Quebranto Financiero ISSEMyM «Segunda Parte»

Bettina Falcón Valerdi

SEGUNDA PARTE

Hace muchos años se decía que “las leyes existen para que no nos matarnos los unos contra los otros”, pero esta premisa no aplica al quebranto financiero que presenta hoy en día el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (ISSEMyM). En este caso se debió decir: “las leyes existen para que no nos trancemos los unos a los otros”

Efectivamente las distintas leyes que han regido a esta institución tenían que proteger –en este caso-, a los derechohabientes, y revisando la legislación correspondiente, en su mayoría contiene mandatos para salvaguardar los recursos que mes con mes durante 68 años, los trabajadores sujetos a estos ordenamientos, han aportado.

Pero en la práctica, esas leyes se quedaron en el papel, tanto la aprobada por la XXXIX Legislatura en 1951, que es raíz y tronco del actual componente pensionario del ISSEMyM, como la del 23 de agosto de 1969 -donde se integró el 3% del componente médico- y las subsecuentes, como veremos en esta lectura.

Prácticamente desde el inicio de la aplicación de la ley de 1950, los ayuntamientos tuvieron dificultades para cumplir con el pago de las cuotas de sus trabajadores, por ello, el 12 de diciembre de 1954 la Legislatura modificó el artículo 14 para mandatar a la Dirección de Pensiones, a realizar un estudio de la situación económica municipal y, determinar si la demarcación estaba en condiciones de cubrir las obligaciones, para entonces, firmar con ese gobierno un convenio previo. No hay evidencia sobre dichos estudios.

Pero hay un artículo de estas leyes que durante estos 68 años se ha cumplido a pie juntillas, el referente a los descuentos. Cuando era únicamente la pensión (1951), la aportación fue de 5%; durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, (1958), la XL Legislatura la elevó a 6%; en 1969 con el gobernador Juan Fernández Albarrán se adicionó el componente salud, por lo cual se le empezó a descontar al trabajador 3% para el seguro de servicio médico y el 6% para las demás prestaciones. Ahí nació el ISSEMyM.

En el gobierno de Alfredo del Mazo González (1983), la XLVIII Legislatura disminuyó el descuento para las demás prestaciones a 5.5% y mantuvo el 3% para el servicio médico; en el gobierno de Emilio Chuayffet Chemor, (1994) la LII Legislatura aprobó una nueva Ley del ISSEMyM, donde las cuotas propuestas en el sexenio de del Mazo se mantuvieron.

Finalmente desde la controvertida Ley de 2002 aprobada por la LIV Legislatura durante el gobierno de Arturo Montiel, se le cobra al trabajador, 4.625% del sueldo sujeto a cotización para cubrir el servicio de salud; 7.50% de ese mismo sueldo para cubrir el financiamiento de pensiones dividido entre el fondo solidario de reparto 6.1% y para el sistema de capitalización individual 1.4%. El total es 12.125% de su sueldo.

Y hoy en día las instituciones públicas están obligadas pagar al ISSEMyM el 10% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir las prestaciones de servicios de salud; y 9.27% del sueldo para cubrir el financiamiento de pensiones, donde el 7.42% debería ir para el sistema solidario de reparto y, el 1.85% para el sistema de capitalización individual. Y por si fuera poco, tendrían que aportar extra en los casos de déficit o insuficiencia de reservas.

Aquí una pregunta. ¿Cómo podrían hacer aportaciones extras las instituciones públicas, si ni siquiera pueden pagar sus cuotas ordinarias?

De aquí en adelante, la fiscalización de las finanzas en la legislación y en la realidad, corren por cuerdas opuestas. En la ley de 1951 la Dirección de Pensiones tenía que publicar mensualmente el estado de sus operaciones y cada año sus estados financieros, mismos que serían supervisados por la Contaduría General de Glosa y por la Dirección General de Hacienda del estado.

En la segunda ley, (1969), el Instituto tenía que realizar un estado contable los primeros cinco días de cada mes, y publicarlo en la Gaceta de Gobierno; además facultaba a las entidades públicas y sindicatos para que por medio de un contador, auditara las operaciones administrativas, contables y financieras.

