Frida C.
Opinión
• El tema de fondo sigue siendo quién ordenó el crimen de Estado, quién lo ejecutó, quién lo solapó, quién lo encubrió y quién se empeñó -o se empeña aún- en que no se conozca toda la verdad.
Ernesto Núñez Albarrán/Aristegui Noticias
Este lunes 26 de septiembre volverá a ser un día de furia e indignación.
Ocho años después de la terrible noche de Iguala, las preguntas siguen siendo más claras y pertinentes que las fallidas y enredadas respuestas ensayadas por la autoridad.
¿Quién ordenó el crimen de Estado?, ¿quién lo ejecutó?, ¿quién lo solapó?, ¿quién lo encubrió?, ¿quién se empeña en que no se conozca toda la verdad?
Cuando el subsecretario Alejandro Encinas pide a los padres y a las madres de los 43 normalistas desaparecidos “tener confianza en que la investigación continuará e irá a fondo”, cuesta trabajo tener dicha confianza.
Qué tranquilidad se puede tener al respecto, si el trabajo de Encinas es boicoteado desde la Fiscalía General de la República, que -en principio- forma parte del mismo gobierno o del mismo “proyecto de transformación”.
Y es que el mismo viernes 23, cuando Encinas salió a dar una conferencia de prensa sobre el caso Ayotzinapa, en la Fiscalía se trabajaba para enredar más y más las cosas.
Encinas pide confianza y que haya tranquilidad en la jornada de lucha emprendida por las familias de los desaparecidos, organizaciones sociales, colectivos de estudiantes y miles de personas que este lunes saldrán a manifestarse, pero la fiscalía de Alejandro Gertz Manero parece empeñada en que ocurra todo lo contrario.
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Por un lado, “alguien” en la Fiscalía de Gertz Manero pide cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión que la propia FGR había solicitado a un juez federal en contra de personas presuntamente involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la nota de Gloria Leticia Díaz, publicada el sábado en Proceso bajo el título “Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa”, esta extraña maniobra de funcionarios de la FGR ajenos al proceso judicial exonera al exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; a quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, Rafael Hernández Nieto, y a otros 15 integrantes de las Fuerzas Armadas.
El episodio es el último en una compleja trama judicial, en la que un juez (Samuel Ventura Ramos) ha sido denunciado por el gobierno federal tras absolver a 121 personas involucradas en el caso Ayotzinapa.
La trama judicial ha provocado airadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador; justificaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y aclaraciones por parte del propio subsecretario Encinas que resultan insuficientes.
Los padres y madres de los desaparecidos contemplan desde su profundo dolor la trama de órdenes de aprehensión, detenciones, desistimientos, absoluciones y exoneraciones.
¿Cómo pedirles confianza en que las investigaciones, ahora sí, llegarán a fondo?, ¿cómo pensar que este lunes 26 no será un día de furia e indignación?
