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- La reforma constitucional impulsada por Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PVEM y el PT que buscaba revisar las facultades del TEPJF y del INE, tenía como objetivo debilitarlos para fortalecer el ejercicio oligárquico del poder al interior de los partidos y afianzar la propensión de las mayorías parlamentarias de Morena a comportarse con tintes tiránicos.
Redacción Aristegui Noticias / RVC Las amenazas a la democracia constitucional en nuestro país vienen de varios frentes. No solo el presidente de la república y las mayorías parlamentarias de Morena buscan debilitar a las instituciones electorales y vulnerar los derechos políticos de la ciudadanía. También las oligarquías partidistas de Morena, de sus aliados y de las oposiciones –con excepción de Movimiento Ciudadano– se pusieron de acuerdo para asestarles un golpe al Tribunal Electoral y al INE para disminuir su capacidad de proteger la democracia y defender el ejercicio de los derechos políticos y garantizar su plena efectividad.
A propósito del comportamiento de las élites partidistas, el politólogo alemán Robert Michels escribió lo siguiente al desarrollar su conocida “ley de hierro de la oligarquía”: “hay poca diferencia entre la dictadura individual y la dictadura de un grupo de oligarcas, en lo que a resultados prácticos se refiere”.
En enero de este año señalé en este espacio que la agenda ciudadana para 2023 debería tener como uno de sus principales objetivos no perder la democracia. Ahora nos ha quedado más claro que la democracia enfrenta riesgos no solo por la tentación autoritaria del grupo político en el poder sino también por la tendencia oligárquica de las élites políticas que tienen el control de los órganos de dirección de los partidos y de sus grupos parlamentarios y que han evidenciado su falta de compromiso real con los valores democráticos.
La reforma constitucional impulsada por Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PVEM y el PT en la Cámara de las y los diputados en las más recientes semanas, que buscaba revisar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, tenía como objetivo debilitarlos para fortalecer el ejercicio oligárquico del poder al interior de los partidos y afianzar la propensión de las mayorías parlamentarias de Morena a comportarse con tintes tiránicos. Por eso esta reforma era tan dañina para la democracia constitucional, y para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las y los ciudadanos, como los planes “A”, “B” y “C” del presidente de la república.
Fueron la protesta y la movilización ciudadana -en las redes sociales y en las calles- lo que frustró el “Plan A” del presidente López Obrador, cuando los titubeos de la dirigencia del PRI parecían abrir la puerta a su aprobación. La voz de la ciudadanía, que se alzó en defensa del INE y de la democracia electoral y en apoyo a la Suprema Corte, sin duda impedirá que se forme el bloque de cuatro ministras y ministros que busca construir el presidente de la república para intentar impedir que el Tribunal Constitucional invalide los dos decretos de su “Plan B”.
El acuerdo de Morena, sus aliados y las oposiciones para debilitar al Tribunal Electoral y al INE se ha caído, al menos por ahora. Aunque algunos pretendieron negar la paternidad de esta malhadada reforma constitucional no hay lugar a dudas sobre quiénes son sus autores, la iniciativa presentada el pasado 23 de marzo en San Lázaro está firmada por los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM y PT en la Cámara de las y los diputados.
Aunque sus autores y los dirigentes de los partidos insisten en las supuestas bondades de esta reforma constitucional y amagan con presentarla nuevamente pasadas las elecciones de 2024, por ahora la sociedad civil ha logrado frenar la intentona de esta oportunista e impresentable mayoría legislativa en la Cámara de las y los diputados para debilitar al Tribunal Electoral y al INE y suprimir las vías de acceso a la justicia que permiten a las y los ciudadanos alcanzar la plena efectividad de sus derechos políticos.
Sin duda este es otro triunfo de la sociedad civil -en forma destacada de las mujeres- que alzaron la voz para impedir que las oligarquías partidistas lograran la aprobación de una reforma constitucional con la que pretendían blindar frente a la acción de la justicia electoral sus decisiones autoritarias, arbitrarias o francamente ilegales para mantener el poder dentro de sus partidos, incluso a costa de vulnerar los derechos de sus militantes y de la ciudadanía.
