Frida C.
- A contrapunto del CCE, los tres organismos empresariales dijeron que el acuerdo coarta la libertad de contratación, y responsabilizaron de las actividades irregulares que han sucedido en el pasado a la falta de supervisión del SAT, Secretaría del Trabajo, Infonavit e IMSS.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron suscribir el acuerdo del gobierno federal con los sectores empresarial y obrero para regular la subcontratación, dado que, argumentaron, el convenio preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.
En un comunicado difundido por Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, los organismos se quejaron de que la iniciativa del gobierno federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales.
Luego de que el gobierno presentara una iniciativa para regular la subcontratación u outsourcing el pasado 12 de noviembre, funcionarios federales iniciaron reuniones para discutir aspectos de la propuesta con representantes empresariales, que desembocaron en un acuerdo dado a conocer en la mañanera de este miércoles, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la asistencia de Carlos Salazar, presidente del el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo que aglutina a cámaras y asociaciones sectoriales.
El acuerdo, leído por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, establece que las empresas iniciarán de inmediato la regularización de sus plantillas laborales en el marco de la iniciativa del gobierno, que prohíbe la subcontratación excepto cuando se trate de servicios especializados, que la definición del esquema de reparto de utilidades requerirá de una consulta, se pedirá al Congreso posponer para febrero la discusión de la iniciativa por no más de 30 días y hacer un llamado a las empresas a cesar prácticas irregulares en detrimento de los trabajadores, como los despidos masivos en diciembre, so pena de enfrentar procesos administrativos o penales.
El convenio alcanzado es para resolver el problema del abuso de la subcontratación ilegal y contar con condiciones favorables para la creación de empleos, indicó horas después en su cuenta de Twitter Arturo Herrera, secretario de Hacienda y uno de los firmantes.
Canacintra, CNA y Coparmex señalaron que también rechazan que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y responsabilizaron por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada y fiscalización de las autoridades, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Secretaría del Trabajo, Infonavit e IMSS.
Pese a que forman parte del CCE, signatario del acuerdo, los organismos patronales calificaron como absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos fueron cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.
“Queremos dejar en claro que estamos a favor de las practicas legales que favorecen la creación de empleo y promueven a inversionistas con dimensión social”.
Se dijeron dispuestos a mantener el diálogo con el gobierno federal y, en su momento, con cada una de las cámaras del Congreso para lograr una ley que priorice su posición en esta materia, resumida en la frase “regulación sí, prohibición no”.
Pero condicionaron que dicho diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.
Y sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de las empresas, de forma que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos.
