Frida C.
• El equipo legal de los elementos del Ejército acusó al presidente de la CoVAJ de politizas las indagaciones.
Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Abogados de cuatro de los militares suspuestamente implicados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 acusaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) de presentar pruebas falsas y pidieron dejar de “manipular” las investigaciones de los hechos transcurridos hace ocho años.
De igual forma, la defensa legal de los militares rechazó las acusaciones del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) en contra de estos elementos del Ejército.
“Pedimos al Subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, expuso el abogado César Omar González Hernández en conferencia de prensa.
Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, los abogados dijeron que “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso y al GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo que fue desmentido por este”.
Los abogados del General José Rodríguez Pérez, el Capitán José Martínez Crespo, el Sargento Eduardo Mota Esquivel y el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, expresaron que, a consecuencia de lo anterior, presentarán una denuncia penal en contra de Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la presente administración.
A las afueras de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, el legista Alejandro Robledo Carretero explicó que no es posible que se haya dictado un auto de formal prisión basándose en las acusaciones de un testigo protegido sin considerar las pruebas presentadas, por lo que, afirman, el caso está “politizado”.
“No es posible que ese Juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que estas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal [Guerreros Unidos], pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que sí lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal”, expuso.
“No puede ser obra de la casualidad el signo de la politización que un día se presente el informe del presidente de la CoVAJ haciendo graves acusaciones a los militares y, al otro, se anuncia el libramiento de órdenes de aprehensión contra ellos y que no se refieren a aquellas acusaciones, pero que sí generan esa duda y esa percepción”, agregó.
A su vez, Robledo Carretero dijo que las acusaciones de Encinas han causado mayor confusión, por lo que “resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventado evidencia para fabricar culpables”.
De acuerdo con González Hernández, los litigantes están analizando “dependiendo de lo que le podamos acreditar, o a lo que se logre tener acceso de manera comprobada, pero van desde quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Interamericana (CIDH) y probablemente denuncias de carácter penal”.
“En su oportunidad presentaremos las acciones correspondientes en contra de quien resulta responsable”, dijo Robledo.
El pasado 21 de septiembre trascendió que un Juez federal dictó auto de formal prisión contra el General José Rodríguez Pérez y dos militares más. Al primero de ellos fue por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, mientras que a los otros dos fue también por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Enrique Beltrán Santes, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, fue quien tomó la decisión de dejar preso a José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014, año en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. También emitió la misma medida para el Capitán José Martínez Crespo y el Sargento Eduardo Mota Esquivel.
Apenas el pasado 15 de septiembre, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reveló que ya se habían ejecutado tres de las cuatro órdenes de aprehensión que se libraron en contra de elementos del Ejército mexicano por el caso Ayotzinapa. Entre los aprehendidos, confirmó, se encontraba el General Rodríguez Pérez, quien era el Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, y según Alejandro Encinas, habría ordenado el asesinato de seis de los normalistas que estaban cautivos en una bodega de Pueblo Viejo, en Iguala.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del Coronel”, aseguró Encinas sobre Rodríguez Pérez en la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), el 26 de agosto, en Palacio Nacional.
Ese mismo día, un Juez dio la orden de liberar a 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Encinas criticó este suceso, reiterando que se volvió a cometer dicha resolución después de que también fuera absuelto José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Asimismo, también dijo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) recurra a la causa que se abrió a inicios de 2018, cuando la FGR era la Procuraduría General de la República (PGR).
RENUNCIA DEL FISCAL DEL CASO AYOTZINAPA “EVIDENCIA INJERENCIA INDEBIDA”
La respuesta del equipo legal de estos cuatro militares surge horas después de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) lanzara un pronunciamiento a razón de la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
De acuerdo con el Centro Prodh, dicha renuncia “evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR [Fiscalía General de la República] en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”, luego que apenas antier se diera a conocer que la FGR retiró órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados, según documentos publicados por el diario El País.
Para el Centro Prodh, la renuncia de Gómez es “lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”, sin embargo, dan fe del “trabajo comprometido que venían realizando el Fiscal especial y su equipo, con el esencial apoyo del presidente de la CoVAJ de cuya labor decisiva damos testimonio también, y llamamos a que no se adopten represalias en su contra”.
“La información revelada en un medio de circulación nacional el día de hoy sobre la colusión entre actores del narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, es de primera relevancia y confirma la necesidades de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas, sumándose a otros señalamientos que ya existían en este sentido. También muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y las madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”, reza el comunicado.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en conferencia de prensa la renuncia de Gómez Trejo.