El Consejo Directivo tenía que administrar el patrimonio, autorizar sus inversiones y revisar los estados contables mensuales y los balances anuales del patrimonio para autorizarlos y ordenar su publicación en la misma Gaceta y, el director debía presentar a la consideración de este consejo los balances y los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos anuales; los estados de contabilidad mensuales y corte de caja del patrimonio.

 La nueva ley de 1994 también facultaba al Consejo Directivo a todas las atribuciones arriba mencionadas, así como vigilar el comportamiento de las reservas financieras y actuariales. Asimismo el director tenía las mismas obligaciones de la ley anterior pero debía presentarlas al Consejo con la frecuencia que éste determinara.

El artículo 25 de esta ley fue surrealista, pues mandataba al Instituto a elaborar mensualmente los estados financieros y contables de sus operaciones y a verificar anualmente el balance correspondiente mediante una auditoría practicada por un despacho externo debidamente autorizado.

 Además la institución debería construir prioritariamente, reservas actuariales y en segundo término, las financieras a fin de garantizar la suficiencia y capacidad económica para cumplir con sus obligaciones, y si había remanentes se tenían que integrar a las reservas actuariales.

Y prohibía disponer o afectar las reservas actuariales para efectos distintos a los de su objetivo, que era respaldar el otorgamiento de las pensiones, y señalaba que los productos generados por estas reservas, se podían utilizar exclusivamente para el pago de las pensiones.

En el 2002, las medidas de control del patrimonio financiero y actuarial están incrementadas, pues a las anteriores obligaciones se le añadió recopilar y clasificar la información necesaria para formular tablas de mortalidad y morbilidad y, las estadísticas para encausar y mantener el equilibrio financiero de los recursos para cumplir eficientemente con el otorgamiento de prestaciones.

También se mandató al instituto a ejercer las acciones, denuncias o querellas y realizar los actos y gestiones que convengan a sus intereses, en contra de quien indebidamente aproveche o haga uso de los derechos o beneficios establecidos por esta ley y de quien realice actos tendientes a causar daños y perjuicios a su patrimonio

Aunado a esto la institución tiene como atribución “informar a la Secretaría de Finanzas de manera trimestral, del retraso en la recepción de las cuotas y aportaciones al régimen de seguridad social, por parte de las instituciones públicas.

Esta ley que es la vigente, tiene integrado en su consejo directivo a un “comisario” de la Secretaría de la Contraloría facultado para practicar auditorías permanentes a las reservas financieras, y debe mantener informado al Consejo de los resultados.

Y también, como en la ley anterior, dice que el déficit o la insuficiencia de reservas, se cubrirán mediante aportaciones extraordinarias a cargo de las instituciones públicas y mantiene el mandato de la auditoría externa para aplicarse al balance financiero.

En la realidad no hay publicación ni de los estados financieros; ni de los estados contables; no existe evidencia de auditorías mensuales, anuales; realizadas por los sindicatos o en su caso, por la Secretaría de la Contraloría durante los 17 años que ha mantenido a un comisario en el Consejo Directivo.

Nadie está denunciado por afectar los fondos y mucho menos las instituciones públicas han evitado el quebranto aportando ya no digamos, recursos extraordinarios sino al menos sus obligaciones mensuales. Y se desconoce si el Instituto le reportó a la Secretaría de Finanzas los retrasos que hoy se reportan en la Cuenta Pública 2017.

En la Ley de 1983 los derechohabientes tenían su recurso de reconsideración, en el Título sexto, Artículo 143 que decía: “Los sujetos de esta ley que consideren afectados sus intereses por las resoluciones que dicte el Consejo Directivo del Instituto o cualquier otra autoridad y órgano decisorio del mismo, podrán solicitar su reconsideración a través de la interposición del recurso administrativo que se establece en este capítulo”

Y los artículos subsecuentes 144; 145 y, 146 describían los pasos legales a seguir primero al interior del Consejo Directivo y si el derechohabiente no quedaba conforme con el resolutivo, éste se tendría como negado y el recurrente podría hacer valer los medios de defensa procedentes.

