Frida C.
• La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que esta primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó la primera demanda civil en el extranjero para exigir que Estados Unidos entregue los bienes que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantiene en aquel país y que son producto de actos de corrupción, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento injusto.
A través de un comunicado, la UIF indicó que los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con García Luna.
Añadió que en “esta primera acción judicial se ha presentado en las cortes de Miami, Florida, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio”.
a acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
La presente demanda, detalló la UIF, se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros. Explicó que en el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción.
La UIF señaló que con estas acciones el gobierno “busca abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, y hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras”.