Esta reforma constitucional para disminuir la competencia del Tribunal Electoral y menoscabar su carácter de tribunal constitucional es profundamente regresiva en materia de derechos, lo que es contrario al texto del artículo 1º constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la regresividad en esta materia.
Aquí conviene recordar lo que señala Giovanni Sartori en su célebre obra Teoría de la democracia: “el principio de mayoría plantea el problema de la protección de las minorías” y “si el principio de mayoría es ilimitado o absoluto tenemos una ‘tiranía de la mayoría’ en el sentido constitucional de la expresión”
Con la simple lectura de la exposición de motivos es posible dimensionar el tamaño del despropósito de los autores de esta iniciativa de reforma constitucional. En esa parte de la iniciativa se señala que la reforma “tiene por objeto regular (sic) el parámetro de regularidad constitucional”, en materia electoral en franca contravención al contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Tal pretensión es un despropósito, en primer lugar, porque La Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre el parámetro de control de regularidad constitucional y ha señalado que lo constituyen los “derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales” y, en segundo, porque lo que realmente se pretendía era limitar la facultad del Tribunal Electoral de realizar la interpretación de las normas jurídicas conforme a lo que dispone el artículo 1º Constitucional que señala: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Por si eso fuera poco, la propuesta de las oligarquías partidistas vulnera tres aspectos fundamentales para el funcionamiento de la democracia constitucional.
El primer aspecto tiene que ver con la lucha por hacer efectivos los derechos políticos de los grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación (mujeres, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+, indígenas, minorías étnicas, afrodescendientes y migrantes). Ante la contumaz omisión del poder legislativo en materia de reglamentación de las acciones afirmativas necesarias para hacer efectivos esos derechos, las determinaciones de las autoridades electorales -el INE y el Tribunal Electoral- han sido fundamentales en la batalla jurídica y política por garantizarlos.
La propuesta de modificación al artículo 41 constitucional no se circunscribe a la autoridad jurisdiccional en materia electoral pues se refiere a todas “las determinaciones que se adopten con relación a la implementación de acciones afirmativas”. Con esta reforma se pretendía sustraer de las competencias del INE y del Tribunal Electoral -no solo del segundo- la posibilidad de adoptar decisiones que den efectividad a los derechos de dichos grupos sociales. Establecer como límite de esas determinaciones el que se sujeten a la literalidad de la Constitución y la ley es contrario al artículo 1º constitucional y al derecho convencional e impediría que al interpretar las normas jurídicas el Tribunal Electoral favoreciera a las personas, con la protección más amplia.
Esta restricción y el hecho de darles el carácter de modificaciones legales fundamentales a dichas determinaciones de las autoridades electorales, cuando aún nos encontramos en la etapa de desarrollo normativo para lograr la plena efectividad de los derechos políticos de estos grupos, tendría efectos regresivos en la materia al menos para los procesos electorales de 2024, pues se impediría que se tomaran decisiones para el ejercicio de esos derechos desde noventa días antes del inicio del proceso electoral y durante este.
El segundo aspecto se refiere a la democracia interna en los partidos políticos y a la protección de los derechos de sus militantes. Lo que pretendían las oligarquías partidistas al incluir el criterio de literalidad de la Constitución y la ley en relación con la intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos, era cerrarle el paso a la militancia en sus intentos por avanzar en los procesos de democratización al interior de esos institutos políticos. El “Plan A” del presidente López Obrador contenía una disposición similar. Ahora sus opositores -PAN, PRI y PRD- no solo buscaban reproducirla, sino que querían ir más allá y ampliar las restricciones a las autoridades electorales.
Lo que buscaban las oligarquías partidistas era dejar exclusivamente en manos de las élites políticas que controlan los órganos de dirección de los partidos la definición de las reglas para la renovación de sus dirigencias y para garantizar la paridad entre géneros en la integración de sus órganos directivos y en la definición de las candidaturas. La falta de democracia interna en los partidos políticos es un gran déficit para la consolidación de la democracia en nuestro país. Limitar la actuación de las autoridades electorales para intervenir en defensa de los derechos de los militantes y de los procesos de democratización al interior de los partidos sería una medida profundamente regresiva.
