inicia el Plan C para convertir a México en un país verdaderamente democrático. Para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. ¡En sus marcas, listos, fuera!”, escribió en su cuenta de Twitter.
El partido Morena hizo lo propio al recriminar a los ministros que “prefirieron servir a los intereses de las élites y usurpar la facultad representativa del Congreso de la Unión”.
El Diputado federal Hamlet Almaguer adelantó que ya está en marcha el Plan C.
“Ninguna sorpresa que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte voten por invalidar el Plan B, está en marcha el PLAN C”, escribió en sus redes sociales.
La decisión de la Corte, por la que se prevé un nuevo rebrote de las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, llega un mes después de que el mismo ente anulara la primera parte de la reforma. Con ambas resoluciones, queda anulada la pretendida reducción de estructura y de facultades del organismo que rige las elecciones en México.
El presidente López Obrador defendió por meses que el Instituto Nacional Electoral debía ser reestructurado para quitarle poder, ante sus críticas por falta de credibilidad y objetividad, y para reducir gastos innecesarios. El planteamiento de la reforma derivó en manifestaciones multitudinarias en contra y a favor, cuando el Congreso decidió archivar un primer proyecto de reforma.
Finalmente, el ejecutivo presentó un segundo proyecto menos ambicioso que es el que la Corte Suprema de Justicia ha terminado de desmontar con su decisión del jueves.
Tras una sesión que se extendió por unas dos horas, nueve de los once ministros de la corte votaron a favor de la invalidación del paquete de cuatro leyes que aprobó en febrero el Congreso mexicano para limitar la estructura y reducir el personal del INE y para restarle facultades de supervisión y de sanción a los partidos.
Los magistrados respaldaron mayoritariamente la sentencia que dice que durante el debate de las leyes se incurrió en “violaciones graves al procedimiento legislativo” al cambiar la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores.
La Reforma Electoral invalidada el jueves, que era la parte central del llamado “plan B”, incluye las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral
La decisión no generó sorpresa puesto que el mes pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación también invalidó una primera de la reforma electoral argumentando que el Congreso, de mayoría oficialista, incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas.
Para los ministros de la corte, esto vulneró el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
Al anticiparse a la decisión del máximo tribunal, López Obrador acusó esta semana a los ministros de la corte de estar alineados con el “bloque conservador”. Afirmó que el Poder Judicial mexicano está “al servicio de una minoría” y que “no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo; es un poder al servicio de una élite política y económica”.
Durante este año, las relaciones entre el Gobierno y la Suprema Corte se tensaron también cuando los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