Estos artículos, -del 143 al 146- fueron derogados el 7 de febrero de1997 mediante decreto No. 11, entonces gobernaba, César Camacho Quiroz, y abrogó la Ley de Justicia Administrativa, del Estado de México, que pasó a formar parte del Código de Procedimientos Administrativos.

Así se dispuso que los sujetos afectados en sus intereses por autoridades del ISSEMyM, tenían que acogerse a los artículos 289; 290; 291; 292; y, 293 del Capítulo Quinto de la Jurisprudencia; ¿De la jurisprudencia? Sí porque en el tercero transitorio del decreto se derogaron diversos artículos de al menos 20 leyes, entre ellos los mencionados de la del ISSEMyM.

En la ley 2002 del ISSEMyM el texto quedó así: “Los sujetos de esta ley que consideren afectados sus intereses por los actos y resoluciones que dicte el instituto, podrán impugnarlos a través del recurso y en los términos que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México” Y que le entienda quien pueda, sobre todo, quien se pregunte que tiene que ver un recurso de reconsideración con la normatividad de la jurisprudencia.

Para quien dude que el tiempo pone a cada uno en su lugar, está es una prueba de que el tiempo es implacable, porque a la distancia de 68 años, el Ejecutivo incumplió los mandatos en detrimento del patrimonio de los trabajadores; todos estos ordenamientos de vigilancia y estrategia para salvaguardar sus pensiones quedaron en letra muerta.

Los diputados legislaron sin conocer los antecedentes, situación que se puede repetir hoy en día, cuando se afirma que hubo una mala proyección actuarial, argumento que no se refleja en la legislación.

Y el trabajador, queda en total indefensión porque los descuentos se le aplicaron puntualmente y cumpliendo las leyes vigentes, pero hoy, los legisladores le quieren echar tierra a este pozo de irregularidades y así dejar en la impunidad a quienes malversaron sus fondos.

Con un borrón y cuenta nueva quieren aprobar una nueva ley para remitir las pensiones a las Afores, donde se lucra profesionalmente con el recurso de los trabajadores, porque las ganancias que obtienen, no se traduce en mayor rendimiento para el cotizante, pues cuando las bolsas de valores, están a la alza, el que gana es el administrador y cuando están a la baja, el que pierde es el trabajador.

Así las cosas los ciudadanos productivos, los que han mantenido a flote la administración de esta entidad, tendrán que cargar con los errores e incumplimientos de quienes debieron cumplir la ley, para por lo menos tener en claro, hacia donde hay que caminar para no seguir sangrando los bolsillos de quienes sí trabajan. 

 Alguno de los Directores del ISSEMyM podrá contestar ¿qué pasó?
Prof. Santiago Velasco Ruiz julio 1951 – julio 1974
Lic. Raúl Zárate Machuca julio 1974 – julio 1977
Dr. Mario C Olivera Gomeztagle julio 1977 – septiembre 1981
Dr. Gustavo Adolfo Barrera Echeverri marzo 1982 – octubre 1989
Dr. Jorge Hernández García octubre 1989 – septiembre 1993
Lic. Marcela González Salas septiembre 1993 – septiembre 1999
Lic. Enrique Jacob Rocha septiembre 1999 – abril 2000
M. en A.P. Santiago G. Velasco Monroy abril 2000 – noviembre 2003
Lic. Jesús Martín Rojas Sánchez noviembre 2003 – noviembre 2004
Dr. José Francisco Alvear Negrete noviembre 2004 – octubre 2005
Lic. Carolina Monroy del Mazo octubre 2005 – diciembre 2005
M. en A. David Adrián Álvarez Colín diciembre 2005 – marzo 2007
Dr. Osvaldo Antonio Santín Quiroz marzo 2007 – septiembre 2011
Lic. Fernando Maldonado Hernández septiembre de 2011 – febrero de 2012.
M. en A.E. Ricardo Treviño Chapa febrero de 2012 – enero de 2013
Lic. Delfino Reyes Paredes enero de 2013 – junio 2016
Dr. José Luis Téllez Becerra junio de 2016 -septiembre 2017
Lic. Alberto L. Peredo Jiménez septiembre 2017- enero 2019
Dra. Bertha Alicia Casado Medina febrero 2019- actualmente

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