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Opinión
Por Jorge Meléndez Preciado
Es verdaderamente irritante e hilarante que varias medidas llevadas a cabo por López Obrador sean tachadas de propias de una dictadura, la cubanización o hasta el principio del comunismo.
Más que en ese grupo se encuentren columnistas importantes de medios que han perdido su público entre los lectores y en sus portales sean más buscados los escándalos de los poderosos o los enredos de los artistas.
El reciente decreto del gobierno federal para utilizar una parte de lo concesionado al Grupo México en la red ferroviaria que privatizó el chicuelo Ernesto Zedillo para evitar que los pobres viajaran en tren y los automotores fueran el gran señor que hoy es el que contamina destruyendo el planeta, fue catalogado por dicho clan muy bien pagado como: ataque a la propiedad privada y lo que traerá ausencia en las inversiones.
¡Vaya torpeza ¡
Los 117 kilómetros que utilizará la administración pública de Ferrosur para terminar sus obras prioritarias en el sureste no son nada ante los once mil 131 kilómetros privatizados a Transportes del Grupo México, por el tal Zedillo que hoy es socio de un consorcio estadounidense de trenes.
Además, hasta el muy crítico de Andrés Manuel, el ex ministro José Ramón Cosío, dijo que la medida no era anticonstitucional, sino que estaba enmarcada conforme a derecho e incluso que el gobierno pagaría por utilizar las instalaciones (Aristegui, 23 de mayo).
¿Comunista? ¿ AMLO seguidor de Castro o Hugo Chávez?
No. Informadores repetidores de lo que alguien les dicta o no investigan más que con el hígado.
El proyecto que se realiza en el sureste, además, es prioritario para el TMEC, ya que las mercancías serán más rápidas para llegar a su destino, en esta época de relocalización, ya que Estados Unidos está en gravísimos problemas económicos y va rumbo a la bancarrota (ver artículo de Jeffrey Sachs, Las guerras de Estados Unidos y sucrisis de deuda en La Jornada 21 de mayo).
Pero como la lucha política que no de clases está basada en la estridencia, la alharaca a cualquier medida que los dueños de los medios sientan que no les produce beneficio a sus amigos y socios, es atacada sin valorarla.
Viri Ríos (Milenio, 22 de mayo) señala correctamente que hasta en Estados Unidos (2019 en Texas); Inglaterra (2018 trenes) y España (en Barcelona, instalaciones desocupadas de banca para vivienda, en 2020) como en otros países capitalistas hay expropiaciones.
Violeta Vázquez (Sin Embargo, ídem) precisa que nuestro artículo 27 constitucional (¡oh, defensores de este texto, por favor revísenlo!) señala tres causas posibles: expropiación (no que amamos a Lázaro Cárdenas por esta medida petrolera), ocupación temporal de un bien y causa de utilidad pública.
Esta última medida llevó a cabo la 4T, y tendrá que erogar una cantidad temporal a Ferrosur (Cosío dixit), ya que el angelito de Germán Larrea quería como venta de sus rieles nueve mil 500 millones de pesos, de un bien nacional que se lo regaló el antinacional Zedillo.
Así como Larrea eroga por concesiones mineras de más de cien años, un peso por hectárea. Lo que le ha permitido ser el segundo hombre más rico de nuestro país.
Esos impresos y sus articulistas muy bien pagados que hoy saltan, vieron muy positiva la medida de Vicente Fox de expropiar 27 de 36 ingenios azucareros. Aunque después no dijeron nada cuando quebraron. Todo el proceso para enriquecer con dinero público a los pésimos supuestos empresarios y favorecer a nuevos dueños que no invirtieron un centavo.
Con Ferrosur y las mineras tóxicas: Pasta de Conchos, Río Sonora todavía contaminado y contaminando medio país (incluso con su empresa Cinemex), Germán Larrea aumentó su fortuna de 2020 a la fecha en ¡149 por ciento!
En tanto Fox y Martita, continúan recibiendo dinero hasta ahora de los gobiernos de Guanajuato, donde los feminicidios están cada vez más al alza (Proceso, número 2429; 21 de mayo).
¡El capital privado no se toca!
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