- La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU (GAO) estimó que parte de los recursos de la Iniciativa Mérida pudieron haber caído en manos de personas “involucradas en desvíos, abusos de derechos humanos, tráfico de drogas u otros delitos”.
Ciudad De México (apro).- Al analizar el destino de más de 3 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos envió a México en los últimos 14 años, a través de la Iniciativa Mérida, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) estimó que parte de esos recursos pudieron haber caído en manos de personas “involucradas en desvíos, abusos de derechos humanos, tráfico de drogas u otros delitos”.
En un informe sobre la Iniciativa Mérida publicado ayer, la instancia estadunidense –equivalente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)– señaló que, desde el arranque del programa en 2007, el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) no midieron los riesgos de fraudes en sus proyectos, particularmente ante la situación de corrupción y violaciones a los derechos humanos en México.
Dicha iniciativa fue impulsada en octubre de 2007, en la administración de George W. Bush, y consistió en un apoyo financiero y material del gobierno de Estados Unidos a la llamada “guerra contra el narcotráfico” lanzada por el gobierno del expresidente Felipe Calderón, que derivó en cerca de 300 mil homicidios dolosos y más de 80 mil personas desaparecidas.
Según el informe de la GAO, las agencias del gobierno estadunidense entregaron recursos a diversos proyectos en México, país donde “la corrupción es un problema en todos los niveles” y cuyas fuerzas de seguridad “siguen cometiendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de manera impune”.
Añade: “Existe el riesgo de que algunas de estas fuerzas de seguridad hayan recibido apoyos de Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida”.
Entre los riesgos que el Departamento de Estado identificó respecto a los programas de la Iniciativa Mérida, destaca la colusión de agentes mexicanos con organizaciones criminales, que se reflejó en el cobro de sobornos a cambio de información sobre operativos militares o policiacos.