Conoces la realidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México?

Bettina Falcón Valerdi

Cualquiera pensaría que con la promulgación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se terminaría en el Estado de México con la impunidad, pero lo que en realidad sucedió fue que los delitos graves cometidos por los funcionarios públicos estatales, del 1 de julio de 2017 hacia atrás, ya no podrán juzgarse toda vez que para incluirlos en esta nueva ley, tuvieron que ser derogados del Código Penal.

Con la derogación cualquier funcionario del gobierno de Eruviel Ávila Villegas; de los gobiernos municipales y poderes del estado; organismos autónomos y demás entes públicos estatales, no tendrán que responder si es que cometieron algún delito en materia de cohecho; peculado; desvío de recursos públicos; utilización indebida de información; abuso de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual; actuar bajo conflicto de interés; contratación indebida; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés; tráfico de influencias; encubrimiento; desacato y, obstrucción de la Justicia.

De ahí que se considere que el ex gobernador Ávila Villegas protegió a todos sus colaboradores y los protegió bien, pues con sustento en el famoso sistema anticorrupción, derogó todas las leyes del Código Penal para volverlas a aprobar, pero cuando se deroga una ley como son los artículos de dicho código, todos los hechos delictivos que se cometieron tipificados en la ley derogada, quedan sin sanción.

Así, una ley que supuestamente buscaba erradicar la corrupción, acabó siendo “una tapadera de la corrupción” de junio de 2017 hacia el pasado, lo cual no deja claro por qué existe tanto recelo en los órganos de control como lo es, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), para abrir la “caja de pandora” del pasado de la administración pública, si la única consecuencia sería, exponer a los corruptos, sin que se les pueda fincar alguna responsabilidad administrativa y/o penal.

Por eso se dice que el sistema anticorrupción del Estado de México y la “Carabina de Ambrosio” es lo mismo, ya que además de no poder sancionar delitos pasados, este sistema está integrado por servidores públicos, que en este caso son juez y parte, y los pocos representantes de la sociedad que están presentes, pertenecen a grupos afines al gobierno.

Y en consecuencia todas las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2017, por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización en el Decreto número 54, publicado en la Gaceta de Gobierno del 12 de junio pasado que no sean solventadas y que impliquen acciones cometidas antes de julio de 2017, no procederán ni administrativamente, ni penalmente.

Y en consecuencia si las auditorías especiales ordenadas al OSFEM en el mismo decreto para esclarecer los malos manejos que se presumen en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM); la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)  y en el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) sobre el ejercicio 2017 y anteriores, no pasarán de ser un mero informe sobre el estado de sus finanzas y aplicación de presupuestos, porque si se hayan resultados que comprometan el actuar de los funcionarios, no se podrán promover ante las instancias correspondientes para ejercer acciones legales, porque el sustento en ley , ya fue derogado.

Pero no todo es desolación, aún prevalecen actos corruptos que pueden ser sancionados, porque no hay peor corrupción  que no aplicar la norma; que se aplique de forma sesgada, o que se aplique de forma desigual, a unos sí y a otros no, “eso es corrupción”.

Resulta que el 15 de noviembre de 2018, la LX Legislatura reprobó por mayoría de votos, el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y de los Municipios 2017, que el auditor superior Fernando Valente Baz Ferreira entregó después de auditar dicho ejercicio fiscal.

El pleno de la Legislatura así como el contralor legislativo Victorino Barrios Dávalos, tuvieron conocimiento del mal desempeño del Baz Ferreira como servidor público, cuando no aprobaron el informe de la cuenta pública que elaboró, pero no actuaron de acuerdo a la citada Ley  de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Dejaron pasar por alto las presuntas faltas administrativas que originaron el rechazo del informe a la cuenta pública 2017, mismas que sanciona dicha ley para todos los servidores públicos, y no presentaron la denuncia correspondiente ante la Contraloría del Poder Legislativo que está facultada para valorar el caso y de encontrar faltas graves derivadas de las administrativas, proceder ante las instancias correspondientes.

En esa misma sesión el diputado de Morena, Max Agustín Correa expuso en tribuna la posibilidad de remover a Baz Ferreira de su encargo; a partir de ese momento, tanto el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, Tanech Sánchez Ángeles, como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, se han pronunciado reiteradamente en brindarle una garantía de audiencia a Baz Ferreira como inicio del procedimiento de remoción.

Incluso el presidente de la Jucopo informó que “en corto” le ha propuesto a Baz Ferreira que renuncie. Pero aunque los coordinadores parlamentarios, el pleno de la Legislatura y el contralor del Poder Legislativo tuvieron y tienen pleno conocimiento de que todos los problemas sobre el mal manejo del erario público derivan de un mal trabajo hecho por el auditor superior, han pasado a ser encubridores de las presuntas faltas administrativas y penales.

En este punto, también hay una responsabilidad grave por parte de la LX Legislatura, porque han encubierto posibles responsabilidades, ya que sabiendo que hay un delito que es el abuso de autoridad, que implica no hacer lo que la ley te obliga, no lo denunciaron y en su lugar, andan  pidiéndole favores a Baz Ferreira para ver si de buena gana renuncia.

Así que aunque los artículos 7 y fracciones que habla de los derechos y obligaciones de los servidores públicos; el 10 que refiere la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas; el 11 donde se definen las competencias de los órganos internos de control y demás ordenamientos en la materia sigan vigentes, hasta el momento son letra muerta y no se ve para cuando los que crean las leyes empezarán a respetarlas.

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