Frida C.
- El amparo concedido por el Tribunal no afecta el proceso por lavado de dinero que se le sigue al empresario por la venta a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014.
El empresario Alonso Ancira Elizondo, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), obtuvo un amparo por parte del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México para que se investiguen irregularidades en su proceso de extradición desde España.
El Tribunal determinó que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá explicar sus declaraciones a la justicia española en el marco del proceso de extradición de Ancira por parte de la Audiencia Nacional de ese país.
La sala consideró por unanimidad que la FGR ofreció argumentos “inoperantes e infundados” en torno a las afirmaciones de Miguel Ángel Ortega Sánchez, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, que indicó en noviembre de 2019 a España que Ancira era investigado por el delito de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, además de por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que actualmente está sujeto a proceso.
El Tribunal pidió al juez de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, que informe si esta declaración a las autoridades españolas se encuentra en la carpeta de investigación sobre el proceso contra Ancira.
Previamente, Alonso Ancira había solicitado la documentación del caso por lo que, ante la falta de respuesta, pidió el amparo de la justicia por considerar que se violaron sus derechos humanos al no informar debidamente de su calidad como imputado o investigado.
A mediados de enero, Ancira solicitó a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR la realización de una investigación sobre la declaración de Ortega Sánchez a España.
La FGR informó de la apertura de una carpeta de investigación contra el fiscal Ortega, en torno al contenido de la ‘declaración jurada’ que, por otra parte, es una modalidad que no considera la legislación mexicana.
El amparo concedido por el Tribunal, no afecta el proceso por lavado de dinero que se le sigue al empresario por la venta a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2014.
Este lunes, Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), anunció durante su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que el organismo presentó una denuncia de hechos ante la FGR por el caso Agro Nitrogenados, debido a que se detectó daño al patrimonio de Pemex.
Acusó que este daño no fue reportado durante la gestión de Juan Manuel Portales al frente de la ASF, por lo que se inició desde cero la revisión del caso.
El pasado 3 de febrero, Alonso Ancira regresó a México extraditado desde España en un avión de la FGR. El empresario llegó a un acuerdo de reparación del daño con Pemex, por el que pagará 219 millones de dólares a la paraestatal.
El juez Artemio Zúñiga decidió que el empresario seguirá en prisión preventiva hasta que Pemex y la FGR aprueben el acuerdo reparatorio. Entonces, se fijará una fecha y hora para que en una nueva audiencia se modifique la medida cautelar.
También concedió dos meses para la realización de la investigación complementaria sobre el caso Agro Nitrogenados.
En noviembre de 2020, el pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España confirmó por unanimidad la extradición a México de Ancira Elizondo, que había concedido a finales de mayo de ese año.
En un auto fechado el 11 de noviembre, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, el tribunal rechazó el recurso de súplica presentado por el expresidente del Consejo de Administración de AHMSA contra el auto que acordaba su extradición a México, por delitos relacionados con corrupción.
Los veinte magistrados que integran el pleno confirmaron la entrega del empresario, al considerar que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurría por ello el principio de doble incriminación.
Los hechos investigados encajarían en los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude e incluso en malversación de caudales públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”.
El auto de la Audiencia Nacional argumentó que Alonso Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado” mediante transferencias desde Altos Hornos de México a Tochos Holding, empresa vinculada con Lozoya, “dádiva de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es, la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya”, cuando fue director de Pemex, “la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
La FGR sostiene que Ancira entregó un soborno de 3,5 millones de dólares a Emilio Lozoya en 2012, para que una vez que éste llegara a la dirección de Pemex, le comprara a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, como ocurrió en 2014. La paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
Esta cantidad se entregó a través de la empresa Tochos Holding Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas por varios países como un paraíso fiscal.
Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Todo ello sin que existiera una relación comercial de por medio entre ambas empresas. Como parte de Tochos apareció Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, de quien las autoridades sospechan que su papel era el de servir de testaferro de su hermano, debido a que su ocupación como estudiante no era consistente con el manejo de recursos de tan elevada cuantía.
El 3 de diciembre de 2020, un juez de control ordenó de nueva cuenta la aprehensión de Gilda Susana Lozoya Austin. Para evitar su captura, su representación legal había promovido un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, sin embargo, este le fue denegado el 29 de octubre por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
