Carlos H.
Opinión
Por Ruperto Retana Ramírez
Con la entrega del Proyecto de Reforma Constitucional a la legislatura mexiquense el pasado 5 de febrero, fecha de enorme simbolismo constitucional, concluye un proceso inédito no solo en el estado sino en el país, llevado a cabo durante casi dos años y medio y que concitó, a través de diversas formas de participación, las inquietudes y propuestas de parlamentarios ciudadanos que fueron convocados públicamente. Participó el poder judicial y los secretarios del gobierno actual, más una pléyade de académicos e investigadores de diversas instituciones nacionales y de otros países con los que se abordaron temas cardinales del estado; se realizaron foros con grupos de los pueblos originarios y con representantes de los ayuntamientos para abordar los temas municipales. También se integró un grupo conformado por representantes de los partidos políticos con registro en la entidad.
El Secretariado Técnico (SECTEC) nombrado por la legislatura condujo los trabajos de forma profesional, transparente y decidida, en el marco de la pandemia de coronavirus y de dos procesos electorales, el del 2021 y el que corre actualmente; la disputa comicial suele no ser favorable para un tema de vital importancia para un estado, como es debatir y avanzar acuerdos sobre una nueva constitución. El proyecto no zozobró, por el contrario, su entrega es la culminación de un muy buen ejercicio de participación social y política que recoge de entrada las inquietudes, aspiraciones e ideales para un nuevo pacto social. El proceso sigue su curso ahora en manos de la legislatura para debatir el proyecto de reforma y, en su caso, aprobarlo.
Algunas líneas que recorre el proyecto de constitución son las siguientes.
Es una nueva constitución por su estructura formal. Se organiza en XIII títulos, incluido el preliminar, con sus respectivos capítulos desglosados en 118 artículos y sus correspondientes subnumerales. Se buscó fuera una constitución de principios y valores, de enunciados fundamentales y que no contuviera una parte procedimental o reglamentaria, como la constitución federal y las constituciones estatales del país. Es, como dijeron algunos parlamentarios ciudadanos, una constitución “minimalista”, más sencilla y entendible para los ciudadanos. El contenido reglamentario y procesal se manda a lo que se denomina leyes de desarrollo constitucional; estas leyes son novedosas en México, no así en otros países de América Latina en donde han funcionado bien. Claro que de aprobarse esta nueva constitución requerirá de un enorme trabajo legislativo para elaborar estas leyes de desarrollo constitucional, el que bien puede ser facilitado por las formas de participación ciudadana que se han empleado para elaborar el proyecto constitucional concluido.
Es humanista porque se sustenta en los derechos humanos de la persona, otorgando especial consideración al de dignidad humana como fundamento y reconoce nuevos derechos, tales como al libre desarrollo de la personalidad y al buen gobierno. Reconoce los derechos individuales, pero también los sociales y económicos de los que la constitución federal del 17 fue pionera en el mundo. Solo que los desarrolla para nuestra entidad. Pero no sólo basta con reconocer derechos que por lo demás estamos obligados por México ser signante de los tratados internacionales, sino que el proyecto constitucional avanza en establecer mecanismos para su cumplimiento. Este es uno de los problemas mayores en un estado donde los derechos sociales se encuentran muy desprotegidos y requieren cumplirse para dejar de ser una sociedad tan terriblemente desigual con las implicaciones de todo tipo que conlleva.
Fortalece la democracia como sistema político al integrar figuras de participación diversas como el referéndum, la revocación de mandato, parlamento ciudadano, cabildo abierto y presupuesto participativo. Sin llegar a ser una constitución feminista, reconoce la importancia de la participación paritaria de las mujeres en los cargos públicos y, algo muy significativo, a la igualdad sustantiva con los varones, asimismo, busca empoderar a los pueblos originarios en la representación política. Como puede apreciarse de esta rápida exposición, contiene avances que van de una democracia representativa, que fortalece, a una democracia participativa y deliberativa, más cercana al espíritu y praxis de la democracia ateniense, así como de pensadores contemporáneos, además de retomar la experiencia estatal.
Es indigenista en el buen sentido del concepto, al reconocer el autogobierno de las comunidades indígenas, garantizar y promover el desarrollo de sus culturas y lenguas; estas últimas son consideradas lenguas maternas. Busca garantizar también sus usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. Particularmente, la importancia de las comunidades indígenas y pueblos originarios da lugar a definir al estado como pluricultural y como pluriétnico. A mi parecer se trata de que los pueblos indígenas sean sujetos de su propio presente y futuro, saldando una deuda que el estado mexiquense tiene para con ellos, por su discriminación, marginación, miseria y falta de respeto en la práctica a sus formas de vida, buscando desaparecerlas e integrarlas a una visión de desarrollo hegemónica. La constitución buscaría que sean actores de su propio destino.
Da mayor coherencia a los órganos autónomos y apunta al establecer lo que bien podría llamarse sistema de órganos constitucionales autónomos, al establecer un título único sobre ellos; asimismo se integra uno nuevo, el Tribunal de Cuentas que concentraría la fiscalización de todos los recursos públicos.
Modifica el régimen de poderes al establecer el gobierno de gabinete, dar mayores facultades al legislativo y reglamentar funciones del ejecutivo.
Es ambientalista y a la vez municipalista por la relevancia otorgada a estas materias de singular importancia para el futuro de las nuevas generaciones, y porque el municipio es la base de nuestro entramado político.
Reconoce el derecho a la ciudad y establece disposiciones sobre el régimen de ciudades, dando el espacio jurídico que, a mi parecer, la urbanización que hoy predomina sea para el disfrute de todos. No podía dejar de lado la materia económica, el tema del campo y del agua.
En fin, es una constitución además de deseable, necesaria para responder a las múltiples problemáticas que la realidad de la entidad demanda.