El deficiente diseño institucional y los limitados alcances de las facultades de los órganos encargados de impartir justicia al interior de los partidos, y en muchos casos su captura por parte de las dirigencias de aquellos, hacen que en la práctica solo sea posible lograr la protección y, en su caso, la reivindicación de los derechos de la militancia al acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral. Si se cierra esta vía jurisdiccional, en los hechos se estaría dejando en estado de indefensión a las y los militantes de los partidos que busquen acudir al tribunal a demandar la defensa de sus derechos políticos.
El tercer aspecto tiene que ver con los derechos de las minorías parlamentarias. Históricamente las minorías en los poderes legislativos de nuestro país han estado inermes jurídicamente para defender sus derechos ante las decisiones de las mayorías.
Durante la actual Legislatura del Congreso de la Unión las mayorías parlamentarias de Morena, con el apoyo de sus aliados del PVEM y el PT en ambas cámaras y del PRI en la de las diputadas y los diputados, han insistido en excluir expresamente de la jurisdicción del Tribunal Electoral los actos y determinaciones de las cámaras legislativas, así como las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, como se proponía con esta reforma. Este ha sido un objetivo constante de los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de las diputadas y los diputados, Ignacio Mier.
Luego de reiteradas violaciones a los derechos de las minorías parlamentarias durante las dos más recientes legislaturas, en las que Morena ha sido mayoría en el Congreso de la Unión, a principios de 2022 se produjo una importante evolución jurisprudencial en el Tribunal Electoral y se aprobó el criterio con el que se reconoció la competencia de los tribunales electorales para “conocer y resolver los medios de impugnación promovidos en contra de actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria”, cuando se vulnere el derecho político-electoral a ser votado en su “vertiente de ejercicio efectivo del cargo”.
En respuesta a esta evolución de criterios del Tribunal Electoral, tan solo un mes después de que se aprobó la jurisprudencia respectiva, el diputado Ignacio Mier logró el apoyo del PRI, el PVEM, el PT y del coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, para reformar la ley con la finalidad de impedir que el Tribunal Electoral conociera de los asuntos a los que se refiere dicha jurisprudencia. En el Senado, Ricardo Monreal impulsó decididamente su aprobación con los votos de los senadores de Morena y sus aliados del PVEM y PT.
Ante nuevas violaciones a los derechos de las minorías parlamentarias por la mayoría de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya con la jurisprudencia vigente, el PRD logró que el Tribunal Electoral declarara inconstitucional esa reforma a la ley y que se reivindicaran los derechos políticos de las y los legisladores perredistas. Casi al mismo tiempo la Suprema Corte invalidaba la reforma por ser contraria al derecho humano a la tutela judicial efectiva.
Como respuesta a esta derrota en los tribunales constitucionales, Morena, ahora con el apoyo de las oposiciones -salvo MC- en San Lázaro, volvió a la carga pretendiendo impedir, desde el nivel constitucional, que el Tribunal Electoral intervenga en estos asuntos; en lo que parece un claro “ajuste de cuentas” por las decisiones jurisdiccionales de 2022 que frenaron la tentación tiránica de las mayorías parlamentarias de Morena. Para evitar la acusación de que con esa decisión se vulneraría nuevamente el derecho humano a la tutela judicial efectiva, se pretendía trasladar a la Suprema Corte la competencia para conocer de esas controversias; decisión que, de prosperar en el futuro, requeriría de un minucioso análisis para evaluar su eficacia.
Forzados por la movilización en las redes sociales y la crítica de los expertos en la materia, los oligarcas de los partidos desistieron por ahora de impulsar su regresiva y antidemocrática reforma. Está claro que no se trató de una decisión voluntaria de las dirigencias de los partidos ni mucho menos de una acción producto de una reflexión sobre el carácter contrario a los principios y valores democráticos de su propuesta. Habrá que permanecer atentos a los acuerdos en lo “oscurito” de estas impresentables y nefastas dirigencias partidistas y parlamentarias.
* La doctora Janine Otálora Malassis es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue presidenta de las salas Superior y Regional Ciudad de México del tribunal
