Leonardo González
Por Ruperto Retana Ramírez
- Luego de que la reforma electoral constitucional propuesta por el presidente López Obrador no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, realizó otra de carácter legal más limitada, conocida como “Plan B”, la cual no requiere de mayoría calificada. Si bien no tiene los alcances de la iniciativa de reforma constitucional, realiza una serie de modificaciones a la estructura y funcionamiento del INE y de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), amplía los derechos político-electorales a grupos vulnerables y discriminados, mejora el voto de los mexicanos en el extranjero y establece nuevas disposiciones en materia de justicia electoral, entre otras modificaciones. La reforma si toca al INE, lo que hay que preguntarse es si lo fortalece o, por el contrario, lo debilita y es el fin de la democracia, como dice la oposición.
Habría que empezar por decir que las reformas electorales en el país han generado fuertes confrontaciones entre los partidos. En esta ocasión no es la excepción, porque se trata de reglas que afectan directamente el acceso o mantenimiento del poder político. Lo excepcional de esta confrontación es que el árbitro electoral ha entrado de lleno en la lucha política y se ha inclinado a favor de uno de los jugadores en la cancha: el bloque conservador. La responsabilidad recae principalmente en su presidente Lorenzo Córdova, cuyo protagonismo ha hecho mucho daño al INE, al pronunciarse prácticamente todos los días a favor de las posiciones de uno de los contendientes. Puesto que el árbitro se mete al juego, entonces puede perder, quizá ganar, pero el país pierde.
Esta reforma deja de lado aspectos que generaron gran controversia, como la elección de los consejeros del Consejo General del INE por voto popular o la inclusión del voto a través de la urna electrónica, a pesar de ser una necesidad del presente y del futuro. Es así que la nueva propuesta, en relación con la constitucional, es mucho más limitada ya que busca ceñirse a lo que dispone el texto constitucional vigente que no pudo ser reformado. El Senado, sin el aval de la oposición, ha hecho ajustes en comisiones a la remitida por la Cámara de Diputados; una vez votada en el pleno la regresará para, en su caso, ser nuevamente votada por los diputados. Si bien descafeinada, mantiene el carácter de una reforma electoral que cumple con los fines que se propone.
De tal manera que, de acuerdo con la Exposición de Motivos, busca garantizar el efectivo ejercicio de los derechos político-electorales, la eficaz ejecución y administración de los recursos que manejan tanto el INE como los OPLES, hacer más eficiente la estructura orgánica de ambas instancias electorales, impedir la discrecionalidad en las autoridades electorales y dar mayor certeza y seguridad jurídica en el establecimiento de sanciones.
Así tenemos que los derechos humanos político-electorales se amplían al garantizar el voto de las personas que se encuentren con incapacidad en estado de postración o en prisión preventiva. De mucha trascendencia es que los mexicanos en el extranjero votarán únicamente a través de internet y se podrán identificar no sólo con su credencial de elector, sino con el pasaporte o la matrícula consular. No olvidemos que solo en los EE. UU. hay más de 38 millones de personas de origen mexicano, aunque claro que no todas tienen el derecho de votar. Hasta ahora ha sido mucho el gasto efectuado por el INE y los OPLES para que los connacionales en el exterior voten, si se compara con la escasa participación. Con la reforma se facilita votar a la vez que abatir costos. Asimismo, se obliga a los partidos políticos a postular fórmulas de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados integradas por personas con discapacidad, jóvenes, residentes en el extranjero, inmigrantes, afromexicanos y de la diversidad sexual.
Por su parte, la reingeniería del INE contempla fortalecerlo dejándolo claramente como la institución rectora del sistema electoral mexicano, manteniendo a los OPLES en las entidades federativas, compactando ambas instituciones para obtener una mayor eficacia en su funcionamiento. Los cambios comienzan desde el órgano superior de dirección del INE que es su Consejo General y que funciona a través de comisiones. En la propuesta las comisiones permanentes se fusionan en correspondencia con la fusión de las direcciones ejecutivas vigentes, para quedar de la siguiente manera: Administración, Organización y Capacitación Electoral, Igualdad de Género y Atención a Grupos Vulnerables, Partidos Políticos, Registro Federal de Electores, Jurídica y de lo Contencioso Electoral y Fiscalización. Esta estructura simplifica a la actual, mantiene las atribuciones actuales y agrega algunas nuevas. No cambia radicalmente la estructura orgánica actual, pero trata de hacerla menos burocrática y costosa, buscando una mayor eficiencia.
Hay que destacar que se acota el gran poder que tiene la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, al constituirse la Comisión de Administración integrada por cinco consejeros y por las personas titulares de direcciones ejecutivas, fungiendo como secretario técnico el director de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional. El secretario ejecutivo pasa a ser auxiliar del Consejo General y se le quitan muchas atribuciones en el manejo administrativo del INE. Esa comisión sustituye a la Junta General Ejecutiva, lo que significa un cambio de importancia en la integración de los órganos centrales del INE. La administración del Instituto será colegiada y la apuesta es que sea mejor que la encabezada por el secretario ejecutivo.
Los órganos locales en cada entidad federativa de ninguna manera desaparecen, tampoco los órganos distritales. A nivel local contará con órganos permanentes y temporales. Así, son de carácter permanente los órganos locales electorales en cada estado y quedan integrados por tres vocales: Organización y Capacitación; Registro Federal de Electores, y Ejecutivo. A nivel distrital, quedará una Oficina Auxiliar a cargo de un Vocal Operativo. Durante los procesos electorales contará con un consejo local por entidad federativa, y un consejo distrital por cada distrito electoral. En periodo no electoral los distritos pasarán de 300 a 260. Desde luego, me parece que es fundamental que los derechos de los servidores electorales deben quedar a salvo.
Si estas y otras propuestas son anticonstitucionales como ha cuestionado la oposición, será la Suprema Corte la que resuelva. Me parece que la implementación requerirá, como todas las reformas anteriores, de una preparación previa y con mucha responsabilidad y profesionalismo.
